Por Luís Rodríguez | Vértice crítico.
Santo Domingo. La jueza Altagracia Ramírez, del Cuarto Juzgado de la Instrucción del Distrito Nacional, emitió la noche del viernes una decisión que redefine el curso de uno de los procesos judiciales de mayor repercusión pública vinculados a exfuncionarios del pasado gobierno.
La magistrada dictó auto de no ha lugar a favor de los exministros Gonzalo Castillo y José Ramón Peralta, tras concluir que los elementos probatorios presentados por el Ministerio Público no resultan suficientes para sustentar una acusación penal que amerite la apertura de un juicio de fondo en su contra.
La decisión implica que ambos exfuncionarios quedan excluidos de la fase de juicio, luego de que el tribunal evaluara las pruebas y argumentos sometidos durante la etapa preliminar del proceso.
No obstante, la jueza ordenó la apertura a juicio contra el exministro de Hacienda Donald Guerrero, al considerar que los señalamientos formulados por el órgano acusador requieren ser debatidos y examinados en una jurisdicción de fondo, donde se determinará la validez de las imputaciones y la eventual responsabilidad penal.
Junto a Guerrero también fueron enviados a juicio el abogado Ángel Lockward y varias de sus empresas, así como Agustín Mejía Ávila, Princesa Alexandra García Medina, Juan Tomás Polanco Céspedes, Julián Omar Fernández Figueroa, Kimberly Salas Martínez, Natalie Hernández Guzmán y Luis Miguel Picciril.
La resolución judicial también favoreció con auto de no ha lugar a Daniel Guerrero Mena, hijo del exministro Donald Guerrero, además de Marcial Reyes y Rosa Arias, quienes no tendrán que enfrentar un juicio de fondo por las acusaciones que pesaban en su contra.
La decisión marca un punto de inflexión en el proceso, al establecer una diferenciación entre los imputados que, a juicio del tribunal, carecen de pruebas suficientes para sostener una acusación formal y aquellos cuyos expedientes continuarán su curso hacia la etapa de juicio.
Con esta resolución, el caso entra en una nueva fase procesal, en la que el Ministerio Público deberá sustentar ante un tribunal de fondo las acusaciones contra los imputados enviados a juicio, mientras los favorecidos con no ha lugar quedan desligados del proceso penal, salvo que la decisión sea objeto de los recursos legales correspondientes.
