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Manuel María: la voz vertical de los derechos humanos.

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Manuel Salazar
Manuel Salazar

Por Manuel Salazar | Vértice Crítico. 

En este momento hay una campaña de diatribas contra el compañero Manuel María Mercedes Medina, presidente de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos, la cual remite a la cuestión de los derechos democráticos y al Estado social de derecho que se inscriben en la Constitución de la República.

Manuel María Mercedes Medina, quien se formó como militante político en los tiempos de los crímenes alevosos y extrajudiciales contra la izquierda por parte de la Policía durante el gobierno de los 12 años de Balaguer, postula con claridad meridiana que los delincuentes pobres y los ricos deben ser juzgados y condenados por la justicia.

Corresponde a los tribunales de la República, parte esencial del Estado, juzgar y condenar a todo el que incurra en hechos delincuenciales.

La Policía, parte también del Estado, solo puede perseguir, apresar y someter a la justicia a quienes transgreden la convivencia cívica de la sociedad.

El crimen y la delincuencia deben ser condenados con arreglo a lo que establece el Estado de derecho. Corresponde a la justicia establecer las sanciones.

¿Que la justicia dominicana castiga a una persona que «se roba» un racimo de plátanos para dar de comer a su familia, pero libera o trata con manos de seda a los que se roban millones del erario público? Es una verdad contundente.

En este caso, la lucha continúa para que haya una justicia verdadera en el país.

Pero nada justifica tampoco que la Policía mate a los delincuentes pobres de manera extrajudicial y a los de cuello blanco les dé un trato fino y delicado.

Ambos tipos de delincuentes deben ser juzgados y sancionados por los tribunales correspondientes.

Es lo que postula el Dr. Manuel María Mercedes Medina, conocedor del Estado de derecho y quien, en sus años de estudiante universitario, sufrió por los asesinatos extrajudiciales cometidos por la Policía Nacional contra la juventud dominicana, como ocurrió con Amín Abel Hasbún, Orlando Martínez, William Mieses y cientos y cientos más.

El Estado dominicano ha fracasado en eliminar las causas que generan violencia e inseguridad ciudadana; ha fracasado en impedirlas y controlarlas.

Hay una ciudadanía afectada por esa violencia, y se puede entender que, emocionalmente, parte de esta se muestre partidaria de que se les dé «pa' bajo a los delincuentes».

Pero eso no debe llevar a que se desconozca que el Estado dominicano refugia su fracaso en los crímenes policiales extrajudiciales.

De ahí la supuesta firmeza del presidente Luis Abinader al reclamar a los delincuentes que se entreguen a la Policía «para que no les vaya peor».

Entregarse a la Policía, institución en la que hay muchos oficiales y alistados nobles y correctos, pero que también está infectada en todo el cuerpo por la delincuencia común.

Es posible que, cuando algunos efectivos policiales asesinan a delincuentes, en el fondo se autoincriminen, porque así silencian una posible complicidad de alguna parte del cuerpo policial con la delincuencia organizada.

Manuel María Mercedes Medina lleva a cabo una lucha de principios en defensa del Estado de derecho por el cual hemos luchado varias generaciones de dominicanos desde la Era de Trujillo.

Es, ciertamente, una lucha contracorriente, porque hay muchas voces con poder que la contravienen y lo hacen con una orquestada campaña de diatribas contra la voz y la persona firme y vertical del compañero Manuel María Mercedes Medina.

Pero Manuel María Mercedes Medina es consciente del papel que juega y de las acechanzas a las que se expone.

Además, no está solo. Mucho pueblo y gente consciente lo acompañamos.

1 COMMENT

  1. El artículo de Manuel Salazar, titulado “Manuel Maria: la voz vertical de los derechos humanos”, merece ser visto críticamente.

    Antes que nada, hay que expresar solidaridad con Manuel Maria Mercedes Medina, ante cualquier ataque personal en su contra por la lucha que libra por el respeto a la vida de cada ser humano en RD.

    PERO, es importante hacer algunos señalamientos críticos a ciertos aspectos del artículo de Manuel Salazar.

    Ciertamente:

    EL PUEBLO ESTÁ HARTO DE LA DELINCUENCIA callejera,

    y ESTÁ HARTO DE LA CORRUPCIÓN ADMINISTRATIVA en el estado.

    La justicia debe ejercer MANO DURA con la delincuencia callejera y con la de cuello blanco.

    En un estado de derechos no deben haber ejecuciones extra-judiciales a manos de la policía.

    PERO TAMPOCO debe haber consideraciones, ni mano suave con la delincuencia callejera.

    Por ello, no está bien referirse a la delincuencia callejera como “delincuentes pobres”. Al hacerlo, se equipara a lúmpenes que a diario ejercen violencia, muchas veces salvaje, en contra de la misma gente trabajadora que la izquierda y las fuerzas progresistas quieren organizar y empoderar para que el país se encamine hacia una verdadera democracia participativa.

    UNA COSA ES UNA PERSONA POBRE que se coge un racimo de plátano, o que toma algunos artículos en un supermercado y trata de no pagar por los mismos, porque no tenga los recursos y su familia pase hambre…

    Y OTRA MUY DISTINTA es el delincuente callejero que le pone una pistola en la cabeza, o un cuchillo, amenaza, agrede, dispara o apuñala sin misericordia a un ciudadano para despojarlo de lo poco que tenga.

    CABE ENFATIZAR que la muy inmensa mayoría de los atracos cometidos por los delincuentes callejeros tienen lugar en vecindarios de familias pobres, trabajadoras y sólo en algunos casos de clase media alta.

    La clase alta no tiene que preocuparse de la delincuencia callejera, ya sea porque ellos tienen guardia privada armada 24 horas, o porque el Estado les brinda protección.

    Las fuerzas progresistas deben tener una clara política de denuncia y de confrontar la delincuencia callejera, mayormente porque las familias trabajadoras y pobres son las víctimas principales de dichos delincuentes.

    En realidad, la gente debe ser organizada en los barrios pobres, de trabajadores y de clase media, para defenderse efectivamente contra dichos delincuentes, usando incluso la comunicación a través de algunas plataformas digitales (WhatsApp, etc).

    Se deben organizar vigilias, caminatas en familia, con hombres, mujeres, niñas y niños, en los vecindarios de familias trabajadoras, tanto para denunciar y demandar los espacios públicos para las familias trabajadoras, que se merecen recobrar la libertad ya perdida de poder salir a caminar con sus hijas e hijos por la calle, de sentarse a charlar con vecinos, de jugar en el vecindario si así lo quisieran, sin el asecho y la amenaza constante de los delincuentes callejeros, así como para denunciar la falta de protección policial-oficial.

    DE ESOS VECINDARIOS DE FAMILIAS TRABAJADORAS es que sale a diario la fuerza laboral que mantiene la economía del país, y que produce las riquezas que van a las arcas de los multi millonarios capitalistas.

    LO MÍNIMO que el Estado debe hacer es garantizar el libre tránsito y la seguridad de esas familias trabajadoras, ya que mal usa su policía e incluso el ejército para reprimir a los trabajadores del campo y de la ciudad cuando éstos protestan y demandan sus reivindicaciones.

    Y en ausencia de tal protección a la ciudadanía por parte del Estado, la izquierda y las fuerzas progresistas deben hacer de esa lucha una parte importante de su política, junto a otras demandas vitales del pueblo trabajador.

    La ausencia de políticas coherentes por parte de las fuerzas progresistas, tanto ante la delincuencia callejera como ante la corrupción, los altísimos impuestos y costo de la vida que se pagan en República Dominicana, y otros aspectos clave de la vida nacional, están siendo aprovechdos por la ultra derecha para alcanzar las mentes de las desesperadas familias trabajadoras, y tratar de que aboguen por regímenes popular—dictatoriales a la Bukele, o a la Trujillo (hoy su nieto).

    En medio de esto no se debe perder de vista demandar el respeto a la vida. Una vez arrestado, un delincuente debe ser sometido debidamente a la justicia, y la misma imponer castigos severos a los que mantienen en zozobra a las familias trabajadoras, y a los que se roban los dineros del pueblo trabajador en la administración pública.

    Ello es más importante aún, cuando los regímenes dictatoriales que han habido en República Dominicana han usado políticas pretendiente duras ante la delincuencia, para aplicarle la pena de muerte a sus opositores políticos. Trujillo acusaba de “gavilleros” a sus revolucionarios opositores, para justificar la brutal represión contra los revolucionarios.

    Para el Estado es muy fácil pasar de reprimir a los delincuentes callejeros, a acusar de delincuentes a sus opositores políticos y justificar hasta su muerte (no digo que eso se esté haciendo hoy en día en RD).

    Pero NO hay por ello que contemporizar con la delincuencia callejera que azota y siembra el terror en los vecindarios de familias trabajadoras.

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