Los actores responsables de la vulneración de derechos humanos, según el Informe Nacional de Derechos Humanos 2025
Por la Redacción
Santo Domingo. El Informe Nacional de Derechos Humanos 2025, elaborado por el Defensor del Pueblo de la República Dominicana, introduce un giro crítico en la evaluación del sistema institucional: identifica al propio Estado (a través de algunas de sus principales instituciones), como el actor más señalado en la vulneración de derechos fundamentales, de acuerdo con la percepción ciudadana recogida a nivel nacional.
El apartado 4.1.4, dedicado a los actores responsables de las vulneraciones, revela una paradoja central del Estado social y democrático de derecho: quienes están constitucionalmente llamados a garantizar la dignidad humana son, al mismo tiempo, percibidos como sus principales transgresores.
La Policía Nacional: seguridad bajo sospecha
El informe es contundente al señalar que la Policía Nacional encabeza la lista de instituciones percibidas como responsables de violaciones a los derechos humanos. Aproximadamente la mitad de la población identifica a este cuerpo como el principal agente vulnerador, una cifra que se mantiene estable respecto a ediciones anteriores de la encuesta y que pone en evidencia un problema estructural no resuelto.
Las experiencias ciudadanas que alimentan esta percepción incluyen:
- uso excesivo o arbitrario de la fuerza,
- detenciones irregulares,
- tratos humillantes o degradantes,
- discriminación por condición social, edad o apariencia,
- prácticas de perfilamiento en barrios populares.
Más allá de casos puntuales, el informe sugiere que estas conductas configuran un patrón institucional, agravado por la débil rendición de cuentas, la escasa sanción efectiva y la normalización social de prácticas abusivas.
Justicia tardía, justicia denegada
El sistema de administración de justicia (tribunales, fiscalías y órganos auxiliares), también figura entre los actores señalados. En este caso, las vulneraciones no se asocian tanto al abuso directo, sino a la inacción, lentitud y trato despersonalizado que enfrentan los ciudadanos en sus recorridos institucionales.
La población percibe como vulneraciones de derechos:
- las dilaciones indebidas de procesos judiciales,
- la falta de información clara y accesible,
- la desigualdad de trato entre personas con y sin recursos económicos,
- la percepción de impunidad en casos de corrupción o violencia institucional.
El informe introduce así una noción clave: la violación de derechos no siempre es violenta o visible; también ocurre cuando el Estado falla en responder, cuando el derecho existe solo en el texto legal y no en la experiencia cotidiana.
Servicios públicos: cuando la precariedad vulnera derechos
Uno de los aportes más relevantes del punto 4.1.4 es la ampliación del concepto de “actor responsable”. El informe demuestra que la ciudadanía identifica la mala calidad de los servicios públicos como una forma directa de vulneración de derechos humanos.
Salud, educación, seguridad social y servicios municipales aparecen como ámbitos donde:
- la falta de insumos,
- la atención deficiente,
- el maltrato administrativo,
- la desinformación,
- y la exclusión de poblaciones vulnerables
Producen una vulneración sostenida de derechos económicos y sociales.
El hallazgo es claro: no garantizar servicios públicos de calidad equivale a incumplir derechos fundamentales. En este sentido, la vulneración se produce por omisión estructural, no necesariamente por voluntad expresa.
Grupos más afectados, Estado más distante
El informe establece que las vulneraciones atribuidas al Estado afectan de manera desproporcionada a:
- mujeres,
- personas empobrecidas,
- adultos mayores,
- personas con discapacidad,
- población migrante.
Estas poblaciones enfrentan mayores barreras para acceder a mecanismos de protección y denuncia, lo que profundiza una percepción de Estado selectivo, presente para algunos y distante para otros.
Desconfianza institucional, no rechazo al Estado
Lejos de promover un discurso antiestatal, el Informe Nacional de Derechos Humanos 2025 revela una paradoja significativa: la ciudadanía no rechaza al Estado, sino que exige un mejor Estado.
Los datos muestran que la población:
- desea instituciones más capacitadas,
- demanda profesionalización y trato digno,
- reclama controles efectivos y sanciones reales,
- valora positivamente el rol del Defensor del Pueblo como mediador y garante moral.
La crítica, por tanto, no es destructiva, sino correctiva.
Una advertencia democrática
El punto 4.1.4 del informe funciona como una advertencia temprana para la democracia dominicana: cuando las instituciones encargadas de proteger derechos pierden legitimidad, se erosiona el pacto social.
Para el Defensor del Pueblo, revertir esta situación exige:
- reformas institucionales profundas,
- fortalecimiento de la ética pública,
- inversión en calidad de los servicios,
- y una cultura de derechos humanos transversal en la administración pública.
La conclusión es inequívoca: no hay Estado de derecho sin instituciones confiables, ni democracia sólida sin respeto efectivo a la dignidad humana.
La nota: Este reportaje fue elaborado a partir del Informe Nacional de Derechos Humanos 2025, publicado por el Defensor del Pueblo de la República Dominicana, con base en los resultados de la Encuesta Nacional de Derechos Humanos (ENDH 2025).
