Alianza entre nueve instituciones académicas y las autoridades penitenciarias busca fortalecer la atención psicológica, la rehabilitación y la reinserción social de más de 25 mil privados de libertad en República Dominicana.
Por José Espinal Marcelo | Vértice crítico.
Santo Domingo. Frente al creciente deterioro de la salud mental en el sistema penitenciario dominicano, las autoridades han puesto en marcha una inédita estrategia que incorpora a nueve universidades del país en programas de atención psicológica, educación, rehabilitación y reinserción social dirigidos a más de 25 mil personas privadas de libertad.
La iniciativa, coordinada por la Oficina Nacional de Apoyo a la Reforma Penitenciaria, cuenta además con el respaldo del Departamento de Corrección y Rehabilitación de Puerto Rico y de la Universidad Carlos Albizu, reconocida por su especialización en psicología y ciencias del comportamiento.
El proyecto involucra a la Universidad Autónoma de Santo Domingo, Pontificia Universidad Católica Madre y Maestra, Universidad Iberoamericana, Universidad de la Tercera Edad, Instituto Tecnológico de Santo Domingo, Universidad Félix Adam, Universidad Federico Henríquez y Carvajal, Instituto Técnico Superior Comunitario y Universidad Abierta para Adultos.
A través de esta red académica, docentes, investigadores y estudiantes desarrollarán intervenciones especializadas dentro de los centros penitenciarios, con énfasis en la atención psicológica, actividades educativas, programas ocupacionales, formación laboral, expresiones artísticas y proyectos productivos destinados a mejorar las condiciones de vida de los internos.
Un sistema con escasos recursos para atender una crisis creciente
La puesta en marcha del programa revela la magnitud del desafío que enfrenta el sistema penitenciario nacional. Cuando asumió la dirección de la Oficina Nacional de Apoyo a la Reforma Penitenciaria, Roberto Santana encontró apenas 52 psicólogos para atender una población superior a los 25 mil reclusos.
Estudios especializados estiman que el país requeriría al menos 200 profesionales para responder adecuadamente a la demanda existente. Aunque las autoridades han fijado una meta inicial de 125 especialistas, todavía trabajan para ampliar la capacidad de atención psicológica en los recintos penitenciarios.
La situación resulta aún más paradójica si se considera que Psicología es actualmente una de las carreras universitarias con mayor matrícula en República Dominicana, concentrando cerca de una cuarta parte del estudiantado universitario nacional.
La salud mental, una emergencia silenciosa
Especialistas participantes en el proyecto advierten que el encarcelamiento genera profundas afectaciones emocionales asociadas al aislamiento, la ruptura de vínculos familiares, la incertidumbre jurídica y las dificultades para reinsertarse socialmente.
Las cifras reflejan la gravedad del problema. Mientras en la población general los trastornos de salud mental afectan entre un 15 % y un 25 % de las personas, en los sistemas penitenciarios las tasas pueden alcanzar entre un 60 % y un 80 % de los internos.
La depresión, la ansiedad y los trastornos relacionados con el consumo de sustancias encabezan los diagnósticos más frecuentes. A ello se suman casos de psicosis y otros trastornos severos que requieren atención especializada.
Informes recientes han identificado más de 500 internos con trastornos mentales graves, en un contexto marcado por el hacinamiento, limitaciones médicas y la insuficiencia de espacios especializados para el tratamiento de estas condiciones.
La prisión preventiva, un factor agravante
Uno de los aspectos que más preocupa a los especialistas es el elevado número de personas encarceladas sin sentencia definitiva. Actualmente, alrededor del 65 % de la población penitenciaria dominicana corresponde a presos preventivos, mientras apenas el 35 % cumple condenas firmes.
Expertos consideran que la incertidumbre prolongada sobre el futuro judicial de estos internos constituye una de las principales fuentes de estrés, ansiedad y deterioro emocional dentro de las cárceles.
Capacitación internacional y nuevo enfoque de rehabilitación
Como parte del acuerdo, especialistas puertorriqueños capacitarán a estudiantes y profesionales dominicanos en áreas como sensibilización, comunicación efectiva, manejo de crisis, adaptación cultural, lenguaje corporal y prevención de situaciones de riesgo.
Además, se implementarán protocolos de evaluación y atención desarrollados durante décadas por el sistema correccional de Puerto Rico, con el propósito de fortalecer las capacidades técnicas de los equipos que trabajarán en los centros penitenciarios del país.
Las autoridades prevén que el programa inicie formalmente en julio y represente un paso significativo hacia una visión más humana de la política penitenciaria, donde la salud mental y la reinserción social sean consideradas elementos esenciales para reducir la reincidencia y promover una verdadera rehabilitación.
