UNNOH, CENEH, CUTRASEPH y el Colegio de Abogados Jóvenes de Puerto Príncipe atribuyen más de 40 muertes a un ataque de la coalición armada Viv Ansanm y acusan a las autoridades de no responder ante las alertas. Las entidades reclaman una investigación judicial, asistencia urgente a las víctimas y una respuesta coordinada de las fuerzas de seguridad.
Mesa de redacción internacional | Foto fuente | Vértice crítico.
Puerto Príncipe, Haití. Cuatro organizaciones sindicales, educativas y jurídicas haitianas denunciaron este domingo una nueva matanza en el municipio de Kenscoff, donde aseguran que más de 40 personas perdieron la vida durante un ataque ocurrido entre la noche del 23 y la madrugada del 24 de agosto de 2026.
La denuncia fue formulada por la Unión Nacional de Normalistas de Haití (UNNOH), CENEH, CUTRASEPH y el Colegio de Abogados Jóvenes de Puerto Príncipe, que atribuyen la acción a la coalición armada Viv Ansanm y cuestionan severamente la actuación de las autoridades responsables de la seguridad nacional.
Según el comunicado conjunto, entre las víctimas figuran niños, trabajadores agrícolas y empleados municipales. Las organizaciones también denuncian incendios de decenas de viviendas y el desplazamiento forzoso de numerosos residentes, describiendo sectores de Kenscoff como comunidades devastadas por la violencia.
Las entidades calificaron lo ocurrido como una grave vulneración del derecho a la vida y sostienen que el episodio forma parte de una crisis de seguridad que continúa sometiendo a la población haitiana a elevados niveles de violencia.
Cuestionan actuación de las autoridades
Uno de los puntos más severos del pronunciamiento está dirigido contra el Consejo Superior de la Policía Nacional (CSPN) y los mandos de los organismos de seguridad.
Las organizaciones preguntan si los servicios de inteligencia, el CSPN y el alto mando de las Fuerzas Armadas tenían conocimiento previo de la posibilidad de un ataque en Kenscoff y, de ser así, por qué no se produjo una respuesta capaz de proteger a la población.
A partir de esas interrogantes, los firmantes plantean dos hipótesis: una eventual complicidad dentro de estructuras estatales o un grave incumplimiento de las responsabilidades institucionales.
Se trata de acusaciones formuladas por las organizaciones en su comunicado y que requerirían una investigación independiente para determinar responsabilidades.
El documento va todavía más lejos al caracterizar la inseguridad haitiana como una estructura que beneficia a determinados intereses nacionales e internacionales. A juicio de los firmantes, la prolongación del caos contribuye al debilitamiento político y económico del país y crea condiciones favorables para una mayor intervención extranjera.
Reclaman renuncias en la estructura de seguridad
Ante la gravedad de la situación, las cuatro entidades exigen la dimisión inmediata de los principales integrantes del CSPN y responsables de los organismos de seguridad, incluyendo al primer ministro, los ministros de Interior y Justicia, la Dirección General de la Policía Nacional de Haití (PNH), la Inspectoría General y el alto mando de las Fuerzas Armadas.
Argumentan que estos funcionarios habrían incumplido su responsabilidad de garantizar la protección de la ciudadanía.
También reclaman una operación policial y militar inmediata, coordinada y sostenida destinada a recuperar el control territorial en Kenscoff y sus alrededores y desarticular los grupos armados que operan en la zona.
A esto agregan la exigencia de una investigación judicial transparente que permita establecer quiénes participaron materialmente en la matanza y determinar si existieron complicidades dentro de la cadena de mando estatal.
Las organizaciones piden, además, asistencia humanitaria urgente para las familias afectadas y los desplazados, incluyendo atención psicológica y apoyo logístico.
Rechazan que la salida a la crisis sea diseñada desde el exterior
El documento introduce igualmente el debate sobre la participación internacional en la crisis haitiana y reivindica una solución construida desde el propio país.
Para sustentar esta posición, las organizaciones citan declaraciones que atribuyen al congresista estadounidense Gregory Meeks, realizadas el pasado 21 de julio durante una audiencia de la Comisión de Asuntos Exteriores de la Cámara de Representantes de Estados Unidos.
Según la cita reproducida en el comunicado, Meeks habría reconocido que las políticas aplicadas por administraciones estadounidenses demócratas y republicanas no han producido los resultados esperados y habría advertido que una nueva solución impuesta desde fuera tampoco resolvería la crisis.
El planteamiento citado sostiene que el futuro haitiano no debe diseñarse en Washington, Nueva York o Ginebra, y que una fuerza internacional de seguridad no puede sustituir instituciones legítimas, gobernanza efectiva y confianza ciudadana.
Llamado a una movilización nacional
En su parte final, el comunicado eleva considerablemente el tono político y plantea la necesidad de una transformación profunda del sistema de gobernanza.
UNNOH, CENEH, CUTRASEPH y el Colegio de Abogados Jóvenes consideran que combatir la violencia requiere instituciones depuradas, un sistema judicial funcional y estructuras policiales y militares capaces de responder a las necesidades de la población.
Bajo esa perspectiva, las organizaciones llaman a una movilización ciudadana de alcance nacional contra lo que denominan un sistema de terror, la impunidad y las estructuras criminales.
El pronunciamiento reclama que esa movilización tenga como objetivos la justicia, reparación para las víctimas, soberanía nacional y recuperación de las instituciones públicas.
La declaración representa así no solamente una denuncia por los acontecimientos atribuidos a grupos armados en Kenscoff, sino un cuestionamiento integral de la conducción política y de seguridad del país.
En una nación sometida durante años a una profunda crisis institucional y al creciente poder territorial de organizaciones armadas, la denuncia vuelve a colocar una pregunta fundamental en el centro del debate haitiano: quién protege a la población cuando las instituciones encargadas de garantizar su seguridad son señaladas precisamente por no haberlo hecho.
El comunicado está firmado por Josué Merilen, en representación de UNNOH; Jean Marie Ferdinand, por CENEH; el abogado Eddy-Paul Fleurant, por el Colegio de Abogados Jóvenes de Puerto Príncipe, y Esther Eloy, por CUTRASEPH.
