VÉRTICE CRÍTICO | NACIONALES.

La Fuerza del Pueblo cuestiona la incorporación de 700,000 beneficiarios a programas sociales, mientras la dirección de Supérate defiende sus procedimientos de selección y el Ministerio de Justicia plantea esperar los resultados de las investigaciones.
Por Luís Rodríguez | Vértice Crítico.

Santo Domingo, República Dominicana. Los mecanismos de selección y control de los beneficiarios de los programas sociales del Gobierno dominicano se encuentran bajo cuestionamiento, luego de que la Fuerza del Pueblo solicitara una auditoría especial a Supérate y una investigación sobre posibles irregularidades en el manejo de los recursos destinados a familias vulnerables.
La controversia adquirió una nueva dimensión, cuando el ministro de Justicia, Antoliano Peralta, manifestó que las autoridades deberán adoptar las medidas correctivas correspondientes si se demuestra que las denuncias tienen fundamento.
La solicitud de investigación fue presentada por el exvicepresidente Rafael Alburquerque, quien cuestionó la incorporación de 700,000 beneficiarios a los programas Aliméntate y Bonogás mediante la Resolución Administrativa 003-2022, del 12 de abril de 2022.
Según la organización opositora, la disposición permitió incorporar 300,000 hogares a Aliméntate y 400,000 beneficiarios a Bonogás, con un costo anual estimado de RD$8,196 millones.
Cuestionamientos a la selección de beneficiarios
La Fuerza del Pueblo sostiene que las incorporaciones se realizaron sin completar previamente la clasificación socioeconómica de los hogares por parte del Sistema Único de Beneficiarios (Siuben), organismo encargado de identificar y categorizar a las familias según sus condiciones de vulnerabilidad.
Alburquerque también cuestionó la Resolución 071-2026, relacionada con el Bono Navideño, por considerar que sus procedimientos podrían desplazar las funciones técnicas del Siuben en la identificación de los beneficiarios.
El dirigente solicitó a la Cámara de Cuentas examinar las incorporaciones, los desembolsos y los controles administrativos de Supérate. Asimismo, pidió a la Procuraduría Especializada de Persecución de la Corrupción Administrativa (Pepca) investigar posibles actuaciones con relevancia penal.
Supérate rechaza los señalamientos
La directora de Desarrollo Social Supérate, Mayra Jiménez, rechazó las acusaciones y aseguró que el proceso de selección se desarrolla mediante mecanismos de depuración y verificación.
Jiménez explicó que el Siuben participa en la evaluación de los registros para determinar cuáles personas reúnen las condiciones necesarias para recibir las ayudas estatales.
La funcionaria defendió la transparencia de los procedimientos y negó que las incorporaciones se realicen al margen de los controles establecidos.
Ministerio de Justicia plantea esperar investigaciones
Consultado sobre la controversia, el ministro de Justicia, Antoliano Peralta, reconoció el papel fiscalizador de los partidos de oposición, aunque señaló que es necesario determinar si las denuncias tienen fundamento.
Peralta indicó que desconoce los detalles específicos de los señalamientos y consideró pertinente esperar las investigaciones antes de establecer conclusiones.
El funcionario sostuvo que, si se comprueban irregularidades, deberán adoptarse los correctivos correspondientes.
PLD
Oposición amplía cuestionamientos
El Partido de la Liberación Dominicana (PLD) también respaldó la solicitud de auditoría.
Sus dirigentes Yván Lorenzo y Charlie Mariotti expresaron preocupación por los mecanismos de incorporación de beneficiarios y plantearon la necesidad de verificar que los recursos lleguen efectivamente a los hogares que cumplen los requisitos establecidos.
Ambas organizaciones opositoras han formulado acusaciones sobre un presunto uso político de los programas sociales, señalamientos que no constituyen, por sí mismos, prueba de irregularidades administrativas o penales.
La controversia coloca bajo examen los procedimientos de identificación, asignación y fiscalización de las transferencias sociales, así como la documentación que respalda la incorporación de beneficiarios.
Hasta el momento, las informaciones consultadas no establecen que la Cámara de Cuentas o la Pepca hayan emitido conclusiones sobre las denuncias.
La eventual revisión institucional deberá determinar si los procedimientos utilizados se ajustaron a las disposiciones legales y administrativas que regulan la protección social en República Dominicana.





































