Por Raúl A. Veras | Vértice Crítico. 

El gobierno de Luis Abinader acaba de cometer uno de los actos de traición más graves contra la soberanía alimentaria y el interés nacional: derogar la protección a nuestros productores de arroz para complacer una orden del imperio norteamericano.

Mediante el infame Decreto 635-26, firmado el 9 de septiembre de 2026, el presidente derogó el Decreto 693-24, del 17 de diciembre de 2024, que era el escudo mínimo que protegía al campo dominicano.

¿Qué decía ese decreto derogado? Establecía un arancel de apenas un 20 % dentro del contingente y de un 99 % fuera de él, y una cuota preferencial de solo 23,300 toneladas métricas con arancel cero para el arroz gringo. Era una medida de supervivencia nacional, aprobada por el propio Consejo Nacional para la Soberanía y Seguridad Alimentaria (CONASSAN), porque el arroz es estratégico para la vida de este país.

El propio gobierno reconoció, en los considerandos del decreto que hoy deroga, que debía preservar la capacidad productiva interna, que la afectación del arroz compromete intereses esenciales del Estado y la estabilidad social en las 21 provincias arroceras del país.

¿Y ahora qué hizo? ¡Lo tiró a la basura!

¿Por qué? Porque se lo pidió Donald Trump.

La Oficina del Representante Comercial de Estados Unidos (USTR) exigió la derogación el 11 de septiembre, alegando que debíamos cumplir con el DR-CAFTA. Y Abinader, sumiso y genuflexo, ya lo había derogado dos días antes.

¡Mientras Donald Trump aprieta, Luis Abinader suelta el arroz!

Esto es inaceptable por una razón simple y demoledora:

NUESTROS PRODUCTORES NO PUEDEN COMPETIR CON EL AGRONEGOCIO GRINGO.

Mientras el productor dominicano suda, se endeuda, paga fertilizantes carísimos, combustibles por las nubes y préstamos usureros, el productor norteamericano llega aquí con toda la protección del mundo:

• Con subsidios federales masivos del Farm Bill por miles de millones de dólares.
• Con seguros agrícolas pagados por el Estado norteamericano.
• Con tecnología de punta financiada por Washington.
• Con precios de dumping para quebrar a los países periféricos.

Poner a competir a un arrocero de La Vega, Nagua, Jima o Dajabón con el complejo agroindustrial de Arkansas y Texas es condenarlo a la quiebra. Es un asesinato económico premeditado.

Hablamos del principal alimento del pueblo dominicano: consumimos 65 kilos por persona al año.

En 2024, nuestra producción de 680,000 toneladas cubrió el 96 % del consumo nacional. ¡Somos autosuficientes! Esa es una conquista del campo dominicano que hoy este gobierno entrega.

Con esta medida criminal, Abinader está:

1. Condenando a la quiebra a más de 30,000 productores arroceros y a 300,000 familias que viven del arroz.

2. Destruyendo el empleo en 21 provincias.

3. Entregando nuestra soberanía alimentaria y dejándonos a merced de lo que decida Washington y del precio internacional.

4. Garantizando que mañana el arroz sea importado, más caro y de peor calidad.

Esto no es libre comercio. Esto es colonialismo comercial. Es el gobierno de los ricos, de los importadores, de los que odian al campesino dominicano.

Un gobierno que piensa en el interés nacional jamás sacrifica a sus productores para quedar bien con el imperio. Solo un gobierno antinacional, arrodillado y lacayo es capaz de esto.

Por eso, desde nuestra trinchera progresista y de izquierda, condenamos y rechazamos con toda nuestra fuerza esta traición.

¡EXIGIMOS LA DEROGACIÓN INMEDIATA DEL DECRETO 635-26 Y LA RESTITUCIÓN DE LA PROTECCIÓN AL ARROZ DOMINICANO!

¡Defender el arroz es defender la patria!

¡Que viva el productor arrocero nacional!

¡Abajo la entrega del campo dominicano!

¡HASTA LA VICTORIA SIEMPRE!