"Las venas abiertas nunca se han cerrado y sigue saliendo la sangre de una herida brutal". (Recordando a Eduardo Galeano).
Por Fidel Soto Castro | Vértice Crítico.
La imposición del DR-CAFTA y la realidad productiva de una nación subdesarrollada.
Los alabarderos y defensores de la política pentagonista argumentan que los productores nacionales tuvieron veinte años de oportunidad para adecuar sus modelos de producción y hacerse competitivos frente a los productores estadounidenses y que, si no lo hicieron, son los únicos responsables de que el arroz producido en Estados Unidos entre hoy a competir con bajos precios con la producción arrocera nacional.
El argumento parece correcto a primera vista, pero parte de una premisa falsa: supone que dos productores que participan en un mismo mercado mundial parten de condiciones económicas, tecnológicas y financieras semejantes. Y no es así. La llamada competitividad internacional no puede analizarse al margen de las enormes diferencias existentes entre una economía superdesarrollada, con alta productividad, tecnología avanzada, crédito abundante, infraestructura, investigación agrícola y mecanismos de apoyo estatal, y una economía subdesarrollada y dependiente, cuyos productores enfrentan costos financieros, tecnológicos y de infraestructura considerablemente mayores.
Por eso, no basta con decirle al productor dominicano que tuvo veinte años para hacerse competitivo. La pregunta fundamental es: ¿competitivo frente a quién, con qué capital, con qué tecnología, con qué productividad y bajo qué condiciones de mercado? La existencia de un período de transición no elimina las desigualdades estructurales entre las economías que participan en el intercambio.
El DR-CAFTA fue firmado en 2004 y estableció una amplia liberalización comercial, con eliminación inmediata de buena parte de los aranceles y un calendario para la eliminación progresiva de los restantes. Pero una cosa es abrir los mercados y otra muy distinta es construir las condiciones materiales para que las economías más débiles puedan competir en igualdad de condiciones con las más desarrolladas.
El interés económico de una gran potencia tiende a proyectarse hacia el exterior en función de las necesidades de sus empresas, sus productores y sus mercados. Allí aparece la contradicción entre los intereses de una economía dependiente y los de las grandes economías superdesarrolladas, donde el capital dispone de una capacidad productiva, tecnológica y financiera muy superior. Por eso, la apertura comercial no puede ser presentada como una competencia entre iguales cuando las condiciones de partida son radicalmente desiguales.
El problema no consiste simplemente en que el productor dominicano no haya sabido modernizarse. El problema es que la modernización productiva requiere capital, tecnología, investigación, asistencia técnica, infraestructura, crédito, acceso a mercados y políticas públicas sostenidas. Sin esos instrumentos, exigirle a un productor de una economía dependiente que compita en precio con un productor de una economía superdesarrollada equivale a confundir la existencia formal de la competencia con la existencia real de condiciones competitivas.
El caso del arroz de Haití sin el DR-CAFTA
El caso de Haití resulta particularmente ilustrativo. Su experiencia demuestra que la liberalización de un mercado agrícola no produce necesariamente una competencia equilibrada cuando los productores nacionales se enfrentan a productos importados provenientes de una economía con mayores niveles de productividad y con mecanismos de apoyo a su agricultura.
En 1995, Haití redujo abruptamente los aranceles al arroz, de 50 % a apenas 3 %. De acuerdo con un estudio del Banco Mundial, después de esa liberalización aumentaron rápidamente las importaciones provenientes de Estados Unidos, mientras los precios recibidos por los productores haitianos descendieron alrededor de 25 %. La producción nacional, que había alcanzado unas 180.000 toneladas anuales en el período 1986-1989, descendió a unas 105.000 toneladas en 1997-1999. El mismo estudio señalaba que el apoyo gubernamental al sector arrocero estadounidense representaba entonces aproximadamente el 40 % del valor de su producción.
Es decir, el campesino haitiano no estaba enfrentándose únicamente a otro campesino más eficiente. Estaba enfrentándose, en realidad, a una estructura agrícola respaldada por una economía mucho más poderosa. La diferencia no estaba solamente en la capacidad individual del productor, sino en todo el sistema productivo que estaba detrás de cada kilogramo de arroz colocado en el mercado.
El resultado fue el debilitamiento progresivo de la producción nacional y una creciente dependencia de las importaciones. La situación haitiana actual confirma la profundidad de aquella transformación: el Departamento de Agricultura de Estados Unidos estima que Haití importa aproximadamente el 90 % del arroz que consume.
La experiencia haitiana permite comprender el verdadero problema: cuando una economía débil abre su mercado agrícola sin haber desarrollado previamente las condiciones necesarias para que sus productores puedan competir, la importación barata puede beneficiar al consumidor en el corto plazo, pero también puede destruir capacidades productivas internas y aumentar la dependencia alimentaria.
Por eso, cuando se afirma que los arroceros dominicanos tuvieron veinte años para prepararse, habría que agregar una pregunta que casi nunca aparece en el discurso de los defensores de la apertura: ¿qué hicieron durante esos veinte años las políticas públicas para elevar la productividad del productor dominicano hasta colocarlo en condiciones reales de competir con una agricultura superdesarrollada?
¿Qué asistencia y ayuda recibió la República Dominicana de parte de su poderoso socio comercial para adecuar su productividad con tecnología y financiamiento?
Porque veinte años pueden ser mucho tiempo en el calendario, pero pueden ser muy poco cuando se pretende cerrar una brecha histórica de productividad, tecnología, capital e infraestructura.
La verdadera discusión, por tanto, no es si el arroz dominicano debe ser competitivo. Naturalmente que debe buscarse una mayor productividad y eficiencia. La discusión es otra: si puede llamarse competencia libre e igualitaria a la confrontación entre economías estructuralmente desiguales, cuando una de ellas dispone de recursos productivos y financieros incomparablemente superiores a los de la otra.
Ahí está el fondo del problema del arroz y, más allá del arroz, de la relación entre las naciones superdesarrolladas y las naciones atrasadas y dependientes. La apertura de los mercados puede ser presentada como libertad comercial, pero si las condiciones de partida son profundamente desiguales, la libertad jurídica para competir no significa necesariamente igualdad económica para hacerlo.
