
Durante el diálogo nacional “Voces Solidarias”, representantes sociales, religiosos y sindicales plantearon que la política migratoria debe aplicarse respetando la dignidad humana y los derechos fundamentales.
Por José Espinal Marcelo | Vértice crítico


Santo Domingo. El Colectivo Migración y Derechos Humanos (CMDH) reclamó a las autoridades dominicanas revisar la Resolución DGM-001-2026 y poner fin a los controles migratorios en los centros de salud, al considerar que estas medidas generan obstáculos para el acceso de la población inmigrante a servicios esenciales.
El planteamiento fue formulado durante el diálogo nacional “Voces Solidarias”, celebrado en el auditorio de la Facultad de Ciencias Jurídicas y Políticas de la Universidad Autónoma de Santo Domingo (UASD), con la participación de representantes religiosos, sindicales, sociales y especialistas en temas migratorios.
Los participantes analizaron los efectos que atribuyen a la Resolución DGM-001-2026, emitida por la Dirección General de Migración (DGM) en marzo de este año, particularmente en las áreas laboral, económica y de acceso a servicios.
Según lo expuesto durante el encuentro, uno de los puntos cuestionados es la exigencia de un contrato formal de trabajo para determinados procesos de renovación de permisos temporales laborales, condición que, a juicio de los participantes, representa una dificultad para inmigrantes insertados en actividades caracterizadas por altos niveles de informalidad.
Piden política migratoria con respeto a derechos
Al intervenir en la actividad, la economista y exdiputada Guadalupe Valdez sostuvo que el Estado tiene la responsabilidad de hacer cumplir la legislación migratoria, pero señaló que su aplicación debe realizarse respetando la dignidad humana, los derechos fundamentales y el debido proceso.
Valdez cuestionó particularmente la realización de controles migratorios en hospitales y llamó a fortalecer la fiscalización de la frontera dominico-haitiana.
“El Estado dominicano debe hacer cumplir las leyes migratorias, pero respetando la dignidad humana, los derechos fundamentales y el debido proceso”, expresó, haciendo especial referencia a las personas en condiciones de vulnerabilidad y a las mujeres que acuden a los centros de salud para dar a luz.
Durante el diálogo también se reclamaron mayores acciones contra posibles prácticas de corrupción vinculadas a los controles y chequeos fronterizos.
Pablo Mella aborda la migración desde la doctrina social de la Iglesia
El sacerdote jesuita Pablo Mella centró su intervención en la dimensión ética de las políticas migratorias y planteó la necesidad de analizar si los Estados establecen límites a la migración “desde la verdad, sin prácticas injustas y vejatorias y respetando el destino universal de los bienes”.
Mella abordó principios de la Doctrina Social de la Iglesia relacionados con el trato hacia los inmigrantes y la protección de la dignidad y los derechos de las personas independientemente de su condición migratoria.
Advierten obstáculos para acceder al empleo formal
Otro de los temas examinados fue la situación laboral de los trabajadores inmigrantes. La enfermera y activista social Francisca Peguero expuso los retos que enfrenta esta población para acceder a empleos formales.
Por su parte, la dirigente sindical Eulogia Familia explicó las dificultades existentes para lograr la formalización laboral de trabajadores extranjeros, mientras que el dirigente Carlos Hernández abordó las condiciones que enfrentan los inmigrantes vinculados al sector de la construcción.
Los participantes consideraron que las políticas de regularización deben tomar en cuenta las características reales del mercado laboral dominicano para evitar que requisitos administrativos terminen profundizando la informalidad.
El encuentro “Voces Solidarias” concluyó con un llamado a revisar las disposiciones migratorias cuestionadas, retirar los controles migratorios de los establecimientos de salud y fortalecer los mecanismos de supervisión en la frontera, procurando conciliar el cumplimiento de las leyes con la protección de los derechos fundamentales.





































