El Quinto Congreso por la Libertad Sindical coloca en el centro de su agenda la defensa de la cesantía, la indexación salarial, una reforma integral de la seguridad social y el combate a las prácticas antisindicales. El encuentro llama a convertir la unidad de los trabajadores en movilización frente a cualquier intento de reducir conquistas laborales.
Por José Espinal Marcelo | Fotos fuente externa | Vértice crítico.
Santo Domingo, República Dominicana. El Quinto Congreso por la Libertad Sindical, impulsado por la Unión Clasista de Trabajadores (UCT), cerró con una declaración que endurece la posición del movimiento sindical frente a eventuales retrocesos en la legislación laboral y plantea una agenda de movilización alrededor de cuatro grandes reivindicaciones: defensa de la cesantía, salarios justos, transformación de la seguridad social y garantía efectiva de la libertad sindical.
La declaración final parte de un diagnóstico crítico de la coyuntura internacional y dominicana. El Congreso sostiene que las guerras, las tensiones geopolíticas, la desigualdad económica y el deterioro de derechos sociales están trasladando sobre trabajadores y pueblos el costo de crisis que, afirma, estos no provocaron.
En el plano nacional, el documento advierte que el aumento de los precios de alimentos, medicamentos, transporte, vivienda y servicios básicos continúa erosionando el poder adquisitivo. Frente a ello, reivindica salarios dignos, empleos estables, protección social y respeto a los derechos individuales y colectivos de los trabajadores.
La cesantía, línea roja del Congreso
Uno de los pronunciamientos más categóricos está relacionado con la discusión sobre la legislación laboral dominicana.
El Congreso rechaza cualquier modificación del Código de Trabajo que, a juicio de las organizaciones participantes, pueda convertirse en una «contrarreforma laboral» orientada a debilitar la estabilidad en el empleo, restringir la negociación colectiva, facilitar los despidos o disminuir las prestaciones reconocidas por la legislación.
En ese escenario, la cesantía aparece como una frontera que el Congreso declara innegociable.
El documento la define como una «conquista irrenunciable» que no debe utilizarse como moneda de cambio y sostiene que cualquier modernización de la normativa laboral tendría que ampliar derechos y responder a las nuevas modalidades de trabajo, en lugar de profundizar la precarización.
La declaración no se limita al rechazo. Llama a sindicatos y trabajadores a mantenerse «vigilantes, unidos y movilizados» y plantea acciones comunes en defensa de la cesantía, la jornada laboral, la estabilidad, las prestaciones y la negociación colectiva.
Reclaman transformar el sistema de seguridad social
El segundo gran frente abierto por el Congreso es la Ley 87-01 y el modelo dominicano de seguridad social.
Para los participantes, la salud, las pensiones y la protección frente a riesgos laborales deben considerarse derechos fundamentales y no quedar subordinados al lucro de las Administradoras de Riesgos de Salud (ARS), las Administradoras de Fondos de Pensiones (AFP) y los grupos financieros.
El Congreso demanda una reforma integral que garantice pensiones dignas, atención médica oportuna y de calidad, reducción del gasto de bolsillo de las familias, cobertura independientemente de la modalidad de empleo, transparencia en el manejo de los recursos y participación de los trabajadores en la dirección y fiscalización del sistema.
Con ello, el encuentro sindical se declara contrario a cualquier reforma que, desde su perspectiva, profundice el modelo de negocios de las ARS y AFP sin traducirse en mayor protección para los afiliados.
Indexación salarial entra en la agenda reivindicativa
Otro de los puntos de mayor impacto económico de la declaración es la exigencia de aplicar la indexación de la escala utilizada para el impuesto sobre la renta de los asalariados.
El Congreso reclama el cumplimiento del artículo 327 del Código Tributario, señalando que mantener congelados los tramos impositivos provoca que trabajadores terminen pagando mayores impuestos aun cuando sus ingresos no hayan registrado un crecimiento real equivalente.
Sin embargo, el documento establece una distinción importante: para el Congreso, indexar la escala impositiva protege parcialmente el poder adquisitivo, pero no sustituye los aumentos salariales.
Por ello reclama una política salarial vinculada al costo real de la canasta familiar y advierte que los incrementos de sueldo no deberían quedar por debajo del aumento de los precios ni ser absorbidos posteriormente por la inflación.
Denuncian prácticas antisindicales
La libertad sindical constituye otro de los ejes centrales de la resolución.
Según las denuncias recogidas durante los precongresos, todavía se producen prácticas patronales dirigidas a impedir, limitar o sancionar la organización de trabajadores. El Congreso sostiene que la libertad sindical no puede quedar circunscrita a su reconocimiento constitucional, legal o convencional, sino que debe garantizarse efectivamente dentro de empresas y centros laborales.
En consecuencia, exige al Ministerio de Trabajo y demás autoridades competentes investigar y sancionar las prácticas antisindicales y plantea que el Estado debe actuar como garante de este derecho fundamental.
El Congreso también asume el compromiso de acompañar a sindicatos y trabajadores que denuncien persecución y promover respuestas solidarias frente a intentos de destruir organizaciones sindicales.
Una declaración construida desde los precongresos
La agenda aprobada no surgió exclusivamente de la jornada final. El documento explica que estuvo precedida por precongresos en las regiones Este, Sur y Norte, además de encuentros en el Gran Santo Domingo, donde fueron recogidas experiencias, preocupaciones y propuestas de trabajadores de diferentes sectores.
Ese proceso permitió identificar, según la declaración, un denominador común: mientras cambian las condiciones entre distintas ramas productivas, persisten problemas relacionados con salarios, costo de vida, estabilidad, derechos laborales y capacidad de organización sindical.
El Congreso también incorpora una dimensión internacionalista. Plantea fortalecer los vínculos del sindicalismo dominicano con organizaciones de América Latina, el Caribe y otras regiones, bajo la premisa de que las disputas laborales contemporáneas trascienden las fronteras nacionales.
De la declaración a la movilización
El cierre del documento sintetiza la orientación que el Congreso pretende imprimir a su agenda posterior: «¡No a la contrarreforma laboral! ¡La cesantía no se toca!», junto a reivindicaciones por libertad sindical, negociación colectiva, salarios justos, indexación de la escala salarial, reforma de la seguridad social y acciones contra el alto costo de la vida.
La declaración fue emitida en Santo Domingo, el 30 agosto de 2026, en el marco del Quinto Congreso por la Libertad Sindical.
Más que una resolución de cierre, el documento configura una hoja de ruta reivindicativa: preservar conquistas históricas, disputar el contenido de las reformas laboral y de seguridad social y articular una respuesta común frente al deterioro salarial y las denuncias de restricciones a la organización sindical.
El desafío que queda planteado después del Congreso será trasladar esas resoluciones desde el documento a los centros de trabajo y convertir la proclamada unidad sindical en capacidad efectiva de organización y movilización.
