La organización sindical responsabiliza políticamente al Gobierno de Luis Abinader por la actuación de la Policía Nacional, rechaza los llamados «intercambios de disparos» y expresa su respaldo a las entidades defensoras de los derechos humanos.
Por José Espinal Marcelo | Vértice Crítico.
Santo Domingo, República Dominicana. La confederación sindical Unión Clasista de Trabajadores (UCT) denunció lo que considera un resurgimiento de las ejecuciones extrajudiciales en República Dominicana y advirtió que la utilización de los denominados «intercambios de disparos» como mecanismo de combate a la delincuencia constituye una grave amenaza para el Estado de derecho, las garantías constitucionales y la protección de la vida humana.
Mediante una declaración pública, la organización cuestionó la política de seguridad del Gobierno del presidente Luis Abinader, al que acusó de permitir y orientar actuaciones policiales que, según sostiene, han terminado con la muerte de personas señaladas como presuntos delincuentes sin que hayan sido sometidas previamente a los tribunales.
La UCT considera que estas actuaciones representan el retorno de una práctica históricamente cuestionada en el país, caracterizada por la presentación de muertes ocurridas durante intervenciones policiales como resultados de supuestos enfrentamientos armados.
A juicio de la entidad, esa modalidad de actuación no solamente compromete los derechos de las personas involucradas, sino que también abre la posibilidad de que ciudadanos inocentes pierdan la vida bajo circunstancias que requieren investigaciones independientes y esclarecimiento judicial.
Cuestionan el uso de la fuerza como respuesta a la criminalidad
En su pronunciamiento, la confederación sindical sostiene que la lucha contra la delincuencia no puede convertirse en una justificación para desconocer los procedimientos establecidos por la Constitución y las leyes dominicanas.
La organización recordó que la legislación nacional no contempla la pena de muerte y que corresponde a los tribunales determinar la responsabilidad penal de cualquier ciudadano, independientemente de las acusaciones que pesen en su contra.
Desde esa perspectiva, rechazó que los organismos encargados de garantizar la seguridad pública puedan asumir funciones propias del sistema judicial.
La UCT advirtió que tolerar actuaciones policiales contrarias a las garantías constitucionales podría contribuir a normalizar mecanismos de violencia institucional y debilitar los principios fundamentales de la administración de justicia.
La entidad también puso en duda la eficacia de los llamados «intercambios de disparos» como estrategia para enfrentar la inseguridad ciudadana, al considerar que los problemas estructurales asociados a la criminalidad permanecen sin soluciones de fondo.
Señalan desigualdad social y corrupción como factores de la delincuencia
Más allá de sus cuestionamientos a las actuaciones policiales, la Unión Clasista de Trabajadores planteó que la inseguridad ciudadana debe analizarse desde una perspectiva económica y social.
Según la organización, la concentración de la riqueza, la desigualdad y la exclusión de amplios sectores populares constituyen factores que contribuyen a reproducir las condiciones en las que se desarrolla la criminalidad.
En ese contexto, criticó el modelo económico y social predominante, al que atribuye la persistencia de profundas diferencias en el acceso a oportunidades y derechos fundamentales.
La confederación también vinculó el problema de la delincuencia con prácticas de corrupción atribuidas a sectores de poder y estructuras de la burocracia estatal.
Afirmó que el uso indebido de los recursos públicos limita las posibilidades de garantizar servicios esenciales, particularmente en educación, seguridad social y otras áreas relacionadas con el bienestar colectivo.
Para la UCT, una política de seguridad que concentre sus esfuerzos en la respuesta represiva, sin atender las causas sociales de la violencia, resulta insuficiente para producir transformaciones sostenibles.
Respaldo a los organismos defensores de derechos humanos
Uno de los aspectos centrales de la declaración es el respaldo institucional de la confederación a la Comisión Nacional para los Derechos Humanos y a otras organizaciones que han cuestionado las muertes registradas durante actuaciones policiales.
La UCT defendió la legitimidad de la labor que realizan estas entidades y sostuvo que sus denuncias forman parte de la defensa del orden constitucional y de las garantías fundamentales de la ciudadanía.
La organización sindical considera indispensable preservar el derecho a la vida y evitar que la condición de sospechoso de un delito sea utilizada para justificar actuaciones al margen de los procedimientos judiciales.
Su posicionamiento se produce en medio de los cuestionamientos formulados por sectores defensores de derechos humanos sobre el uso de la fuerza policial y los mecanismos de rendición de cuentas de los organismos de seguridad.
Advierten sobre las consecuencias de la impunidad.
En la parte final de su declaración, la Unión Clasista de Trabajadores formuló un llamado a la sociedad dominicana para exigir el cumplimiento de la Constitución y evitar que las presuntas violaciones de derechos fundamentales queden sin consecuencias.
La entidad insistió en que la preservación de la vida debe constituir un principio irrenunciable de la actuación estatal y que ninguna estrategia de seguridad puede situarse por encima del ordenamiento jurídico.
Asimismo, advirtió que la aceptación social de prácticas contrarias a las garantías constitucionales podría contribuir al debilitamiento de las instituciones y a la permanencia de las condiciones económicas y sociales que, desde su perspectiva, alimentan la delincuencia.
El documento fue suscrito, en representación del Comité Ejecutivo Nacional de la UCT, por Juan Núñez Batista, secretario general, y José Encarnación, secretario de Propaganda y Comunicación.
Con este pronunciamiento, la confederación sindical incorpora su voz al debate nacional sobre los límites del uso de la fuerza pública, la responsabilidad institucional frente a las muertes ocurridas en operativos policiales y la necesidad de abordar la seguridad ciudadana desde una perspectiva que combine el cumplimiento de la ley, la justicia social y el respeto a los derechos humanos.
