Una decisión procesal que amplía la base probatoria sin prejuzgar responsabilidades, en medio de la presión social por justicia y memoria colectiva.
Por Luís Rodríguez | Vértice Crítico.
Santo Domingo. A casi un año del colapso ocurrido en el centro nocturno Jet Set, uno de los episodios más dolorosos de la historia reciente dominicana, el proceso judicial ha entrado en una fase de mayor escrutinio técnico. El Primer Juzgado de la Instrucción del Distrito Nacional ordenó la realización de un nuevo análisis pericial independiente, en una decisión que reconfigura el curso de la etapa intermedia del caso.
La disposición fue adoptada por el juez Reymundo Antonio Mejía Zorrilla, quien consideró procedente, de manera parcial, una solicitud presentada por la defensa. El mandato judicial establece la ejecución de un peritaje especializado orientado a examinar, con mayor profundidad, las condiciones estructurales del inmueble y los factores que pudieron incidir en su desplome.
El tribunal fundamentó su decisión en la necesidad de fortalecer el equilibrio procesal entre las partes. En ese sentido, subrayó que el acceso a medios de prueba y la posibilidad de controvertir evidencias constituyen pilares esenciales del debido proceso, especialmente en casos de alta complejidad técnica y elevado impacto social.
El nuevo estudio deberá realizarse en un plazo de 30 días hábiles y abarcará la evaluación de materiales, posibles fallas acumulativas y variables externas que pudieran haber influido en el colapso. Con esta medida, el órgano judicial busca ampliar la base probatoria sin comprometer los tiempos razonables del proceso.
Desde una perspectiva jurídica, la resolución se inscribe dentro de las facultades que otorga el ordenamiento procesal penal para garantizar una defensa efectiva. La decisión no implica, en ningún caso, una valoración anticipada sobre responsabilidades, sino que responde a la lógica de construir una verdad judicial sustentada en pruebas robustas y debidamente debatidas.
El contexto en que se produce esta medida añade una dimensión simbólica significativa. La proximidad del aniversario de la tragedia, que dejó centenares de víctimas fatales y heridos, ha reactivado el reclamo de justicia por parte de familiares y sectores sociales. Sin embargo, el tribunal enfatizó que el rigor procesal no puede ceder ante la presión del tiempo ni de la opinión pública.
Expertos en derecho consultados coinciden en que decisiones de este tipo reflejan el funcionamiento ordinario de un sistema judicial comprometido con el Estado de derecho. La incorporación de nuevas diligencias probatorias, lejos de dilatar injustificadamente el proceso, puede contribuir a esclarecer los hechos con mayor precisión técnica.
Mientras avanzan las actuaciones judiciales, el caso continúa presionando la relación entre memoria, justicia y garantías procesales. El desafío, como subyace en esta etapa, es alcanzar una determinación de responsabilidades que sea jurídicamente sólida, sin erosionar los principios que sostienen la legitimidad del sistema.
