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MPD condena represión a manifestaciones y reivindica la protesta como un derecho constitucional

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Por Luís Rodríguez | Vértice Crítico.

Santo Domingo. El Movimiento Popular Dominicano (MPD) condenó la actuación de las autoridades durante las recientes manifestaciones protagonizadas por agrónomos y expolicías, al considerar que la respuesta gubernamental representa una violación al derecho constitucional a la protesta y un retroceso para las libertades democráticas en la República Dominicana.

El vocero nacional del MPD, Pablo A. Ferreiras Pérez, afirmó que el derecho a manifestarse es una conquista histórica alcanzada por el pueblo dominicano tras décadas de luchas sociales, políticas y económicas, por lo que rechazó cualquier intento de restringir su ejercicio mediante acciones represivas o la imposición de autorizaciones previas para realizar marchas y protestas públicas.

El MPD sostuvo que los espacios públicos pertenecen al dominio colectivo y que el Estado tiene la obligación de garantizar el libre ejercicio de los derechos fundamentales, en lugar de impedir las movilizaciones ciudadanas. En ese sentido, cuestionó la actuación de las autoridades frente a las protestas y advirtió sobre lo que calificó como una visión autoritaria de algunos funcionarios públicos.

La organización también vinculó el incremento de las protestas sociales con el impacto de las políticas económicas sobre trabajadores, productores y otros sectores populares, mientras —según afirmó—, continúan beneficiándose grupos empresariales mediante incentivos, exenciones fiscales y otros mecanismos de privilegio.

Asimismo, planteó que la solución a los conflictos sociales no debe basarse en la represión, sino en la apertura de canales efectivos de diálogo que permitan atender las demandas de los sectores movilizados, entre ellos agrónomos, policías pensionados y otras organizaciones que reclaman reivindicaciones.

El pronunciamiento concluye reafirmando que la protesta constituye un mecanismo legítimo de defensa de los derechos ciudadanos y que cualquier intento de limitarla representa, a juicio del MPD, una afectación al funcionamiento democrático del país.

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