La medida busca eliminar discrecionalidades históricas, reforzar la rendición de cuentas y profesionalizar el servicio consular bajo un modelo de control fiscal centralizado.
Por Luís Rodríguez | Vértice critico.
Santo Domingo. En un movimiento que apunta a redefinir el funcionamiento del servicio exterior, el Gobierno dominicano anunció que todos los ingresos generados por sus consulados en el extranjero serán transferidos directamente a la Cuenta Única del Tesoro, en un intento por fortalecer la supervisión estatal y reducir espacios de discrecionalidad administrativa.
La medida, presentada por el canciller Roberto Álvarez, forma parte de una reforma más amplia que busca reestructurar el sistema consular bajo principios de control financiero centralizado, eficiencia operativa y rendición de cuentas. Funcionarios del Ministerio de Relaciones Exteriores describieron la iniciativa como un paso necesario para alinear la gestión pública con estándares internacionales de gobernanza.
El rediseño institucional incluye, además, la implementación de una escala salarial para el personal consular, históricamente marcada por disparidades frente al servicio diplomático. Según las autoridades, esta corrección pretende profesionalizar el cuerpo consular y reducir incentivos asociados a prácticas informales o irregulares.
La decisión ocurre en un contexto en el que varios consulados han sido objeto de cuestionamientos por manejo indebido de fondos, irregularidades en la emisión de visas y, en algunos casos, vínculos con actividades ilícitas. Estos antecedentes han expuesto debilidades estructurales en los mecanismos de control y han generado presión para una reforma más profunda del sistema.
Bajo el nuevo esquema, los recursos recaudados por servicios consulares (que incluyen trámites migratorios, certificaciones y otros servicios administrativos), dejarán de ser gestionados de manera descentralizada y pasarán a integrarse al flujo fiscal del Estado. Las autoridades sostienen que esto permitirá una asignación más estratégica de los recursos, incluyendo la expansión de servicios en comunidades dominicanas en el exterior.
La implementación será gradual y se extenderá hasta 2027, en lo que el Gobierno describe como una transición planificada hacia un modelo consular más moderno y funcional. La reforma se inscribe dentro de la estrategia “RD Meta 2036” y del proceso de acercamiento a estándares de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE), que exige mayores niveles de transparencia y eficiencia institucional.
Más allá de su dimensión técnica, la iniciativa refleja un intento de romper con una práctica arraigada en la política dominicana: el uso de estructuras consulares como espacios de clientelismo. Si logra consolidarse, la reforma podría marcar un punto de inflexión en la gestión del servicio exterior, trasladando el foco desde la discrecionalidad hacia la institucionalidad.
