Por Emmanuel Aquino Alvarado | Vértice Crítico.
He leído con atención el artículo «La gobernabilidad también merece una oportunidad», del señor Juan de la Cruz Gómez Pérez. Coincido con él en algo esencial: toda autoridad legítimamente electa merece el tiempo y las condiciones necesarias para desarrollar el programa de gestión que la comunidad universitaria le encomendó.
Sin embargo, hay un principio aún más importante, sin el cual ninguna gobernabilidad es posible: el respeto al derecho ajeno.
No puede existir gobernabilidad donde se desconozcan derechos adquiridos, se ignore la Carrera Administrativa o se pretenda colocar la discrecionalidad por encima de la norma. La estabilidad institucional no nace del silencio de quienes poseen un derecho legítimo, sino de la confianza de que las reglas serán aplicadas con objetividad y sin favoritismos.
El propio autor sabe muy bien que el respeto a los derechos de los demás es la única oportunidad real que tiene cualquier autoridad para gobernar con paz y legitimidad. La gobernabilidad no se decreta; se construye. Y se construye cuando quienes dirigen generan confianza, demostrando que la ley se aplica por igual para todos.
Se afirma que apenas han transcurrido diez días de gestión y que debe concederse tiempo a las nuevas autoridades. Nadie discute esa realidad. Lo que sí debe quedar claro es que el paso del tiempo no suspende derechos ni detiene la vigencia de los reglamentos universitarios.
Los derechos no nacen cuando una autoridad decide reconocerlos; existen desde el momento en que la norma los consagra.
Por ello, reclamar el respeto a la Carrera Administrativa no constituye una presión indebida ni un atentado contra la gobernabilidad. Es, precisamente, una defensa de la institucionalidad que el propio artículo dice proteger.
Se plantea que ningún derecho puede darse por consumado antes de la decisión de la autoridad competente. Esa afirmación es correcta. Pero también es cierto que ninguna autoridad puede actuar como si los derechos previamente reconocidos por la normativa fueran simples expectativas sujetas a conveniencias políticas.
El debido proceso protege tanto a la administración como a los administrados.
Cuando un servidor de carrera reclama la aplicación de un reglamento, no está pidiendo privilegios. Está solicitando que la institución haga exactamente lo que ella misma estableció en sus normas.
No es el reclamo respetuoso el que pone en riesgo la gobernabilidad.
Lo que verdaderamente la pone en riesgo es que la comunidad perciba que las reglas pueden modificarse según las personas involucradas o los intereses del momento.
La historia demuestra que los grandes conflictos institucionales no nacen porque alguien exija el cumplimiento de un derecho. Surgen cuando los derechos son desconocidos.
Por eso sorprende que se presente como una amenaza para la estabilidad aquello que, en realidad, fortalece la institucionalidad. La mejor forma de proteger la imagen de la UASD no es pedir silencio frente a los derechos, sino garantizar que cada actuación administrativa se encuentre plenamente respaldada por la legalidad.
Quienes hoy reclaman respeto a la Carrera Administrativa no están enfrentando a las nuevas autoridades. Les están ofreciendo la oportunidad de comenzar su gestión enviando el mensaje más importante que puede recibir la comunidad universitaria: en esta administración se respetarán los reglamentos, la ley y los derechos de todos.
Esa es la verdadera gobernabilidad.
Porque gobernar no consiste únicamente en ejercer autoridad.
Gobernar es generar confianza.
Y la confianza solo nace cuando existe seguridad de que el derecho ajeno será respetado.
Como afirmaba Benito Juárez:
«El respeto al derecho ajeno es la paz».
Podríamos agregar hoy:
Y el respeto al derecho ajeno es también la única garantía de una gobernabilidad verdadera, legítima y duradera.
La nota: El autor es Coordinador Administrativo UASD.
