La protesta afecta gran parte de los servicios judiciales del país; abogados anuncian respaldo frente a la Suprema Corte de Justicia
Ppr José Espinal Marcelo | Vértice crítico.
Santo Domingo. Una amplia paralización de labores en los tribunales del país marca este jueves una de las jornadas de mayor tensión dentro del sistema judicial dominicano, luego de que centenares de jueces decidieran suspender sus funciones en demanda de mejores condiciones de trabajo, reajustes salariales y fortalecimiento del personal administrativo.
La medida fue asumida por magistrados de distintas jurisdicciones, quienes consideran insuficientes las respuestas ofrecidas por el Consejo del Poder Judicial ante una serie de reclamos que, según sostienen, se han acumulado durante años sin soluciones concretas.
La suspensión de servicios impacta la mayoría de los tribunales ordinarios del país, aunque se mantendrán operando los juzgados de atención permanente para garantizar el conocimiento de casos urgentes relacionados con personas detenidas y el cumplimiento de los plazos constitucionales.
La protesta cuenta con el respaldo de diversas organizaciones de jueces y servidores judiciales, las cuales argumentan que la sobrecarga laboral, la falta de recursos humanos y las limitaciones presupuestarias han deteriorado las condiciones de funcionamiento del sistema de justicia.
Entre las principales exigencias figuran la indexación salarial, el nombramiento de más empleados judiciales, mejores condiciones operativas en los tribunales y garantías institucionales que permitan un ejercicio más eficiente e independiente de la judicatura.
En paralelo al paro, el Colegio de Abogados de la República Dominicana anunció una movilización frente a la Suprema Corte de Justicia en apoyo a las demandas del sector judicial. La entidad afirmó que la crisis interna del sistema requiere respuestas inmediatas para evitar un mayor deterioro en el acceso ciudadano a la justicia.
La jornada de protesta genera preocupación entre usuarios del sistema judicial, abogados litigantes y sectores empresariales, debido a los retrasos procesales y a la suspensión de audiencias en distintas provincias del país.
El conflicto evidencia las tensiones existentes dentro del Poder Judicial en medio de crecientes cuestionamientos sobre las condiciones estructurales y administrativas en que operan los tribunales dominicanos.
