La ausencia de una explicación oficial y los testimonios de compañeros del agente alimentan las dudas sobre el manejo institucional de una investigación interna y la atención a la salud mental del personal policial.
Por Luís Rodríguez | Vértice Crítico.
Santiago. La muerte del segundo teniente de la Policía Nacional Florángel Duarte Rodríguez, de 40 años, cuyo cuerpo fue encontrado la noche del pasado domingo dentro del destacamento de El Ejido, ha generado un creciente clima de incertidumbre y cuestionamientos sobre los mecanismos de supervisión, acompañamiento psicológico y control interno de la institución.
Mientras las autoridades mantienen silencio sobre las circunstancias del hecho, compañeros de labores y familiares del oficial sostienen que el agente atravesaba un proceso de profunda afectación emocional tras ser sometido durante semanas a investigaciones relacionadas con un presunto caso de extorsión ocurrido en el municipio de San José de las Matas.
De acuerdo con testimonios recogidos entre miembros de la institución, Duarte Rodríguez insistía de forma reiterada en que no tenía participación en los hechos investigados y manifestaba sentirse sometido a una intensa presión durante los interrogatorios realizados por organismos de control interno.
Según esas versiones, el oficial comenzó a mostrar cambios notorios en su conducta, aislamiento, pérdida de ánimo y un progresivo deterioro emocional que, aseguran sus allegados, llegó a afectar su memoria y desenvolvimiento cotidiano.
Policías consultados consideran que esas señales debieron activar mecanismos institucionales de evaluación y apoyo psicológico, especialmente tratándose de un miembro de la fuerza sometido a una investigación administrativa. Varios agentes entienden que el caso obliga a revisar los protocolos existentes para la protección de la salud mental del personal policial.
La preocupación también alcanza a familiares y amigos del fallecido, quienes reclaman una investigación transparente que permita esclarecer tanto las circunstancias de su muerte como el tratamiento que recibió durante el proceso disciplinario al que estaba siendo sometido.
Hasta el momento, la Policía Nacional no ha ofrecido información oficial sobre las causas del fallecimiento ni ha precisado si el oficial recibía asistencia psicológica, si existían reportes internos sobre su estado emocional o qué medidas de acompañamiento fueron adoptadas durante la investigación.
El caso vuelve a colocar sobre la mesa el debate acerca de la responsabilidad institucional en el cuidado de la salud mental de los agentes encargados de la seguridad pública, especialmente cuando enfrentan procesos disciplinarios o investigaciones que puedan comprometer su estabilidad emocional, mientras familiares, compañeros y la opinión pública esperan respuestas oficiales que permitan esclarecer lo ocurrido.
