El presidente del Comité Dominicano de los Derechos Humanos cuestionó los “intercambios de disparos”, afirmó que la reforma policial no puede realizarse aislada de una transformación del Estado y acusó al sistema de justicia de no investigar adecuadamente muertes atribuidas a agentes policiales.
Por Luís Rodríguez | Vértice Crítico.
Santo Domingo. El presidente del Comité Dominicano de los Derechos Humanos (CDDH), Virgilio Almánzar, trazó un severo diagnóstico sobre la situación de los derechos humanos y la seguridad ciudadana en República Dominicana, al otorgar una calificación de 5 sobre 10 al Gobierno del presidente Luis Abinader, reclamar la renuncia de la ministra de Interior y Policía, Faride Raful, y cuestionar la efectividad de la reforma de la Policía Nacional.
En una amplia entrevista concedida al pódcast Voz de la Patria, Almánzar centró buena parte de sus críticas en las muertes ocurridas durante actuaciones policiales y reportadas oficialmente como “intercambios de disparos”, una práctica que, a su juicio, entra en conflicto con el debido proceso, el derecho a la vida y las garantías establecidas por el ordenamiento constitucional.
El veterano activista sostuvo que ninguna política de combate a la delincuencia puede convertir la eliminación física de presuntos infractores en sustituto de los tribunales.
“La Constitución dominicana en ningún sitio lo dice ni ninguna ley”, expresó al rechazar que pueda interpretarse el ordenamiento jurídico como una autorización para ejecutar personas señaladas de cometer delitos.
Almánzar recordó que República Dominicana ha suscrito instrumentos internacionales de protección de los derechos humanos, incluidos aquellos que protegen la integridad física y proscriben la tortura y otros tratos crueles, inhumanos o degradantes.
“La reforma policial no puede hacerse al margen de una reforma del Estado”
Uno de los planteamientos centrales de Almánzar fue su cuestionamiento al modelo bajo el cual se intenta transformar la Policía Nacional.
Afirmó que una verdadera reforma policial requiere revisar estructuras institucionales más amplias y modificar la relación existente entre la Policía, el Ministerio Público, las comunidades y los demás poderes del Estado.
“Una reforma policial no se puede hacer al margen de una reforma del Estado”, sentenció.
Almánzar entiende que la transformación de la institución no debe quedar exclusivamente en manos de técnicos, autoridades gubernamentales o de la propia Policía. Propuso incorporar a juntas de vecinos, universidades, iglesias, organizaciones comunitarias, ambientalistas y otros sectores sociales al debate sobre el modelo policial que necesita República Dominicana.
A su juicio, son precisamente las comunidades las que conocen directamente el comportamiento cotidiano de los agentes, sus fortalezas y sus desviaciones.
También cuestionó la utilización de especialistas extranjeros como protagonistas de la reforma, argumentando que las características sociales e institucionales dominicanas requieren un conocimiento profundo de la realidad nacional.
Almánzar: Faride Raful “debería renunciar”
El dirigente de derechos humanos fue particularmente crítico al evaluar la gestión de la ministra de Interior y Policía, Faride Raful.
Aunque manifestó respeto por sus condiciones personales y profesionales, sostuvo que los resultados obtenidos en materia de seguridad no corresponden con las expectativas depositadas en su gestión.
“Yo le tengo una alta consideración a ella (…) pero debería renunciar, porque fracasó”, declaró.
Almánzar insistió en separar su valoración personal de la evaluación política de la funcionaria. Afirmó que reconoce en Raful “condiciones humanas y profesionales”, pero considera negativos los resultados de la política bajo su responsabilidad.
Su cuestionamiento abarcó las muertes violentas, desapariciones y otros fenómenos vinculados a la seguridad ciudadana, aunque varias de las cifras mencionadas durante la conversación fueron presentadas como apreciaciones o referencias del entrevistado y requerirían comprobación estadística independiente.
Un 5 de 10 para el Gobierno
Preguntado directamente qué puntuación otorgaría al Gobierno de Luis Abinader, en una escala del uno al diez, por su desempeño en materia de derechos humanos, Almánzar respondió inicialmente que el Gobierno “está muy mal” y que esperaba mejores resultados.
Tras ser requerido para precisar una cifra, finalmente otorgó cinco puntos.
Para el presidente del CDDH, ese 50 % resulta especialmente insuficiente para una administración que se presenta con credenciales democráticas y que generó importantes expectativas entre sectores de la población.
Su evaluación no se limitó a la Policía Nacional. Incluyó problemas relacionados con criminalidad, narcotráfico, funcionamiento institucional y capacidad de respuesta del Estado.
Cuestiona al Ministerio Público
Almánzar amplió sus críticas hacia el sistema de justicia al sostener que determinadas muertes ocurridas durante actuaciones policiales deberían provocar investigaciones independientes del Ministerio Público.
Planteó que el debido proceso pierde sentido cuando una persona señalada de cometer un delito no llega ante un juez porque muere previamente en una actuación policial.
Para el dirigente, existe una contradicción institucional cuando el propio Estado dispone de fiscales, jueces, tribunales y mecanismos procesales para perseguir y sancionar la delincuencia, pero determinadas actuaciones terminan con la muerte del sospechoso.
“Yo no quiero que se elimine”, dijo al explicar que la respuesta del Estado debe ser procesar judicialmente a quien infrinja la ley.
Almánzar citó varios episodios que, según afirmó, permanecen sin investigaciones suficientemente esclarecedoras. En algunos casos habló de videos que, en su opinión, deberían constituir elementos para abrir investigaciones.
Denuncia una política de reacción y no de prevención
A lo largo de la entrevista con Juan Santana, Almánzar insistió en que el problema de la delincuencia no puede abordarse únicamente desde la coerción.
Considera que el Estado está reaccionando frente al delito una vez producido, pero no interviniendo suficientemente sobre las condiciones que pueden favorecer su reproducción, como son exclusión social, abandono escolar, debilidad familiar, falta de oportunidades y ausencia de políticas públicas eficaces dirigidas a jóvenes vulnerables.
“Si hay caldo de cultivo para producir delincuentes, van a seguir produciéndose si no se cambian las políticas”, advirtió.
Desde esa perspectiva, cuestionó los resultados de las instituciones y programas vinculados con juventud, familia, prevención de drogas, pandillas y seguridad ciudadana.
Su tesis es que la seguridad no puede reducirse a patrullaje, persecución y enfrentamiento armado: requiere educación, prevención y oportunidades.
“A la Policía le tiran todo”
Pese a sus fuertes cuestionamientos contra las actuaciones policiales, Almánzar introdujo un elemento que matiza su análisis: considera que la institución también carga con problemas que corresponden a otras áreas del Estado.
“A la Policía le tiran todo”, afirmó.
Explicó que los agentes terminan interviniendo en conflictos comunitarios, reclamos por servicios públicos y numerosas situaciones que deberían recibir respuesta de otras instituciones.
En ese contexto, cuestionó igualmente el funcionamiento de fiscales y jueces y sostuvo que las debilidades generales del sistema terminan colocando a la Policía en el centro de problemas cuya solución no depende exclusivamente de ella.
Almánzar rechazó, por tanto, reducir toda la crisis institucional al agente policial, su diagnóstico apunta a un problema estructural del Estado y del sistema de justicia.
Rechaza pronunciarse sobre denuncia de RD$50 millones
Durante la conversación también fue interrogado sobre declaraciones atribuidas al abogado Tomás Castro, relacionadas con las circunstancias en que fue sustituido un anterior director de la Policía Nacional y una supuesta oferta de RD$50 millones.
Almánzar evitó validar esa versión.
“Yo no tengo esa información y no puedo aseverar una cosa o la otra”, respondió.
Dijo conocer y respetar a Castro, a quien atribuyó acceso a numerosas informaciones, pero dejó claro que personalmente no dispone de elementos que le permitan confirmar la denuncia.
Sobre el antiguo titular policial, se limitó a expresar una valoración favorable de su comportamiento y recordó la frase pronunciada al momento de su salida: “Hagan lo correcto, aunque les cueste el cargo”.
De los “intercambios” al Estado de derecho
La entrevista termina configurando una tesis más amplia que una simple crítica a la Policía.
Almánzar sostiene que detrás de las muertes cuestionadas existe una discusión sobre la calidad misma del Estado de derecho, si una persona es acusada de delinquir, corresponde detenerla, investigarla, presentarla ante el Ministerio Público y permitir que los tribunales determinen su responsabilidad.
Desde esa óptica, cualquier muerte fuera de las circunstancias legalmente justificables debe ser investigada.
La posición adquiere particular relevancia frente a las cifras y casos planteados durante la entrevista sobre personas muertas en actuaciones policiales, especialmente jóvenes procedentes de sectores populares.
Almánzar incluso vinculó determinados episodios con lo que denomina una concepción de “limpieza social”, una acusación especialmente grave que corresponde exclusivamente a la valoración del dirigente y que requeriría investigaciones independientes para su comprobación.
“Si no conoces tus derechos, no puedes reclamar”
Al explicar la filosofía del Comité Dominicano de los Derechos Humanos, fundado el 30 de agosto de 1982, Almánzar señaló que la educación constituye una de las principales herramientas para proteger a la ciudadanía.
“Si tú no conoces tus derechos, tú no puedes reclamar”.
Indicó que el organismo procura acompañar a comunidades y movimientos sociales sin sustituirlos, transmitiendo su experiencia y aprendiendo al mismo tiempo de las luchas desarrolladas por la población.
Según explicó, el Comité mantiene presencia en distintos puntos del país y trabaja esencialmente mediante la autogestión de sus integrantes.
De Anacaona a Montesinos: una mirada histórica
En la parte final de la entrevista, y a propósito de octubre y la llegada europea al continente, Almánzar trasladó la discusión sobre derechos humanos a los primeros años de la colonización de la isla.
Recordó las matanzas contra la población indígena, mencionó el caso de Anacaona y reivindicó las primeras expresiones de resistencia encabezadas por los pueblos originarios.
Destacó particularmente la figura del cacique Enriquillo y el acuerdo alcanzado con la Corona española tras años de resistencia.
Pero reservó especial importancia para el Sermón de Adviento de fray Antonio de Montesinos, pronunciado en La Española en 1511, considerado uno de los primeros grandes cuestionamientos públicos al régimen de explotación y violencia impuesto contra los indígenas.
Para Almánzar, aquel pronunciamiento constituye un antecedente fundamental de la defensa de la dignidad humana en América, porque denunció ante las autoridades coloniales y, por extensión, ante Europa, los crímenes cometidos contra la población originaria.
Una advertencia que trasciende a la Policía
La entrevista deja planteada una cuestión de mayor alcance, el debate sobre seguridad ciudadana no puede reducirse a escoger entre combatir la delincuencia o defender los derechos humanos.
En un Estado de derecho, ambas obligaciones deben coexistir.
El Estado tiene la responsabilidad de perseguir el crimen y proteger a la población, pero esa autoridad está sometida a límites constitucionales. Precisamente allí se encuentra el núcleo de la advertencia formulada por Virgilio Almánzar.
Su diagnóstico es severo, la reforma policial, por sí sola, resultará insuficiente mientras persistan las debilidades del sistema de justicia, la falta de prevención, la exclusión de jóvenes y la incapacidad institucional para investigar con independencia las actuaciones de los propios organismos estatales.
Y su evaluación política tampoco deja espacio para ambigüedades, cinco de diez para el Gobierno en derechos humanos y una petición expresa de renuncia para la ministra de Interior y Policía.
Una valoración que coloca las declaraciones de Almánzar en el centro de un debate que República Dominicana todavía tiene pendiente, "cómo enfrentar con firmeza la criminalidad sin convertir la seguridad en una excepción permanente al Estado de derecho".
