Redacción Vértice critico.
Santo Domingo. El Partido Comunista del Trabajo (PCT) afirmó que la reciente decisión del Tribunal Superior Administrativo, contenida en la sentencia núm. 0030-1643-2025, constituye un paso peligroso en la dirección de debilitar la protección del patrimonio natural dominicano. El dictamen, emitido el 20 de noviembre, reconoce pretensiones sobre más de 28 millones de metros cuadrados enclavados en el área del Parque Nacional Jaragua.
Para la organización política, el caso no puede analizarse como un simple litigio administrativo. En su valoración, se trata de un episodio que refleja distorsiones estructurales en el ámbito jurídico-institucional, donde (según señaló), se consolidan decisiones que favorecen intereses particulares por encima de bienes estratégicos para la nación. El PCT afirmó que lo que está en juego no es un terreno aislado, sino una porción significativa de una zona bajo régimen especial de protección ambiental.
El Secretariado subrayó que, desde la perspectiva constitucional, cualquier alteración de los límites de un parque nacional exige un procedimiento legislativo calificado, por tratarse de materias reguladas por ley orgánica, conforme dispone el artículo 112 de la Constitución. En consecuencia, estimó que el fallo debería ser objeto de acciones legales y de una revisión rigurosa por las instancias competentes.
En su declaración, el PCT añadió que la trascendencia del conflicto rebasa los contornos estrictamente ambientales. A su entender, la sentencia podría sentar bases para cuestionamientos ulteriores sobre bienes vinculados a procesos históricos ya superados, incluidos aquellos asociados al régimen trujillista, lo que (indicó), entraña riesgos políticos de amplio alcance.
Asimismo, advirtió que el precedente podría impactar negativamente el Sistema Nacional de Áreas Protegidas en su conjunto, sector que, recordó, ha enfrentado reiteradas presiones orientadas a flexibilizar su régimen de protección en beneficio de grupos empresariales.
Al cierre de su pronunciamiento, el Partido Comunista del Trabajo convocó a la sociedad civil, a los espacios académicos y científicos, y a los movimientos ambientalistas a asumir una postura activa en defensa de los recursos naturales, al considerar que la protección del territorio y la soberanía ambiental constituyen responsabilidades compartidas del pueblo dominicano.
