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EL MONOPOLIO DE LA VIOLENCIA: CIRCUNSTANCIAS Y LÍMITES.

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EL MONOPOLIO DE LA VIOLENCIA: CIRCUNSTANCIAS Y LÍMITES

—Cuando el Estado se convierte en verdugo—

RAÚL A. VERAS
RAÚL A. VERAS

POR: RAÚL A. VERAS | Vértice Crítico. 

Toda sociedad organizada bajo un criterio de democracia, equidad y justicia social le permite al Estado el uso legal de la violencia. En la teoría jurídica se conoce como «el monopolio legítimo de la fuerza», y solo el Estado de derecho está facultado para ejercerla.

Eso es lo que nos diferencia de la barbarie: no es cualquiera quien puede armarse y hacer justicia por su mano. Es el Estado, regulado por leyes, quien tiene esa potestad.

Ahora bien, ese ejercicio viene a constituir la ultima ratio, es decir, la última razón. Solo se debe usar cuando las demás instituciones encargadas de aplicar justicia, de prevenir, de educar y de incluir han colapsado o resultan ineficaces para contener la ola de violencia que afecta a la sociedad.

Pero también tiene sus límites de aplicación. Y este gobierno los ha roto todos.

En primer lugar, debe estar subordinado y en estricta concordancia con la Constitución y las leyes.

El uso de la fuerza no puede ser un acto de venganza ni una ejecución sumaria en una calle oscura. Debe estar subordinado al respeto irrestricto de los derechos humanos, al debido proceso y a la presunción de inocencia. Un policía no es juez, ni fiscal, ni verdugo. Su función es detener y someter a la justicia, no ejecutar.

En segundo lugar, debe ser proporcional, necesario y racional.

La fuerza letal solo es legítima cuando hay una amenaza letal inminente contra la vida del agente o de terceros. No se puede responder con fusiles a un muchacho que robó un celular. Eso no es proporcionalidad, es abuso de poder.

En tercer lugar, debe estar sometido a control y rendición de cuentas.

En democracia, cada bala que dispara el Estado debe ser explicada. Aquí no hay control. Aquí hay una narrativa prefabricada: «intercambio de disparos». Y con eso se archiva el caso. Esa impunidad convierte al monopolio legítimo en un monopolio criminal de la violencia.

Y EN CUARTO LUGAR, Y EL MÁS GRAVE: ESTÁ LIMITADO POR LOS ACUERDOS INTERNACIONALES SOBRE DERECHOS HUMANOS QUE EL PROPIO ESTADO DOMINICANO HA FIRMADO.

Este no es un tema de opinión; es un compromiso de Estado ante el mundo:

a) La Convención Americana sobre Derechos Humanos (Pacto de San José) y el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos:

Establecen, en sus artículos 4 y 6, respectivamente, que toda persona tiene derecho a la vida y que nadie puede ser privado de ella arbitrariamente. Las ejecuciones extrajudiciales constituyen la violación más grave de este derecho.

b) El Código de Conducta de la ONU para Funcionarios Encargados de Hacer Cumplir la Ley y los Principios Básicos sobre el Empleo de la Fuerza y de Armas de Fuego:

Son clarísimos: los funcionarios solo podrán usar la fuerza letal cuando sea estrictamente inevitable para proteger una vida contra una amenaza inminente de muerte. Y obligan a que, cada vez que haya una muerte a manos de la Policía, se realice una investigación pronta, imparcial y efectiva.

¿Qué ha hecho el gobierno PRM-Abinader?

Ha ejecutado a 17 dominicanos en siete días y 37 tan solo en lo que va de este mes, todos bajo el mismo estribillo de «intercambios de disparos», sin una sola investigación creíble, sin un solo expediente ante la justicia, sin un solo informe forense independiente.

Con ello, el Estado dominicano no solo viola su propia Constitución, sino que incumple los tratados internacionales, colocándonos al borde de una condena en la Corte Interamericana de Derechos Humanos y avergonzándonos ante el mundo como un Estado que asesina a sus propios pobres.

El gobierno ha invertido la pirámide. Ha abandonado la prevención social y ha hecho del gatillo el único programa de seguridad ciudadana.

Un Estado que solo sabe matar a sus ciudadanos más pobres y excluidos no es un Estado fuerte. Es un Estado débil, descompuesto y cobarde.

No queremos un Estado verdugo. Queremos un Estado de derecho, de justicia social y de vida.

¡NO AL USO ILEGÍTIMO Y CRIMINAL DE LA FUERZA!

¡SEGURIDAD SÍ, EJECUCIONES NO!

¡URGE SALIR DE ESTA PESADILLA EN 2028!

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