Por Héctor Turbí
Proyecto Minero Romero y otras concesiones de exploración minera de Goldquest en la Cordillera Central.
Consorcio Azucarero Central (CAC) y contrato de arrendamiento del Ingenio Barahona.
Concesión a la empresa Belfond Enterprise para la explotación de carbonato de calcio en el Bahoruco Oriental.
Estos son algunos de los nombres de proyectos que simbolizan el abuso de las élites corporativas y gubernamentales en el Suroeste, así como el hartazgo social de los sectores populares que, por supuesto, va mucho más allá de la región.
En el caso del primero, la obstinación de la empresa minera y del Gobierno en querer imponer prácticamente por la fuerza una explotación minera en la cabecera del río San Juan, cerca de la presa de Sabaneta, con riesgos inmensos, desembocó en la más reciente explosión de masas en el Sur, con decenas de acciones, comunidades campesinas involucradas y miles de trabajadores movilizados por sus derechos, incluidas paralizaciones generales.
Es en este contexto que nos movilizamos este domingo 7 de junio, en víspera del Día Mundial del Medio Ambiente, en el lado sur del Suroeste, para defender el agua, la vida y los derechos de la población trabajadora frente a los abusos combinados del Gobierno del PRM, el Consorcio Azucarero Central (CAC), Belfond y demás empresas destructivas en la Región Enriquillo.
No es extraño que, en medio de este panorama, nutridas comitivas del Granero del Sur se aprestan a sumarse a la Marcha-Caravana de Barahona.
La huelga de masas que involucra al pueblo oprimido es el nuevo punto de inflexión que, hacia un horizonte de corto y mediano plazo, señala la experiencia de San Juan.
El paro, como tal, no es necesariamente el punto más alto ni culminante de estos procesos de lucha. En San Juan se desarrollaron movilizaciones de diversos sectores entre enero y abril; un paro general plebiscitario con movilizaciones de masas incluidas el lunes 27 de abril de 2026, en medio de la Jornada Nacional de la Rebeldía impulsada por la CPN; y, una semana después, una movilización general masiva del pueblo, con apoyo de la región y del país, que obligó al presidente a declarar la detención de las actividades mineras del Proyecto Romero.
«¡Que no pase aquí lo que pasó en Cotuí!» es la consigna que mejor resume este proceso. Con ella, trabajadores y comunidades campesinas radicalizadas descarrilaron la vista pública de Goldquest en la comunidad de La Lima-El Ingenito el 9 de abril de 2026. La consigna refleja el nuevo estado de conciencia crítica en la población y en las masas juveniles frente a las consecuencias socioambientales derivadas de las voraces explotaciones mineras, después de varias décadas de intensa actividad de Barrick Gold y otras corporaciones en nuestras montañas.
En Cotuí hemos perdido, y mucho. Sin embargo, las luchas desarrolladas allí y las diversas campañas educativas han enseñado a una población que sufre y observa. Todo ello ha contribuido a que nos levantemos y obtengamos un triunfo, nada más y nada menos que en la vertiente sur de la Cordillera Central, recordándonos que no estamos frente a un problema local, sino general. Si la lucha se mantiene, se sostiene y se proyecta, no será un golpe menor para las corporaciones mineras que poseen decenas de concesiones de exploración en la principal serranía del país.
Esta movilización exitosa en el lado norte del Suroeste, por supuesto, inyecta energías a las luchas que desde hace años venimos librando en el lado sur, en la Región Enriquillo, contra los abusos de Belfond Enterprise en el Bahoruco Oriental.
Basta decir que esta empresa logró, durante los primeros quince días del actual Gobierno, en 2020, y saltándose todo tipo de requisitos, obtener su cuestionada concesión de explotación en la loma de Las Filipinas, que, entre otras consecuencias, llena de polvo la ciudad turística de Barahona y su malecón.
Un lugar destacado en el hartazgo social del Suroeste y, más concretamente, de la Región Enriquillo, lo ocupan desde hace más de veinte años los abusos del Consorcio Azucarero Central (CAC), arrendatario del Ingenio Barahona.
Digamos algunas cosas. Las tropelías del consorcio comenzaron en el año 2000, cuando inició sus operaciones. Sin embargo, no fue sino hasta finales de 2020 cuando empezó a organizarse un movimiento estructurado para exigir al Estado la terminación de su contrato y la recuperación y cooperativización del Ingenio Barahona.
Es muy difícil encontrar en el Suroeste otra figura corporativa que iguale en abusos sociales y ambientales a este consorcio, dirigido históricamente por el antiguo empleado de la Casa Vicini, Virgilio Pérez Bernard, y controlado mayoritariamente por la familia Campollo, de Guatemala.
El contrato de arrendamiento de los activos del Ingenio Barahona —tierras, fábricas, bueyes y herramientas— fue firmado por treinta años el 13 de diciembre de 1999.
Según el texto original, las partes (el Estado y el CAC) podían renegociar los términos del contrato cinco años antes de su finalización, prevista para el 13 de diciembre de 2029, dentro de poco más de tres años. De lo contrario, el CAC debía devolver los activos del ingenio en esa fecha.
Los ejecutivos del CAC lograron conseguir una enmienda al contrato en octubre de 2010 que otorga una infinidad de facilidades y privilegios a la empresa privada. Entre ellos, la posibilidad de reconducir automáticamente el contrato o, lo que es lo mismo, continuar por períodos sucesivos de treinta años bajo condiciones renovadas, permaneciendo indefinidamente al frente del ingenio.
Como es sabido, uno de los abusos permanentes y más odiosos que practica el consorcio contra las familias campesinas que viven y trabajan pequeños predios cercanos a las plantaciones cañeras del CAC son los despojos y la destrucción de cultivos, particularmente de plátanos, alegando que esas tierras están incluidas en su contrato de arrendamiento.
Pues adivinen: en la mencionada enmienda de octubre de 2010, el consorcio logró que el Estado, a través del CEA, le redujera en 700 mil dólares anuales la cuota fija que debía pagar, alegando que había recibido 100 mil tareas menos de tierra, a razón de siete dólares anuales por tarea.
Esas tierras por las que el CAC no paga porque afirma que nunca las recibió son las mismas que está arrebatando a los campesinos, con violencia de por medio y con apoyo del Estado.
Para variar, el Gobierno está creando las condiciones para que una obra que costará más de mil millones de dólares a los contribuyentes, como la presa de Monte Grande, termine siendo entregada de facto al CAC.
Los movimientos obreros, campesinos, sociales y ambientales de la Región Enriquillo se preparan para dilucidar, antes del 13 de diciembre de 2029 —fecha en que el CAC debía devolver el ingenio—, las intríngulis específicas que sostienen este rosario de abusos.
