Por Luís Rodríguez | Vértice Crítico.
Santo Domingo. La rebelión ya no se susurra en los pasillos judiciales. Ahora lleva firmas, fechas y un mensaje político explícito, la paciencia de una parte importante de la judicatura dominicana parece haber llegado a su límite.
Sesenta y un jueces y juezas del Poder Judicial presentaron su renuncia “formal, irrevocable e inmediata” a la Asociación de Jueces y Juezas por la Democracia (JUDEMO), en una ruptura que expone con crudeza el desgaste interno de uno de los principales espacios gremiales de la magistratura nacional.
El documento, fechado el 11 de mayo y titulado “Por el rescate de la dignidad judicial”, no utiliza el lenguaje burocrático habitual de las asociaciones institucionales. Y es que lo que impera en el Poder Judicial es decepción, ruptura y confrontación abierta.
Los magistrados denuncian sentirse abandonados por una dirigencia que, según sostienen, dejó de representar las angustias reales de los jueces para convertirse en una estructura distante, incapaz de acompañar las demandas salariales y profesionales que atraviesan al sistema judicial.
La renuncia colectiva emerge en medio de la convocatoria a un paro de labores pautado para el próximo 21 de mayo, respaldado por 232 jueces y juezas de distintas jurisdicciones del país. La cifra revela un fenómeno poco frecuente en el Poder Judicial dominicano, se trata de una movilización visible, coordinada y públicamente desafiante frente a la inercia institucional.
Los disidentes acusan a la actual directiva de JUDEMO de actuar sin consultar a sus bases y de publicar posiciones oficiales que, lejos de reflejar consenso, terminan imponiéndose como líneas unilaterales. El señalamiento más severo apunta al uso de descalificaciones contra magistrados que apoyan la protesta.
Para los renunciantes, el problema dejó de ser únicamente salarial. Se trata, aseguran, de una degradación progresiva de la representación gremial y de una cultura institucional que castiga la disidencia antes que escucharla.
En el texto de ruptura, los jueces cuestionan lo que describen como “la comodidad del silencio” frente a temas sensibles como los ascensos detenidos, las reivindicaciones económicas pendientes y el deterioro de las condiciones laborales dentro del sistema.
La escena revela un Poder Judicial atravesado por tensiones que ya no logran contenerse detrás de los estrados. Mientras el discurso oficial insiste en estabilidad y modernización institucional, una parte de la judicatura habla de precariedad, frustración y abandono.
“Simplemente no podemos estar afiliados a una entidad que actúe en contra de los intereses de quienes le dan vida y la sostienen”, expresan los magistrados en uno de los fragmentos más contundentes del documento.
La renuncia masiva no implica un retiro de la lucha gremial. Todo lo contrario. Los jueces aseguran que continuarán respaldando las exigencias de mejoras salariales y ascensos pendientes, ahora “sin ataduras” y desde una posición independiente.
La crisis deja una pregunta suspendida sobre el sistema judicial dominicano: ¿Qué ocurre cuando quienes administran justicia sienten que ya no encuentran justicia dentro de su propia estructura?
