Por José Espinal Marcelo | Vértice Crítico.
La periodista Cristal Acevedo ha puesto en circulación una versión sobre un supuesto aumento salarial del rector de la Universidad Autónoma de Santo Domingo (UASD), apoyándose en mensajes que, según afirma, recibió de supuestos "empleados universitrios".
Con el respeto que merece su ejercicio profesional, resulta necesario formularle una pregunta: ¿por qué no consultó previamente a las autoridades financieras, a Relaciones Públicas, los gremios o a los organismos competentes de la universidad antes de difundir una información de semejante trascendencia?
La UASD dispone de mecanismos institucionales que permiten comprobar una afirmación de esa naturaleza. La nómina universitaria, los reglamentos, las resoluciones del Consejo Universitario y las organizaciones gremiales constituyen fuentes de consulta que cualquier periodista puede utilizar para contrastar una denuncia.
Si, como indican los elementos documentales señalados, no existe incremento salarial del rector ni resolución del Consejo Universitario que lo autorice, estamos ante una versión que carece de sustento y que debe ser rectificada.
No basta con repetir "no lo quiero creer", para quedar eximido de responsabilidad. Una información no adquiere credibilidad porque varias personas la repitan, ni la utilización del condicional sustituye la obligación de verificar.
Es legítimo denunciar las deficiencias de la UASD, incluida la falta de electricidad que menciona la periodista. Pero relacionar esa situación con un supuesto aumento salarial, sin demostrarlo, introduce una asociación que puede inducir a conclusiones equivocadas.
El cuestionamiento no es al derecho de Cristal Acevedo a investigar o criticar al rector. Es al procedimiento periodístico utilizado para difundir una imputación que debió ser contrastada antes de llegar a la opinión pública.
Tampoco corresponde atribuirle intenciones sin pruebas. Sin embargo, sí cabe preguntarle qué finalidad informativa persigue divulgar un señalamiento sin presentar evidencia documental y sin ofrecer la versión de las instancias involucradas.
Las instituciones públicas necesitan periodistas críticos, independientes y rigurosos. Necesitan fiscalización, no complacencia. Pero la fiscalización responsable comienza por los hechos.
Porque una cosa es investigar para descubrir la verdad y otra muy distinta es difundir un rumor esperando que alguien más lo desmienta.
