Por: William Richard Vásquez
Después de una larga espera de nueve años, finalmente se ha logrado la implementación de la Evaluación de Desempeño Docente (EDD). A diferencia del proceso del 2017, en esta oportunidad el avance ha sido notablemente más lento. Esto se debe, en gran medida, a los escollos para lograr consensos entre la ADP y el MINERD, sumado a una plataforma digital que ha dado más sorpresas que un cumpleaños. A pesar de esto, el magisterio dominicano ha participado con esperanza, cumpliendo con cada una de las etapas de este escrutinio.
En un país donde hasta la lluvia se politiza, era de esperarse que la evaluación magisterial estuviera salpicada por banderas e intereses particulares. El señor Juan Valdez, conocido teórico de la educación de calidad, lanzó duras críticas al proceso, llegando al extremo de invitar a los maestros a desistir de ser evaluados; sin embargo, su convocatoria no encontró respaldo. Detrás de la postura de Valdez parece esconderse el resentimiento de haber sido desplazado del «Observatorio Educativo Rafael Santos Badía», una institución dependiente del sindicato de maestros que él mismo dirigió durante varios años.
Por otro lado, el magisterio nacional ha manifestado su descontento ante los retrasos presentados, especialmente en la sexta etapa, correspondiente a la observación de clases. Se han reportado demoras tanto en la asignación de fechas para las visitas de los «pares evaluadores» como en la publicación de los resultados. Hasta el momento, las calificaciones publicadas han sido satisfactorias en más de un 60 %, y la ADP ha asegurado que el resto se liberará paulatinamente cada 72 horas. No obstante, llaman poderosamente la atención los casos de docentes con capacidad probada en las aulas que, de forma sorpresiva, resultan reprobados en esta fase.
Resulta difícil pensar que entre colegas existan resentimientos o malas intenciones que empañen un proceso cuya implementación costó tanto trabajo. Tampoco quisiéramos afirmar —como ya se rumora— que, por razones estrictamente presupuestarias, «conviene» que un amplio porcentaje de los educadores quede en las posiciones más bajas. Aunque han salido a la luz declaraciones afirmando que los evaluadores no tienen la potestad de asignar la nota final, no se puede ignorar que son ellos quienes manipulan la plataforma; por ende, no están exentos de culpa o gloria según el rigor de su trabajo.
Hay que destacar que los más ansiosos por la llegada de la EDD eran los maestros que ingresaron al sistema educativo público tras el último proceso evaluativo y, por lo tanto, no percibían los incentivos correspondientes. Al ser evaluados, tienen la oportunidad de ver incrementado su salario hasta en un 32 %. Al costo actual de la canasta básica, un aumento de esta índole representa un alivio significativo para cubrir los gastos familiares y personales.
La frustración ha escalado a tal punto que en las redes sociales se ha desatado una auténtica «cacería», donde se denuncia públicamente a los pares evaluadores que han calificado negativamente a sus compañeros, desafiando el viejo refrán de que «entre bomberos no se pisa la manguera». Estas denuncias incluyen imágenes, nombres y apellidos, lo que refleja la indignación de los docentes al verse reprobados tras una larga preparación. Aunque exponer públicamente a los evaluadores puede considerarse una mala práctica, cabe preguntarse qué es peor: afectar temporalmente la imagen de un evaluador o condenar por décadas a un maestro a percibir un salario insuficiente debido a una evaluación injusta.
Finalmente, seguiremos de cerca este proceso. Debemos recordar que un solo día no es suficiente para demostrar las capacidades reales de un docente en el aula y que los intereses políticos jamás deberían empañar la educación. El reto ahora radica en encontrar un equilibrio justo entre el rigor de la evaluación y el derecho legítimo de quienes se sientan desfavorecidos.
