NACIONALES | PREVENCIÓN
Indotel documentó que transfirió los recursos para adquirir la plataforma Cell Broadcast desde diciembre de 2025. Diez meses después, el mecanismo todavía no alcanza plena integración con las compañías telefónicas. Los recientes temblores trasladaron la discusión desde cuánto se pagó hacia una pregunta más importante: cuándo estará completamente operativo.
Por Luís Rodríguez | Vértice critico.
Santo Domingo. Los movimientos sísmicos sentidos el domingo 27 de septiembre dejaron una interrogante que continuó después de que la tierra dejó de moverse, ¿por qué numerosos teléfonos celulares no recibieron una alerta de emergencia?
La pregunta condujo rápidamente hacia una inversión pública realizada meses antes.
El presidente del Consejo Directivo del Instituto Dominicano de las Telecomunicaciones (Indotel), Guido Gómez Mazara, divulgó un comprobante fechado el 9 de diciembre de 2025 que registra una transferencia de RD$59,937,050.05 hacia la Tesorería Nacional, vinculada a la adquisición de la plataforma Cell Broadcast destinada al Sistema Nacional de Atención a Emergencias y Seguridad 9-1-1.
El funcionario precisó que el aporte equivalió a US$963,000.
El documento despeja la duda de la transferencia del dinero; pero no resuelve otra, la plataforma nacional todavía no estaba completamente desplegada cuando ocurrieron los sismos.
Ese matiz resulta esencial.
La existencia de un desembolso no equivale técnicamente a que todos los componentes de una infraestructura de telecomunicaciones estén instalados, conectados, probados y funcionando simultáneamente con todas las redes móviles.
Un proceso que comenzó antes
El proyecto tiene antecedentes regulatorios anteriores al desembolso.
Indotel estableció mediante normativa el procedimiento para que las prestadoras de telecomunicaciones transmitan alertas y avisos de emergencia a la población. Entre los objetivos expresamente definidos se encuentra garantizar la recepción de esos mensajes tanto en zonas urbanas como rurales.
El expediente regulatorio también muestra que la implementación requería adecuaciones técnicas por parte de las compañías.
Durante el proceso, prestadoras plantearon necesidades de inversión, importación de equipos, instalación, pruebas e integración con la infraestructura estatal. Altice, por ejemplo, advirtió en sus observaciones regulatorias que determinadas adecuaciones podían requerir entre 12 y 18 meses, sin incluir pruebas posteriores con el sistema estatal y ciudadanos.
Es decir, la arquitectura de alerta no dependía únicamente de comprar una plataforma central.
Dependía también de hacerla conversar correctamente con las redes que finalmente llevarían el mensaje hasta millones de teléfonos.
Septiembre ya había revelado las brechas
Diecinueve días antes de los recientes temblores, el país realizó una prueba significativa.
Durante el Simulacro Nacional de Evacuación por Terremoto del 8 de septiembre, el sistema fue utilizado parcialmente. Debido a que todavía se encontraba en fase de despliegue, se combinaron dos mecanismos: Cell Broadcast en las redes donde estaba habilitado y mensajes SMS como complemento.
La estimación preliminar del 9-1-1 indicó que más del 72 % de la población recibió el aviso por alguna de esas vías. La propia institución reconoció entonces que algunas prestadoras ya habían completado la integración tecnológica y otras continuaban trabajando en ella.
También estimó que completar la implementación requeriría aproximadamente otros 70 días a partir de aquella prueba.
Ese dato modifica sustancialmente la lectura de lo ocurrido el domingo.
El sistema que la población esperaba ver actuar frente a un acontecimiento real era todavía, oficialmente, un sistema en construcción tecnológica.
El sismo cambió la naturaleza de la discusión
Hasta ahora, buena parte del debate público ha girado alrededor de los RD$59.9 millones.
Sin embargo, la pregunta de mayor interés público no es únicamente cuánto se desembolsó, sino qué recibió el Estado a cambio, qué componentes están operativos, cuáles permanecen pendientes y cuándo podrá garantizarse cobertura efectiva a escala nacional.
La experiencia del 8 de septiembre había demostrado que existía capacidad parcial. Los temblores del día 27 mostraron, en cambio, las consecuencias prácticas de las brechas que todavía permanecen.
Por eso, una evaluación completa debería precisar al menos cuatro elementos, qué porcentaje de la población puede recibir hoy una alerta mediante Cell Broadcast; cuáles empresas han concluido su integración; qué pruebas faltan para la operación definitiva; y qué protocolos determinan si un fenómeno sísmico específico amerita o no el envío del mensaje.
La tecnología Cell Broadcast posee una ventaja fundamental frente a mecanismos convencionales: permite distribuir simultáneamente información a teléfonos ubicados dentro de una determinada zona sin depender de enviar individualmente millones de mensajes.
Pero una tecnología de emergencia adquiere verdadero valor público cuando funciona en el momento en que se necesita.
Los RD$59.9 millones documentan una inversión. Los próximos pasos tendrán que demostrar su resultado: convertir esa infraestructura tecnológica en una alerta que llegue, oportunamente, al teléfono de la población expuesta al riesgo.
