La oposición sostiene que las distribuidoras pierden cerca del 40 % de la energía que compran y sitúa a EDEESTE en un crítico 56 %. Juan Gómez vincula el deterioro financiero con las quejas por facturas elevadas, los apagones y la insuficiente inversión en las redes.
Por Luís Rodríguez | Vértice Crítico.
SANTO DOMINGO, República Dominicana.— El desempeño financiero de las empresas distribuidoras de electricidad volvió al centro del debate político luego de que la Fuerza del Pueblo (FP) denunciara que el déficit de las EDE habría escalado desde aproximadamente US$578 millones en 2020 hasta US$1,659 millones en 2025, en un escenario marcado, según la organización opositora, por pérdidas cercanas al 40 %, interrupciones del servicio y crecientes reclamaciones ciudadanas por facturas elevadas.
La ofensiva crítica fue encabezada este martes por Juan Gómez, secretario de Energía de FP, quien presentó un balance de la situación del sector y sostuvo que los indicadores financieros obligan a evaluar la eficacia de la política aplicada a las distribuidoras durante los últimos seis años.
El dato que la organización coloca como principal señal de alarma es la evolución del déficit: de confirmarse las cifras presentadas por Gómez, el monto de 2025 equivale a casi tres veces el registrado en 2020, una presión financiera que finalmente debe ser absorbida mediante recursos públicos.
Pero la discusión no se limita al tamaño del déficit.
FP asegura que, entre 2020 y mayo de 2026, el Estado destinó alrededor de US$8,450 millones en transferencias para cubrir los requerimientos financieros de las empresas distribuidoras. La organización calcula que esa cantidad representa aproximadamente RD$500,000 millones, es decir, cerca de medio billón de pesos.
Para Gómez, la magnitud de esas transferencias plantea una cuestión que trasciende al sector eléctrico: el costo que representa para las finanzas públicas sostener empresas con elevados niveles de pérdidas.
La organización opositora puntualizó que no sostiene que todos esos recursos pudieran haberse transferido automáticamente a otros sectores. Su argumento se concentra en el costo de oportunidad fiscal: cuanto mayor sea la cantidad de dinero necesaria para compensar ineficiencias en la distribución eléctrica, menor será la disponibilidad presupuestaria para atender otras prioridades del Estado.
EL 40 % QUE PONE EN JAQUE A LAS DISTRIBUIDORAS
El segundo indicador colocado bajo escrutinio corresponde a las pérdidas de energía.
Según los datos presentados por Gómez, a mayo de 2026 las distribuidoras acumulaban pérdidas próximas al 40 %. En términos prácticos, la cifra supone que de cada RD$100 correspondientes a energía adquirida por las EDE, alrededor de RD$60 consiguen ser recuperados.
Dentro de ese panorama, EDEESTE aparece como el punto más crítico.
FP sitúa las pérdidas de esa empresa en aproximadamente 56 %, un nivel que la organización considera incompatible con una operación financiera sostenible y que, a su juicio, evidencia la necesidad de revisar tanto la gestión como la estrategia aplicada para recuperar energía facturada y cobrada.
La situación administrativa de EDEESTE también fue incorporada al cuestionamiento. Gómez aseguró que la distribuidora ha tenido seis gerentes generales en seis años, una rotación que utilizó para poner en duda la continuidad de las políticas internas y la existencia de metas de gestión capaces de sobrevivir a los cambios de funcionarios.
Para FP, cambiar administradores sin modificar los indicadores fundamentales obliga a mirar más allá de las responsabilidades individuales y examinar el modelo de gestión de la empresa.
FACTURAS Y APAGONES LLEVAN EL PROBLEMA HASTA LOS HOGARES
El planteamiento opositor busca conectar los grandes números del sistema con una preocupación mucho más inmediata para los consumidores: cuánto pagan y qué calidad de servicio reciben a cambio.
Gómez llamó la atención sobre las reclamaciones de usuarios que reportan incrementos en sus facturas eléctricas que consideran incompatibles con sus patrones habituales de consumo.
FP evitó presentar esas denuncias particulares como prueba automática de irregularidades en la facturación. Sin embargo, reclamó investigaciones técnicas que permitan establecer, caso por caso, si los montos cobrados corresponden efectivamente al consumo registrado.
La organización cuestionó además la eficacia práctica de los mecanismos disponibles para quienes objetan una factura, tanto ante las distribuidoras como posteriormente ante PROTECOM, al considerar indispensable que el consumidor tenga acceso a procedimientos de reclamación confiables, transparentes y con capacidad real de respuesta.
El planteamiento adquiere mayor peso político porque las quejas por facturación se producen, según FP, mientras numerosos usuarios continúan enfrentando apagones, una combinación que convierte el problema eléctrico en una doble presión sobre hogares y negocios: interrupciones del suministro y mayores cuestionamientos sobre el costo del servicio.
MÁS DINERO PARA SOSTENER EL SISTEMA QUE PARA TRANSFORMARLO
La crítica de la Secretaría de Energía de FP se concentra también en la composición del gasto.
Gómez sostiene que reducir estructuralmente las pérdidas exige inversiones sostenidas en redes, medición, infraestructura, tecnología, transmisión y gestión comercial. Desde esa perspectiva, cubrir año tras año los déficits permite mantener funcionando el sistema, pero no necesariamente corrige las causas que generan el desequilibrio.
“El gasto mantiene el sistema; la inversión lo transforma”, sintetizó el documento presentado por la organización.
FP utilizó además como referencia el Plan Nacional Plurianual del Sector Público 2025-2028, señalando que el propio diagnóstico gubernamental identifica limitaciones relacionadas con expansión de la transmisión, infraestructura insuficiente, niveles de inversión, coordinación entre generación y transmisión y procesos administrativos que retrasan proyectos.
A partir de ese reconocimiento, Gómez trasladó el debate desde el diagnóstico hacia la ejecución.
La interrogante de FP es por qué problemas identificados dentro de la propia planificación oficial continúan gravitando sobre el desempeño del sistema y qué inversiones concretas se han ejecutado para reducirlos.
FP EXIGE RESULTADOS MEDIBLES
Más que presentar el problema eléctrico exclusivamente como una discusión sobre generación de energía, la Fuerza del Pueblo centró su crítica en la eficiencia de la distribución.
La organización plantea que una reforma efectiva debe combinar inversión en infraestructura, reducción verificable de pérdidas, continuidad en la planificación, fortalecimiento de las redes, protección del consumidor y mecanismos para evaluar a los responsables de las distribuidoras mediante indicadores concretos de desempeño.
Gómez condensó la posición opositora en tres contradicciones que, a juicio de FP, el Gobierno debe explicar: pérdidas globales próximas al 40 %, una EDEESTE que llegaría al 56 % y un déficit de las distribuidoras que habría pasado de US$578 millones a US$1,659 millones entre 2020 y 2025.
La organización sostiene que esos indicadores deben ser contrastados con la cantidad de recursos públicos transferidos al sector durante el mismo período y con la experiencia cotidiana de los consumidores.
El argumento final de Gómez apuntó precisamente hacia esa distancia entre los indicadores oficiales y la percepción ciudadana.
“Después de seis años, el pueblo dominicano no necesita que le expliquen por qué se va la luz. Necesita que no se vaya. No necesita explicaciones sobre las pérdidas. Necesita que se reduzcan. No necesita que le digan que el sistema está mejor. Necesita sentirlo en su casa, en su negocio y en su factura”, concluyó el documento presentado por la Secretaría de Energía de Fuerza del Pueblo.
