Por Luis Mayobanex Rodríguez | New York.
El 30 de mayo de 1961, el dictador Rafael L. Trujillo fue ajusticiado por un grupo de complotadores que durante años habían sido cercanos colaboradores. Este hecho dio curso a un irreversible y acelerado proceso de derrumbe de la férrea dictadura que, por más de tres décadas, padeció el pueblo dominicano.
A partir de entonces, el país vivió una crisis político-institucional marcada por una feroz lucha entre quienes, por razones biológicas e ideológicas, se consideraban herederos del régimen y, por otro lado, un sector de la oligarquía nacional que entendía que sus intereses económicos y sus aspiraciones políticas habían sido lesionados por los detentadores del poder.
El primero de estos grupos, encabezado por Ramfis Trujillo y otros familiares del dictador, mantuvo el control absoluto del Estado y de sus órganos represivos. A la vez, en connivencia con el presidente títere Joaquín Balaguer, dicho grupo demostró, a sangre y fuego, su determinación de darle continuidad al «trujillismo sin Trujillo».
En principio, esta fórmula no resultó descartada por el Gobierno de los Estados Unidos, más cuando las fuerzas opositoras liberales y anticomunistas —los cívicos— carecían de ascendencia y capacidad para administrar la crisis. Y no la rechazaron; por el contrario, la apoyaron, dado que «el árbol dominicano» no le impedía al presidente JFK ver cuáles resultaban ser los intereses geopolíticos de Estados Unidos.
De ahí que, unos nueve días después de la muerte del dictador, el presidente Kennedy, dirigiéndose a su gabinete, resumió lo que resultó ser la política oficial de este país ante la crisis dominicana:
«Hay tres posibilidades, en orden descendente de preferencia: un régimen democrático decente, una continuación del régimen de Trujillo o un régimen castrista. Debemos apuntar hacia el primero, pero realmente no podemos renunciar al segundo hasta que estemos seguros de que podemos evitar el tercero».
Mientras el país era dominado por la incertidumbre y se acrecentaba el temor a la ocurrencia de un fenómeno semejante al de la Revolución cubana, los representantes diplomáticos, militares y de inteligencia estadounidenses se dedicaban a fondo a mantener bajo su control la crisis y a sus principales actores.
En ese contexto, y para agregarle mayor valor de «persuasión» a la palabra de sus representantes y, a la vez, reafirmar que su objetivo principal era evitar una «segunda Cuba» en el Caribe, hicieron un despliegue vigoroso de fuerzas navales tan cerca de las costas de la República Dominicana que, en ocasiones, podían ser vistas desde el malecón de la capital. El Intrepid, que hoy flota sobre el río Hudson como museo, en la intersección de la 12.ª Avenida y la calle 46, fue uno de los portaaviones y recursos navales-militares desplegados.
La fase de «trujillismo sin Trujillo», segunda en orden descendente en la estrategia de Kennedy, fracasaría definitivamente con la irrupción de las masas populares en la lucha por la destrujillización de la sociedad, así como por la libertad y la democracia, lo que trajo como consecuencia la salida del país de los familiares del dictador y de Joaquín Balaguer a finales de 1961 y a inicios de enero de 1962.
Contando con el apoyo de EE. UU. y de los militares, el país pasó a ser dirigido por un Consejo de Estado encabezado por Rafael Bonnelly.
Su misión central era conducir el proceso de transición hacia la democracia, para lo cual convocar y realizar elecciones libres constituía el pilar fundamental.
Estas se dieron el 20 de diciembre de 1962, con la participación de ocho partidos políticos. El Movimiento Revolucionario 14 de Junio, principal fuerza política de izquierda, fundado y liderado por Manolo Tavárez Justo, se abstuvo de participar. La radicalización ideológica verificada en el líder y en el núcleo dirigente central, muy propia de la época, les llevó a descalificar el método electoral como vía para hacer realidad la transformación estructural que requería la nación dominicana.
Juan Bosch y el Partido Revolucionario Dominicano (PRD), quienes fueron víctimas de una feroz y falsa campaña anticomunista, ganaron las elecciones con un elevado 58,72 %, mientras su más cercano contendiente, Viriato Fiallo, candidato presidencial por la Unión Cívica Nacional (UCN), alcanzó un 30,08 % de la votación general válida.
Bosch presentó un programa de gobierno que postulaba reformas políticas, económicas y sociales marcadamente progresistas, lo que alcanzó categoría constitucional, dado que el proceso de reforma de la Carta Magna, iniciado en febrero de 1963 y concluido en abril de dicho año, parió una Constitución catalogada históricamente como progresista por la izquierda dominicana, pero que, estudiada hoy, por lo menos a mí me lleva a la conclusión de que fue una Constitución revolucionaria y la más avanzada de nuestra historia republicana.
Por su parte, el empresariado, los terratenientes y la cúpula de la Iglesia católica se opusieron a ella desde el inicio del proceso de debate de la reforma constitucional, dado que se correspondía con lo que denominaron el «carácter marxista de los planteamientos» formulados por Bosch durante la campaña electoral.
Siete meses después de la toma de posesión del nuevo gobierno y cinco de la proclamación de la nueva Constitución, precisamente un día como hoy, 25 de septiembre, fue derrocado mediante un golpe de Estado el Gobierno constitucional, deleznable acción promovida y ejecutada por la tríada responsable de la tragedia histórica vivida por el pueblo dominicano: la oligarquía, la cúpula de la Iglesia católica y el imperio estadounidense.
La tríada de nuestra tragedia histórica jamás le permitiría a Juan Bosch y a su gobierno mantener una postura independiente en política internacional y de no subordinación a los intereses de EE. UU., desde una región como el Caribe, asumida como parte del patio trasero del Coloso del Norte y en un momento histórico, por demás, en el que el triunfo de la Revolución cubana desafiaba y trastocaba su estrategia de fortalecer su control y dominación.
A partir del golpe militar de septiembre del 63, se instaló un gobierno de facto denominado Triunvirato e integrado, inicialmente, por Emilio de los Santos, Manuel Enrique Tavares Espaillat y Ramón Tapia Espinal.
Después de la muerte de Kennedy, el Triunvirato fue formalmente reconocido por Estados Unidos a partir del ascenso a la presidencia de Lyndon B. Johnson.
Contra el gobierno de facto se desarrollaron un fuerte movimiento de masas, labores conspirativas por parte del sector militar leal al gobierno desplazado y a su Constitución, y un levantamiento guerrillero el 28 de noviembre de 1963 por parte del Movimiento Revolucionario 14 de Junio.
El levantamiento armado del 14 de Junio fracasó y, el 21 de diciembre, su líder, Manolo Tavárez, y una parte de sus compañeros de lucha fueron fusilados en «las escarpadas montañas de Quisqueya».
Sin embargo, esta acción agudizó las contradicciones internas en el mismo bloque de poder, siendo la renuncia de Emilio de los Santos, quien ejercía la presidencia de facto, una muestra relevante.
Las movilizaciones y huelgas insurreccionales aceleraron el plan golpista puesto en marcha, con la anuencia de Juan Bosch, por el sector militar constitucionalista.
Dicho plan se concretaría con un contragolpe de Estado el 24 de abril de 1965 que echó abajo el gobierno de facto. Este hecho fue dado a conocer al país y al mundo cuando uno de los jefes de la conspiración llamó a José Francisco Peña Gómez, quien dirigía el programa radial del PRD llamado «Tribuna Democrática», a través de Radio Comercial. Al dar a conocer el contragolpe, el mismo Peña Gómez llamó al pueblo a salir a las calles a apoyar el movimiento constitucionalista.
Es así como un golpe de Estado clásico salió de las paredes de los recintos militares para sembrarse en el corazón de un pueblo rebelde, transformándose en una guerra civil.
Del 24 al 28 de abril, la Revolución, como había sido catalogado el movimiento, prácticamente había triunfado.
Y este hermoso acontecimiento histórico, profundamente democrático, se transformaría en Guerra Patria a partir del 28 de abril, cuando la administración de Johnson inició la segunda invasión del siglo XX a nuestro país.
Decenas de miles de marines, armados con las más modernas y poderosas armas, desembarcaron para «salvar vidas», «garantizar la paz y la democracia» y evitar, como ya era costumbre, la instalación de un régimen comunista semejante al cubano. Y, para fortalecer su narrativa anticomunista, pusieron a circular de manera masiva un volante dando a conocer los nombres de 53 supuestos comunistas que eran parte de una insurrección que aglomeraba a decenas de miles de mujeres y hombres que, en batalla desigual, defendían la patria amada.
Es así como el imperialismo ahogó en sangre y derrotó militarmente uno de los acontecimientos político-militares más importantes de nuestra historia a favor de la democracia.
Con el triunfo de la contrarrevolución, se impuso un gobierno encabezado por Joaquín Balaguer que duraría 12 años continuos, claro, con simulacros electorales, a través del cual se aplicó una política de contrainsurgencia de terribles resultados para la República Dominicana y ejemplo tétrico para el resto de los países del subcontinente.
En ese contexto, la estación de la CIA en República Dominicana pasó a ser la segunda más grande del mundo, detrás de la de Saigón, Vietnam, según el historiador Bernardo Vega. Para entender la importancia que le adjudicaba EE. UU. a lo ocurrido en nuestro país, procede indicar que, además de ser isleño, de contar con una extensión territorial de un poco más de 48 mil kilómetros cuadrados, su población apenas alcanzaba los 3 millones 808 mil 963 habitantes.
Desempeñó un rol fundamental en su estrategia contrainsurgente la presencia y operatividad del Grupo de Asesoría de Asistencia Militar, conocido por sus siglas en inglés, MAAG. Tenía como misión reestructurar las Fuerzas Armadas dominicanas, lo que pasaba por profesionalizarlas, «despolitizarlas» y tornarlas más efectivas en tácticas antiguerrilleras, siempre para evitar «otra Cuba».
Ese pueblo que dio tantas muestras de heroísmo para entonces y que recibió la solidaridad de tantos pueblos y países del mundo está hoy dirigido por un gobierno, el de Luis Abinader y el Partido Revolucionario Moderno (PRM), subordinado a la administración de Donald Trump, a su política guerrerista, de saqueo y control del Caribe y Latinoamérica.
Este canallesco proceder del gobierno dominicano se ha expresado en hechos como apoyar a Guaidó, a María Corina y a González Urrutia en el caso de Venezuela, y utilizar nuestro propio territorio nacional para que EE. UU. lleve a cabo su política de agresión en contra de una nación hermana y solidaria como Venezuela.
En un proceder propio de un gobernador de colonia, se ha sumado a la defensa de la brutal e ilegal guerra de EE. UU. e Israel contra Irán y Palestina.
Por demás, ha suscrito la adhesión de nuestro país al denominado Escudo de las Américas y a su Coalición Militar, junto a otros 18 países subordinados al Comando Sur del Pentágono.
Y, actuando como punta de lanza de la estrategia trumpista para la región, no solo excluye a Cuba como país invitado a eventos a realizar en el nuestro y expulsa a parte de su representación diplomática, sino que vergonzosamente practica una política de «abstención» ante el llamado a condenar el bloqueo a Cuba en la Asamblea General de las Naciones Unidas (ONU), mientras la enorme mayoría de los países lo condenan.
Por último, en materia de política migratoria, su adhesión al trumpismo se expresa no solo en su persecución y promoción de la xenofobia contra la comunidad haitiana en RD, sino también en su silencio ante la persecución y criminalización que sufren los migrantes dominicanos tanto en Estados Unidos como en Puerto Rico.
Ojalá, si existiera el infierno, que una de sus partes más ardientes sea reservada para quienes, desde el poder de mi país, promueven esta práctica deshumanizante.
Nota de la Edición:
Presentación en el foro realizado el 25 de septiembre de 2026 en la iglesia Grace Congregation of Harlem, Nueva York.
