Durante el diálogo nacional “Voces Solidarias”, representantes sociales, religiosos y sindicales plantearon que la política migratoria debe aplicarse respetando la dignidad humana y los derechos fundamentales.
Por José Espinal Marcelo | Vértice crítico
Santo Domingo. El Colectivo Migración y Derechos Humanos (CMDH) reclamó a las autoridades dominicanas revisar la Resolución DGM-001-2026 y poner fin a los controles migratorios en los centros de salud, al considerar que estas medidas generan obstáculos para el acceso de la población inmigrante a servicios esenciales.
El planteamiento fue formulado durante el diálogo nacional “Voces Solidarias”, celebrado en el auditorio de la Facultad de Ciencias Jurídicas y Políticas de la Universidad Autónoma de Santo Domingo (UASD), con la participación de representantes religiosos, sindicales, sociales y especialistas en temas migratorios.
Los participantes analizaron los efectos que atribuyen a la Resolución DGM-001-2026, emitida por la Dirección General de Migración (DGM) en marzo de este año, particularmente en las áreas laboral, económica y de acceso a servicios.
Según lo expuesto durante el encuentro, uno de los puntos cuestionados es la exigencia de un contrato formal de trabajo para determinados procesos de renovación de permisos temporales laborales, condición que, a juicio de los participantes, representa una dificultad para inmigrantes insertados en actividades caracterizadas por altos niveles de informalidad.
Piden política migratoria con respeto a derechos
Al intervenir en la actividad, la economista y exdiputada Guadalupe Valdez sostuvo que el Estado tiene la responsabilidad de hacer cumplir la legislación migratoria, pero señaló que su aplicación debe realizarse respetando la dignidad humana, los derechos fundamentales y el debido proceso.
Valdez cuestionó particularmente la realización de controles migratorios en hospitales y llamó a fortalecer la fiscalización de la frontera dominico-haitiana.
“El Estado dominicano debe hacer cumplir las leyes migratorias, pero respetando la dignidad humana, los derechos fundamentales y el debido proceso”, expresó, haciendo especial referencia a las personas en condiciones de vulnerabilidad y a las mujeres que acuden a los centros de salud para dar a luz.
Durante el diálogo también se reclamaron mayores acciones contra posibles prácticas de corrupción vinculadas a los controles y chequeos fronterizos.
Pablo Mella aborda la migración desde la doctrina social de la Iglesia
El sacerdote jesuita Pablo Mella centró su intervención en la dimensión ética de las políticas migratorias y planteó la necesidad de analizar si los Estados establecen límites a la migración “desde la verdad, sin prácticas injustas y vejatorias y respetando el destino universal de los bienes”.
Mella abordó principios de la Doctrina Social de la Iglesia relacionados con el trato hacia los inmigrantes y la protección de la dignidad y los derechos de las personas independientemente de su condición migratoria.
Advierten obstáculos para acceder al empleo formal
Otro de los temas examinados fue la situación laboral de los trabajadores inmigrantes. La enfermera y activista social Francisca Peguero expuso los retos que enfrenta esta población para acceder a empleos formales.
Por su parte, la dirigente sindical Eulogia Familia explicó las dificultades existentes para lograr la formalización laboral de trabajadores extranjeros, mientras que el dirigente Carlos Hernández abordó las condiciones que enfrentan los inmigrantes vinculados al sector de la construcción.
Los participantes consideraron que las políticas de regularización deben tomar en cuenta las características reales del mercado laboral dominicano para evitar que requisitos administrativos terminen profundizando la informalidad.
El encuentro “Voces Solidarias” concluyó con un llamado a revisar las disposiciones migratorias cuestionadas, retirar los controles migratorios de los establecimientos de salud y fortalecer los mecanismos de supervisión en la frontera, procurando conciliar el cumplimiento de las leyes con la protección de los derechos fundamentales.
Tener controles migratorios en los hospitales es inhumano y representa un riesgo a la salud pública.
Todo país que importa mano de obra extranjera tiene que proveer servicios de salud a los trabajadores extranjeros. Tanto Trujillo como Balaguer hicieron arreglos con respectivos gobiernos de los Duvaliers en Haití para introducir grandes números de trabajadores haitianos a República Dominicana. Esa mano de obra haitiana fue y continúa siendo la columna vertebral de varios sectores clave de la economía dominicana.
No es un secreto que esos trabajadores han vivido en condiciones infrahumanas en los bateyes de caña, campos bananeros y zonas de construcción inmobiliaria. Tampoco es un secreto que a muchos trabajadores haitianos se les roba incluso la paga, en ocasiones bajo amenaza de echarles migración atrás.
Tanto con la importación masiva de mano de obra haitiana al país, como con el despojo de sus derechos laborales a esos trabajadores, incluyendo la negativa a pagarles los salarios correspondientes o el flagrante robo de los mismos, la República Dominicana ha adquirido una deuda histórica con dichos trabajadores, deuda que incluye el derecho a servicios de salud.
Al prohibirle el acceso a los inmigrantes haitianos a los centros de salud o mantener controles migratorios en los mismos, que para el caso es lo mismo, no sólo se incurre en una gran injusticia histórica, y falta de humanidad, sino que se pone en riesgo la salud colectiva de toda la población dominicana. Esto es así en tanto que trabajadores haitianos temerosos de acudir a los hospitales se convierten en fuente de transmisión de enfermedades contagiosas, y eso va desde el flu hasta el COVID, el cólera y demás enfermedades contagiosas.
Aquellos a quienes el racismo no les permit ever más allá de la punta de sus narices deben tener en cuenta que, de la misma forma que hay haitianos inmigrantes en República Dominicana, también hay cientos de miles de inmigrantes dominicanos indocumentados en Nueva York y otras ciudades norteamericanas. Hoy, que Trump desata la más brutal campaña anti-inmigrante en la historia de los Estados Unidos, el miedo arropa a muchos inmigrantes dominicanos, miedo que incluye acudir a centros de salud, a las cortes, a sus centros de trabajo, a las escuelas, etc.
Resulta moralmente repugnante, doble cara e inaceptable, pretender reclamar que no se persiga a los inmigrantes dominicanos y de otras nacionalidades en los Estados Unidos; pretender que ICE no atropeye, como hace, a los trabajadores inmigrantes en los Estados Unidos; pretender que se les paguen los salarios correspondientes a la mano de obra inmigrante dominicana en los Estados Unidos; pretender que tengan acceso a los hospitales—cabe indicar que miles de embarazadas dominicanas dan a luz en los hospitales de Nueva York, donde afortunadamente no hay chequeos migratorios hasta el momento, pues tanto los hospitales privados se niegan a permitirlo, como se niega el gobierno municipal del alcalde Mamdani en la ciudad de Nueva York a permitir tales chequeos en los hospitales públicos; pretender que nuestras hijas e hijos vayan a las escuelas públicas en los Estados Unidos sin que sean presa de las redadas de ICE (como educador en los Estados Unidos yo he tenido salones de clase repletos de jóvenes indocumentados, muchos de ellos dominicanos); pretender que Trump no despoje de la nacionalidad norteamericana a las hijas e hijos de inmigrantes dominicanos indocumentados en los EEUU (como trata de hacer aún después del fallo de la Corte Suprema en su contra), PRETENDER TODO LO ANTERIOR Y PRETENDER RESPETO A LOS DERECHOS HUMANOS PARA LOS INMIGRANTES DOMINICANOS EN EEUU ES MORALMENTE REPUGNANTE, ES HIPOCRECíA DESCARADA, MIENTRAS A LA VEZ SE LE NIEGAN LOS MISMOS DERECHOS A LOS TRABAJADORES INMIGRANTES HAITIANOS EN REPúBLICA DOMINICANA.