La organización sostiene que la reiteración de los denominados “intercambios de disparos” plantea un problema institucional y reclama que la lucha contra la delincuencia se mantenga dentro de los límites constitucionales.
Por Luís Rodríguez | Vértice Crítico.
Santo Domingo. El Movimiento Popular Dominicano (MPD) elevó este miércoles sus cuestionamientos a la estrategia oficial de seguridad ciudadana y advirtió que la recurrencia de muertes durante intervenciones policiales podría convertir el uso ilegítimo de la fuerza en una práctica de Estado, si los casos no son investigados de manera independiente y sometidos al debido proceso.
El planteamiento se produce en medio de un aumento de los fallecimientos reportados oficialmente como resultado de “intercambios de disparos” entre agentes de la Policía Nacional y personas señaladas por las autoridades como vinculadas a hechos delictivos.
La organización política sostiene que enfrentar la criminalidad constituye una obligación legítima del Estado, pero advierte que esa responsabilidad no concede a los organismos de seguridad facultades para actuar fuera de la Constitución y las leyes.
“La criminalidad no puede combatirse con más crímenes ni mediante el uso excesivo de la fuerza al margen de los procedimientos legales”, afirmó el MPD en un documento atribuido a su Comisión Política.
Una controversia que escala
La posición del MPD se suma al debate público generado durante septiembre por el incremento de las intervenciones policiales con desenlaces mortales.
La ministra de Interior y Policía, Faride Raful, rechazó el 30 de septiembre que los llamados intercambios de disparos constituyan una política gubernamental y aseguró que la reforma policial tiene entre sus prioridades la protección de los derechos humanos y el uso proporcional de la fuerza.
El MPD discrepa de esa interpretación y sostiene que la reiteración de actuaciones potencialmente contrarias a la ley, especialmente cuando no están acompañadas de investigaciones independientes y consecuencias judiciales, trasciende la responsabilidad individual de los agentes.
A juicio de la organización, el monopolio legítimo de la fuerza que corresponde al Estado no es una potestad ilimitada, sino una facultad sometida a controles constitucionales, judiciales e institucionales.
“La autoridad policial no puede convertirse en una licencia para matar, golpear, torturar, extorsionar, detener arbitrariamente o fabricar evidencias”, señaló.
El partido considera que, cuando quienes tienen la responsabilidad de proteger a la población incurren en actuaciones ilegales, se erosiona la legitimidad institucional y aumenta la desconfianza ciudadana hacia los organismos encargados de hacer cumplir la ley.
Más allá de la persecución policial
El documento amplía el debate hacia las causas estructurales de la delincuencia.
Para el MPD, una estrategia de seguridad concentrada exclusivamente en la persecución y neutralización de personas vinculadas al crimen resulta insuficiente si no aborda factores como la pobreza, la desigualdad económica, el desempleo, la precariedad laboral, la exclusión social, las deficiencias educativas, la expansión de economías ilícitas y la falta de oportunidades para amplios segmentos de la juventud.
La organización aclara que reconocer la incidencia de esas condiciones no supone justificar conductas delictivas ni eliminar la responsabilidad penal individual.
Su argumento es que una política pública sostenible debe intervenir simultáneamente sobre el delito y sobre los entornos sociales e institucionales que facilitan su reproducción.
También señala la corrupción, la impunidad y las posibles complicidades dentro de estructuras estatales como factores capaces de favorecer la expansión de redes criminales.
El delito no termina en las calles
Otro de los puntos centrales del pronunciamiento es la necesidad de ampliar la mirada sobre la criminalidad.
El MPD advierte que la respuesta estatal no debería concentrarse únicamente en el delincuente común y reclama igual rigor frente a la denominada delincuencia de cuello blanco.
Fraude, corrupción, lavado de activos, evasión fiscal, apropiación indebida y utilización irregular de recursos públicos figuran entre las conductas que, según la organización, deben recibir una respuesta institucional proporcional a su impacto económico y social.
“La lucha contra la delincuencia no puede tener una vara distinta según la posición económica o social de quien delinque”, plantea el documento.
El desafío de investigar a quienes investigan
Para el MPD, uno de los aspectos más delicados aparece cuando agentes de los propios organismos encargados de perseguir el crimen son señalados por actuaciones ilegales.
En esas circunstancias, entiende que las investigaciones no deberían quedar sometidas exclusivamente a mecanismos internos de la institución involucrada.
La organización reclama investigaciones independientes, respeto al debido proceso, determinación individual de responsabilidades y aplicación de las sanciones establecidas por la legislación cuando se comprueben abusos.
Advierte que la ausencia de consecuencias puede consolidar una cultura de impunidad y transmitir la percepción de que determinados funcionarios poseen capacidad para actuar por encima de la ley.
Seguridad, pero dentro de la ley
El MPD plantea finalmente un modelo de seguridad ciudadana sustentado en cuatro componentes: prevención social, investigación criminal profesional, fortalecimiento institucional y persecución efectiva del delito.
A estos elementos agrega mecanismos independientes de investigación sobre actuaciones de agentes estatales y políticas públicas dirigidas a las condiciones económicas y sociales relacionadas con la criminalidad.
La organización sostiene que la eficacia policial no debería medirse únicamente por la cantidad de arrestos, operativos o personas abatidas, sino también por la capacidad de prevenir delitos, producir investigaciones técnicamente sólidas, proteger vidas y entregar a los sospechosos a los órganos judiciales correspondientes.
“La sociedad dominicana necesita seguridad, pero necesita seguridad con derechos”, afirma el documento.
La controversia coloca nuevamente en el centro del debate una cuestión esencial para el sistema democrático: hasta dónde puede llegar la fuerza coercitiva del Estado en la persecución del crimen.
- Para el MPD, la respuesta debe partir de una premisa: combatir con firmeza la delincuencia sin sustituir el Estado de derecho por actuaciones al margen de la ley.
