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Una investigación de la UASD y la Fundación Juan Bosch revela que el 39.7 % de la población permanece en pobreza laboral, mientras la productividad crece a un ritmo muy superior al de los ingresos. Detrás de los indicadores de expansión económica emerge una contradicción estructural: trabajar no siempre permite cubrir las necesidades fundamentales de una familia.

Por José Espinal Marcelo y Luis Rodríguez | De la Redacción de Vértice Crítico

Santo Domingo. La República Dominicana enfrenta una contradicción que cuestiona uno de los fundamentos de su modelo de desarrollo, la economía aumenta su capacidad de producir riqueza, pero una parte considerable de la población continúa sin obtener del trabajo los ingresos necesarios para sostener una vida digna.

Uno de los problemas es el desempleo, pero también se extiende a quienes tienen una ocupación, cumplen jornadas laborales y participan diariamente en la generación de bienes y servicios, pero cuyos ingresos resultan insuficientes para satisfacer las necesidades básicas.

Una investigación publicada en septiembre de 2026 por la Facultad de Ciencias Económicas y Sociales de la Universidad Autónoma de Santo Domingo (UASD), su Instituto de Investigación Socioeconómica (INISE) y la Fundación Juan Bosch coloca esta realidad en el centro del debate económico nacional.

El estudio, titulado Cuando trabajar no basta: productividad creciente, salarios insuficientes y pobreza laboral en República Dominicana, fue elaborado por Francisco Alberto Tavárez Vásquez y Matías Bosch Carcuro. Sus resultados, construidos principalmente a partir de estadísticas del Banco Central y la Oficina Nacional de Estadística, describen un mercado laboral en el que la expansión productiva no se traduce proporcionalmente en remuneraciones suficientes.

El hallazgo más significativo no es que los ingresos laborales hayan permanecido completamente estancados. De hecho, han aumentado. Lo que demuestra la investigación es que ese avance ha sido considerablemente inferior al crecimiento de la productividad, lo que abre interrogantes sobre la distribución de los beneficios del crecimiento económico.

La discusión, por tanto, trasciende el monto de los salarios. Alcanza la estructura productiva, las relaciones laborales, el costo de vida y la capacidad de las políticas públicas para convertir el crecimiento económico en bienestar social.

1. La riqueza crece más rápido que los salarios: ¿quién recibe los beneficios?

La distancia entre productividad y remuneración constituye uno de los elementos centrales del estudio.

Entre 2018 y 2025, la productividad laboral dominicana registró un crecimiento acumulado del 33.8 %, frente a un aumento de apenas 12.8 % de los ingresos laborales reales por hora.

La diferencia alcanza 21 puntos porcentuales de crecimiento acumulado. En términos relativos, la productividad avanzó aproximadamente 2.6 veces más rápido que los ingresos laborales.

La divergencia plantea una pregunta de distribución económica: si cada hora de trabajo genera más producción, ¿por qué la remuneración de quienes participan en ese proceso no crece en proporciones semejantes?

Una explicación posible se encuentra en la distribución del valor agregado entre remuneraciones, excedentes empresariales e ingresos mixtos. Sin embargo, el diferencial entre productividad e ingresos no permite establecer por sí solo cuánto de la riqueza adicional fue apropiado por cada sector.

Para determinarlo con precisión sería necesario examinar la participación de las remuneraciones en el producto interno bruto, los excedentes de explotación, la evolución de los beneficios empresariales y las diferencias de productividad entre actividades económicas.

La investigación ofrece, no obstante, un indicio relevante: durante el período de recuperación posterior a la pandemia, el aumento de la capacidad productiva coexistió con un deterioro de los ingresos laborales reales por hora.

Entre 2020 y 2022, el índice de productividad pasó de 101.4 a 119.1 puntos, mientras el índice de ingresos reales por hora descendió de 88.9 a 86.7.

Esto significa que la recuperación productiva no se transmitió automáticamente al poder adquisitivo de los trabajadores.

La persistencia de la informalidad, las diferencias entre sectores productivos y las limitaciones de negociación salarial aparecen entre los factores señalados por los investigadores.

El problema, desde esta perspectiva, no consiste exclusivamente en cuánto crece la economía, sino en los mecanismos mediante los cuales se distribuyen los resultados de ese crecimiento.

2. La cifra que esconde el promedio: la mitad de los trabajadores gana RD$24,169 o menos

Los indicadores salariales pueden ofrecer interpretaciones diferentes según la medida estadística utilizada.

En 2025, el ingreso laboral promedio nominal mensual fue de RD$31,332. Pero la mediana —el valor que divide a los trabajadores en dos mitades según sus ingresos—, se situó en RD$24,169.

La diferencia de RD$7,163 muestra por qué observar únicamente el promedio puede resultar insuficiente para comprender las condiciones de la población ocupada.

Mientras los ingresos más elevados influyen sobre el promedio, la mediana permite identificar cuánto recibe como máximo la mitad de los trabajadores.

La situación resulta particularmente significativa en el empleo formal, considerado habitualmente una vía hacia mejores condiciones económicas.

El ingreso promedio formal fue de RD$38,891 mensuales, pero la mitad de quienes trabajaban en ese segmento percibía RD$30,000 o menos.

En el empleo informal, la mediana descendió hasta RD$19,252.

La diferencia confirma que la formalidad ofrece, en términos agregados, mejores remuneraciones. Pero también demuestra que disponer de un empleo formal no equivale necesariamente a tener ingresos suficientes para sostener un hogar.

Es importante distinguir, además, entre ingreso laboral y salario mínimo legal. La investigación analiza ingresos de la población ocupada, incluyendo distintas modalidades de trabajo, por lo que sus medianas no deben interpretarse como salarios mínimos establecidos por ley.

3. El costo de vivir supera lo que gana buena parte de la población

Una de las comparaciones más reveladoras del informe enfrenta los ingresos laborales con el costo de la canasta familiar.

En 2025, la canasta familiar nacional de referencia alcanzó RD$47,208.10 mensuales, mientras el ingreso laboral promedio individual fue de RD$31,332.

El ingreso individual promedio representaba apenas dos tercios del costo de la canasta nacional.

Esta comparación exige una precisión metodológica: la canasta familiar corresponde al consumo de un hogar de referencia, mientras el ingreso laboral utilizado es individual. Por tanto, la diferencia no constituye automáticamente el déficit de cada familia, ya que algunos hogares cuentan con dos o más perceptores de ingresos.

Aun con esa salvedad, la comparación ilustra la dificultad que enfrentan los hogares dependientes de un único ingreso laboral.

La insuficiencia puede traducirse en dependencia de otros miembros de la familia, búsqueda de actividades adicionales, endeudamiento o reducción del consumo. Estas son consecuencias económicamente plausibles, aunque el estudio no cuantifica directamente cuántos hogares recurren a cada mecanismo.

La investigación tampoco permite concluir que todos los trabajadores con ingresos inferiores a la canasta familiar sean pobres. Para establecer esa condición deben considerarse los ingresos totales del hogar, su composición y la metodología de medición de pobreza correspondiente.

4. Cuatro de cada diez habitantes en pobreza laboral: el alcance real del indicador

El 39.7 % de pobreza laboral constituye uno de los hallazgos más importantes de la investigación, pero también uno de los que exige mayor precisión periodística.

No significa que el 39.7 % de todos los trabajadores ocupados sea pobre, ni que esa sea la tasa oficial de pobreza monetaria del país.

La cifra corresponde a la proporción de la población cuyos hogares quedan por debajo de los umbrales de pobreza cuando se consideran los ingresos procedentes de la ocupación principal de sus integrantes.

Es, por tanto, un indicador específico de la capacidad del trabajo principal para sostener económicamente a los hogares.

La investigación muestra, además, que la pobreza laboral se redujo considerablemente durante el período estudiado: pasó del 57.1 % en 2016 al 39.7 % en 2025.

Se trata de una disminución de 17.4 puntos porcentuales que debe reconocerse para ofrecer una interpretación equilibrada.

Pero el descenso no elimina la magnitud del problema. Al cierre de 2025, el estudio identificó un 27.6 % de población en pobreza laboral moderada y un 12.1 % en pobreza laboral extrema.

En consecuencia, el país presenta simultáneamente avances en la reducción de este indicador y una persistente insuficiencia de los ingresos derivados del trabajo.

La contradicción no reside en negar el progreso alcanzado, sino en reconocer que ese progreso todavía deja a una proporción elevada de la población sin capacidad de cubrir las necesidades básicas únicamente mediante los ingresos de su ocupación principal.

5. La desigualdad tiene rostro de mujer: más formación, menos ingresos

La investigación identifica una dimensión especialmente preocupante de la estructura laboral dominicana, las mujeres presentan desventajas persistentes en ingresos, acceso al empleo y exposición a la pobreza laboral.

En 2025, el ingreso laboral promedio nominal de los hombres alcanzó RD$33,958 mensuales, frente a RD$27,703 entre las mujeres.

La diferencia fue de RD$6,255 mensuales.

Pero el contraste resulta más profundo cuando se examina la pobreza laboral.

La pobreza laboral femenina alcanzó el 43 %, frente al 36.4 % entre los hombres. La brecha fue de 6.6 puntos porcentuales.

Los datos adquieren mayor relevancia al considerar que las mujeres ocupadas presentan, en conjunto, niveles educativos superiores a los hombres. Según las referencias utilizadas por el informe, a finales de 2024 representaban el 58.6 % de las personas ocupadas con estudios universitarios.

La mayor formación académica, por tanto, no se convierte necesariamente en mejores remuneraciones.

Entre los factores que requieren atención se encuentran la segregación ocupacional, las dificultades de acceso a puestos mejor remunerados, la distribución desigual del trabajo doméstico y de cuidados, y las barreras para progresar profesionalmente.

Conviene precisar que la diferencia agregada entre ingresos masculinos y femeninos no demuestra, por sí sola, discriminación salarial directa por igual trabajo. Para determinar ese componente sería necesario controlar variables como ocupación, horas trabajadas, experiencia, antigüedad y responsabilidades laborales.

Lo que sí establece la investigación es una desigualdad persistente en los resultados económicos de la inserción laboral femenina.

6. La geografía de la precariedad: regiones productivas con elevados niveles de pobreza

La desigualdad laboral tampoco se distribuye uniformemente por el territorio dominicano.

La investigación identifica contrastes significativos entre regiones, incluso en aquellas que concentran actividades económicas estratégicas.

En El Valle, la pobreza laboral alcanzó el 54.2 %. En Higuamo fue del 53 % y en Enriquillo del 49.7 %.

Los resultados evidencian que aproximadamente la mitad de la población de esas regiones no lograba superar el umbral de pobreza mediante los ingresos provenientes de la ocupación principal del hogar.

Pero la precariedad no se concentra exclusivamente en territorios históricamente rezagados.

La región Ozama, que comprende el Distrito Nacional y la provincia Santo Domingo, registró una incidencia del 41.1 %, pese a concentrar una parte sustancial de la actividad económica nacional.

Yuma, vinculada al principal polo turístico dominicano, presentó un 35.9 %.

En Cibao Norte, donde se encuentra Santiago, la tasa alcanzó el 31.6 %.

Estas diferencias revelan que la presencia de inversión, infraestructura y actividad empresarial no garantiza automáticamente remuneraciones capaces de superar la pobreza laboral.

En particular, el resultado de Ozama cuestiona la idea de que la concentración territorial de riqueza resuelve por sí misma las necesidades económicas de la población.

En el caso de Yuma, la investigación plantea un interrogante sobre la capacidad del dinamismo turístico para producir bienestar laboral ampliamente distribuido. No obstante, sus cifras regionales no permiten atribuir toda la pobreza laboral observada a las empresas turísticas.

El problema exige investigaciones adicionales sobre la estructura salarial por actividad, las condiciones de contratación, la participación de proveedores locales y los encadenamientos productivos.

7. El modelo económico bajo examen: crecimiento sin suficiente redistribución

El conjunto de resultados conduce a una cuestión central, ¿qué mecanismos impiden que el crecimiento económico se convierta en bienestar proporcional para quienes trabajan?

La evidencia presentada permite identificar varias dimensiones.

La primera es la desconexión entre productividad y remuneraciones. Cuando la capacidad productiva aumenta considerablemente más rápido que los ingresos laborales, surge una presión distributiva que merece ser examinada.

La segunda es la segmentación del mercado de trabajo. La distancia entre ingresos formales e informales revela oportunidades desiguales de acceso a protección, estabilidad y mejores remuneraciones.

La tercera corresponde a las brechas territoriales y de género, que condicionan las posibilidades de convertir el esfuerzo laboral y la formación académica en seguridad económica.

La cuarta se relaciona con las instituciones encargadas de regular las relaciones laborales y facilitar la negociación entre trabajadores y empleadores.

Desde una perspectiva de economía política, estos elementos permiten formular una hipótesis: el modelo dominicano ha demostrado una importante capacidad para generar crecimiento, pero presenta limitaciones estructurales para distribuir sus beneficios mediante el ingreso laboral.

Esta hipótesis resulta consistente con el diagnóstico del estudio, aunque no equivale a demostrar que todos los sectores empresariales se benefician de la misma manera ni que exista una causa única de la insuficiencia salarial.

También deben considerarse la heterogeneidad de las empresas, la capacidad financiera de las micro y pequeñas unidades productivas, los costos de formalización y las diferencias de productividad entre sectores.

Una política distributiva sostenible necesita atender simultáneamente la suficiencia de los ingresos y la capacidad productiva que permite financiarlos.

8. El Estado frente al desafío: salarios, incentivos y derechos laborales

La investigación no se limita a describir el problema. También propone modificar determinados mecanismos de política económica y laboral.

Entre sus recomendaciones se encuentran vincular las revisiones salariales con la productividad, promover una estrategia nacional de empleos dignos, fortalecer la negociación colectiva y revisar el régimen de incentivos fiscales.

Esta última propuesta introduce una discusión de especial importancia para las finanzas públicas.

Los incentivos y exenciones constituyen instrumentos mediante los cuales el Estado procura estimular inversiones y actividades productivas. Sin embargo, su justificación económica requiere evaluar no solamente los beneficios empresariales o la generación de empleo, sino también la calidad y remuneración de esos puestos de trabajo.

El estudio recomienda condicionar los incentivos a resultados verificables relacionados con formalización, salarios, innovación y desarrollo de proveedores nacionales.

La propuesta abre una pregunta para el Gobierno: ¿qué proporción de los beneficios fiscales concedidos a determinadas actividades se traduce efectivamente en empleos mejor remunerados?

El documento consultado no presenta una auditoría individual de las exenciones ni establece responsabilidades específicas de empresas beneficiarias. Esa comprobación requeriría analizar expedientes fiscales, datos sectoriales y evaluaciones oficiales de resultados.

Otra recomendación relevante consiste en fortalecer la negociación colectiva, incluida la posibilidad de avanzar hacia mecanismos de negociación por ramas de actividad.

Este planteamiento sitúa las relaciones laborales dentro de la discusión sobre desarrollo económico y no únicamente como un asunto de conflictos entre empleadores y trabajadores.

9. La dimensión constitucional: el trabajo como derecho y no solamente como fuente de producción

El debate adquiere también una dimensión jurídica.

El artículo 62 de la Constitución dominicana reconoce el derecho al trabajo y establece la protección estatal de condiciones vinculadas con la dignidad humana.

Desde esa perspectiva, la calidad del empleo no puede evaluarse exclusivamente por la cantidad de personas ocupadas. También deben examinarse las condiciones de remuneración, seguridad, igualdad y protección de derechos.

El artículo 7, que define a la República Dominicana como un Estado social y democrático de derecho, proporciona además un marco para analizar la responsabilidad pública frente a las desigualdades económicas.

Esto no significa que toda diferencia entre ingreso individual y canasta familiar constituya automáticamente una violación constitucional atribuible a un empleador o al Estado.

La determinación de incumplimientos jurídicos requiere examinar las obligaciones aplicables, las normas laborales, las condiciones contractuales y las circunstancias concretas.

Pero los resultados del estudio sí ofrecen elementos para discutir la eficacia material de las políticas destinadas a garantizar trabajo digno.

La cuestión constitucional de fondo es si el crecimiento económico está acompañado de condiciones institucionales que permitan convertir el empleo en un medio efectivo de bienestar y realización de derechos.

El desafío de transformar la riqueza en bienestar

La República Dominicana no enfrenta únicamente el desafío de crear más puestos de trabajo. Los resultados examinados plantean una cuestión más profunda, conseguir que la actividad laboral permita superar condiciones de precariedad económica.

Los datos reconocen avances. Entre 2016 y 2025 aumentaron los ingresos laborales reales y disminuyó significativamente la pobreza laboral.

Pero también revelan que el crecimiento productivo ha avanzado mucho más rápido que las remuneraciones, que persisten importantes brechas entre hombres y mujeres y que la insuficiencia del ingreso laboral afecta tanto a territorios rezagados como a regiones de elevada actividad económica.

La consecuencia es una contradicción que compromete la calidad del desarrollo nacional, el trabajo contribuye a producir una economía más grande, pero sus frutos no alcanzan de manera suficiente a una parte considerable de la población.

La investigación de la UASD y la Fundación Juan Bosch desplaza así el centro de la discusión económica.

El interrogante ya no consiste solamente en cuánto crece el producto interno bruto, cuántas inversiones llegan al país o cuántos empleos se generan.

La pregunta decisiva es cuánto de esa riqueza se transforma en ingresos suficientes, protección social y oportunidades reales para quienes la producen.

Porque una economía puede exhibir crecimiento, estabilidad y productividad, y aun así mantener una deuda fundamental con su población trabajadora, que el esfuerzo de trabajar alcance para vivir con dignidad.

Cuando trabajar no basta: productividad creciente, salarios insuficientes y pobreza laboral en República Dominicana (PDF). Autores de la investigación: Francisco A. Tavárez Vásquez y Matías Bosch Carcuro. UASD–INISE–Fundación Juan Bosch, septiembre de 2026.