Abinader afirma que las enmiendas fueron consensuadas con diversos sectores y rechaza que impliquen restricciones a la libertad de expresión
Por José Espinal Marcelo | Vértice crítico | Foto fuente externa.
Santo Domingo. El Gobierno remitió al Congreso Nacional un paquete de modificaciones al Código Penal y a la legislación sobre libertad de expresión con el propósito de que sean aprobadas antes de la entrada en vigor de la nueva normativa, prevista para el próximo 3 de agosto.
El anuncio fue realizado por el presidente Luis Abinader, quien explicó que las propuestas son el resultado de varias semanas de diálogo con representantes de los medios de comunicación, juristas y organizaciones de la sociedad civil, tras la controversia generada por disposiciones que fueron interpretadas por distintos sectores como posibles limitaciones al ejercicio de la libertad de expresión.
El mandatario sostuvo que las reformas persiguen un equilibrio entre la protección del derecho a informar y opinar, y la garantía de otros derechos fundamentales, como el honor, la intimidad y la dignidad de las personas.
Abinader reconoció que el proceso de consultas pudo iniciarse con mayor anticipación y asumió la responsabilidad por el retraso. Recordó que el Código Penal permaneció durante años en debate y que el período de vacatio legis fue concebido precisamente para introducir los ajustes que fueran necesarios antes de su aplicación definitiva.
En ese contexto, negó que las modificaciones representen una "ley mordaza" y defendió el desempeño del país en materia de libertad de prensa durante su gestión. Argumentó que la transformación del ecosistema digital y el crecimiento de las redes sociales hacen necesaria una actualización del marco jurídico que permita responder a los nuevos desafíos sin menoscabar las libertades públicas.
Durante la entrevista con los periodistas José Monegro y Edith Febles, el jefe de Estado también se refirió a las recientes manifestaciones ciudadanas registradas en distintos puntos del país. Consideró que muchas de esas protestas contienen demandas legítimas que deben ser atendidas por las autoridades y reafirmó que el diálogo continuará siendo el principal mecanismo para gestionar los temas de mayor sensibilidad nacional.
El presidente aseguró que, aun cuando el oficialismo dispone de mayoría legislativa, el Gobierno mantendrá su política de concertación con los distintos actores sociales y políticos, al considerar que la construcción de consensos fortalece la institucionalidad democrática y contribuye a preservar la estabilidad social.
