Editorial Vértice crítico.
La convocatoria a una marcha vehicular en defensa de la Cordillera Septentrional es la expresión legítima de una conciencia colectiva que ha comprendido que, allí donde avanza la lógica extractiva, retroceden el agua, la biodiversidad y la vida misma. Defender la Cordillera es un acto de responsabilidad histórica frente a un modelo que insiste en sacrificar el patrimonio natural en nombre de un supuesto “desarrollo” que deja destrucción y dependencia.
La Cordillera Septentrional constituye una reserva estratégica para el país. De ella dependen importantes cuencas hidrográficas, ecosistemas frágiles y actividades productivas sostenibles como la agricultura, el ecoturismo y la vida comunitaria rural. Pretender someter este territorio a la explotación minera equivale a hipotecar el futuro por beneficios inmediatos concentrados en pocas manos. La experiencia regional y global es clara: donde entra la minería, salen el agua limpia, los suelos fértiles y la soberanía ambiental.
Resulta significativo que sean comunidades organizadas, junto a sectores eclesiales y sociales, quienes levanten la voz frente al silencio institucional. Cuando el Estado titubea o prioriza intereses económicos de corto plazo, la ciudadanía asume el rol de guardiana del bien común. En ese sentido, la movilización anunciada no es solo una protesta; es una advertencia ética y política: la naturaleza no puede seguir siendo tratada como mercancía.
El discurso del “progreso” asociado a la minería ha demostrado ser una falacia persistente. Promete empleo y crecimiento, pero deja pasivos ambientales, enfermedades, desplazamientos y pobreza estructural. Frente a ello, la defensa del medio ambiente no es una postura romántica ni antidesarrollo, sino una afirmación de un modelo distinto: uno que coloque la vida en el centro y reconozca que los recursos naturales son finitos y estratégicos.
La solidaridad expresada con comunidades del sur del país y de la zona fronteriza refuerza una verdad incómoda: el problema no es local, es nacional. La amenaza extractiva se desplaza de región en región, aprovechando debilidades institucionales y discursos tecnocráticos que desprecian el valor social y cultural de los territorios. Por eso, la defensa de la Cordillera Septentrional interpela a toda la nación.
Corresponde a los poderes públicos escuchar este clamor y actuar con responsabilidad histórica. Declarar estos territorios libres de explotación minera no es una concesión, es una obligación constitucional y moral. El medio ambiente no admite negociaciones opacas ni decisiones tomadas de espaldas al pueblo.
Hoy, cuando comunidades enteras se movilizan para proteger su “oro verde”, el país está ante una disyuntiva clara: persistir en un modelo depredador o asumir, con valentía, que sin agua, sin tierra y sin biodiversidad no hay nación posible. La Cordillera no se vende. Defenderla es defender la vida.
