El Estado ha destinado alrededor de RD$36,000 millones para amortiguar las alzas de los carburantes durante 2026. El encarecimiento internacional del diésel obliga al Gobierno a escoger cuánto del choque absorbe el presupuesto y cuánto termina trasladándose a consumidores y empresas.
Por Luís Rodríguez | Vértice critico.
Santo Domingo. La factura de mantener bajo control los precios de los combustibles comienza a convertirse en uno de los principales desafíos de las finanzas públicas dominicanas. El Gobierno calcula que el esfuerzo para contener las alzas podría cerrar 2026 en torno a RD$50,000 millones, si las tensiones del mercado energético internacional persisten durante los próximos meses.
El dato adquiere otra dimensión cuando se compara con lo ya desembolsado, aproximadamente RD$36,000 millones han sido destinados este año a amortiguar el costo de los carburantes, según informó el ministro de Hacienda y Economía, Magín Díaz. Solo para la semana comprendida entre el 26 de septiembre y el 2 de octubre, el sacrificio fiscal fue estimado en cerca de RD$1,800 millones.
La presión no procede exclusivamente del petróleo. El comportamiento del diésel se ha convertido en un factor particularmente sensible.
Los datos presentados por Hacienda indican que, mientras el crudo WTI se encontraba 68 % por encima de su nivel de comienzos de año, el diésel acumulaba un incremento de 130 %. El gasoil regular y el óptimo reciben actualmente subsidios superiores a RD$100 por galón, equivalentes a alrededor del 40 % y 45 % de sus respectivos precios al consumidor.
La situación coloca al Gobierno frente a una ecuación compleja: si absorbe una proporción elevada del incremento internacional, aumenta la presión sobre las cuentas públicas; si reduce el subsidio y permite que una mayor parte del costo llegue al mercado interno, el impacto puede extenderse desde las estaciones de combustibles hacia el transporte, la distribución y los precios finales.
El combustible no termina en el surtidor
El efecto económico del gasoil trasciende al propietario de un vehículo.
Camiones que transportan alimentos, autobuses, equipos agrícolas, industrias y redes de distribución dependen directa o indirectamente de los derivados del petróleo. Por eso, una variación sostenida en esos precios puede convertirse en un costo transversal para la economía.
Los datos más recientes del Banco Central permiten observar parte de ese mecanismo.
En agosto, el Índice de Precios al Consumidor aumentó 0.38 %, mientras la inflación interanual se situó en 5.13 %. Dentro de ese resultado, el grupo Transporte registró un incremento de 0.26 %, impulsado, entre otros factores, por los reajustes aplicados a las gasolinas regular y premium y al gasoil.
No significa que un aumento del combustible se traduzca automática y proporcionalmente en inflación general. Pero sí confirma que los carburantes constituyen uno de los canales mediante los cuales las variaciones externas pueden llegar al índice de precios dominicano.
El Banco Central también informó que la inflación subyacente se situó en 4.76 % en agosto, dentro del rango de referencia de 4 % ± 1 %.
Un amortiguador cada vez más costoso
El subsidio funciona, en consecuencia, como una barrera fiscal entre el precio internacional y el consumidor.
Pero esa barrera tiene límites presupuestarios.
Hacienda reportó un déficit fiscal acumulado de RD$165,000 millones hasta agosto, equivalente al 1.9 % del producto interno bruto. El presupuesto reformulado contempla cerrar el ejercicio con un déficit de RD$280,575 millones, equivalente al 3.2 % del PIB.
La posibilidad de terminar destinando RD$50,000 millones a combustibles adquiere relevancia precisamente dentro de ese escenario.
No se trata únicamente de cuánto cuesta mantener congelado o parcialmente contenido el precio de un galón. Los recursos utilizados para financiar subsidios forman parte de una estructura presupuestaria en la que también compiten inversión pública, educación, salud, infraestructura y programas sociales.
El Gobierno conocía desde meses atrás la magnitud potencial del problema. Documentos oficiales elaborados en junio proyectaban que, dependiendo del comportamiento del WTI, el costo anual de los subsidios podía situarse aproximadamente entre RD$40,000 millones y RD$50,000 millones.
¿Subsidio para quién?
Existe, además, una discusión sobre quién recibe realmente el beneficio.
Díaz ha advertido que los subsidios generalizados también favorecen ampliamente a los hogares de mayores ingresos, debido a que estos consumen mayores cantidades de combustibles y energía en términos absolutos.
Según estimaciones presentadas por Hacienda, el 20 % de mayores ingresos concentra entre 37 % y 77 % de los recursos correspondientes a los principales subsidios generalizados, dependiendo del programa analizado. El ministro ha utilizado esos datos para defender una transición hacia mecanismos más focalizados.
El dilema, sin embargo, permanece.
Eliminar abruptamente la protección puede aumentar costos de transporte y producción; sostenerla indefinidamente puede convertir el choque petrolero internacional en una creciente obligación para el presupuesto.
República Dominicana está pagando, por tanto, para ganar tiempo frente al encarecimiento energético.
La pregunta económica de los próximos meses será cuánto cuesta ese tiempo y hasta dónde puede financiarlo el Estado sin trasladar la presión de los surtidores hacia las cuentas públicas o, finalmente, hacia los precios que paga la población.
