SEGURIDAD CIUDADANA | REFORMA POLICIAL.
El Gobierno intensifica operaciones contra la delincuencia en medio de cuestionamientos por muertes durante intervenciones. En el Congreso, tres proyectos destinados a modificar la Ley Orgánica esperan que una comisión bicameral comience a trabajar.
Por José Espinal Marcelo | Vértice critico.
Santo Domingo. La política de seguridad dominicana avanza actualmente a dos velocidades.
En las calles, la Policía Nacional intensifica la persecución de personas requeridas por la justicia y el Gobierno defiende una estrategia que, según sus estadísticas, ha reducido homicidios y robos.
En el Congreso, entretanto, la legislación destinada a reformar la propia institución policial vuelve a acumular retrasos.
El proyecto originalmente presentado por el Poder Ejecutivo en diciembre de 2025 permaneció más de siete meses bajo estudio, fue aprobado por el Senado después de recibir más de 60 modificaciones y llegó a la Cámara de Diputados cuando quedaban pocos días de la legislatura.
No consiguió completar el trámite y perimió el 26 de julio.
Ahora existen tres iniciativas distintas para modificar la Ley Orgánica de la Policía Nacional.
El Congreso decidió concentrarlas en una comisión bicameral, formalmente integrada el 16 de septiembre. Sin embargo, hasta el 1 de octubre el Sistema de Información Legislativa de la Cámara de Diputados no registraba una primera reunión de esa comisión.
La distancia entre la velocidad operacional y la legislativa adquiere mayor importancia por lo que está ocurriendo fuera del Congreso.
Más operaciones, más escrutinio
Septiembre produjo una intensa controversia sobre el uso policial de la fuerza.
Un levantamiento publicado por Diario Libre contabilizó al menos 37 personas fallecidas entre el 5 y el 27 de septiembre en hechos que la Policía reportó como “intercambios de disparos”. El mismo registro situaba en al menos 115 las muertes reportadas bajo esa descripción entre el 5 de enero y el 27 de septiembre.
Esas cifras corresponden a un recuento periodístico y no sustituyen la investigación judicial de las circunstancias individuales de cada caso.
El defensor del Pueblo, Pablo Ulloa, ha cuestionado que la privación de la vida pueda sustituir una condena judicial. Organizaciones de derechos humanos también han reclamado investigaciones sobre las actuaciones policiales.
La ministra de Interior y Policía, Faride Raful, rechazó el 30 de septiembre que los denominados intercambios de disparos constituyan una política de Estado y señaló que la reforma policial impulsada por el Ejecutivo incluye la preservación de los derechos humanos entre sus prioridades.
Las dos posiciones colocan el debate precisamente donde una nueva ley adquiere importancia: las reglas institucionales bajo las cuales debe operar una Policía con mayores capacidades.
El Ejecutivo ya preparó reglamentos para una ley que no existe todavía
La paradoja legislativa tiene otro componente.
En febrero, el Poder Ejecutivo creó mediante el Decreto 118-2026 una comisión especial encargada de preparar propuestas de reglamentos para la nueva Ley Orgánica de la Policía Nacional, anticipándose a su eventual aprobación.
El decreto otorgó tres meses para entregar esas propuestas.
Pero la legislación para la cual se preparaban los reglamentos no completó posteriormente el Congreso.
Ahora el proceso legislativo prácticamente ha regresado al comienzo.
La comisión bicameral deberá decidir cómo manejar tres propuestas diferentes, incluida la posibilidad de fusionarlas. Después tendrán que producirse el estudio, los informes correspondientes, las votaciones de ambas cámaras y, si finalmente es aprobada, la promulgación.
Mientras ese proceso avanza, la Policía continúa operando bajo el marco jurídico vigente.
Ahí reside el contraste central de la coyuntura, el Estado está exigiendo más capacidad operativa a la Policía en un momento en que la actualización de las reglas destinadas a gobernar esa capacidad sigue pendiente en el Congreso.
