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PARAGUAY: SANTIAGO PEÑA, LA CRISIS DE UENO BANK Y LOS LÍMITES DEL PODER PRESIDENCIAL.

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Bautista López García | Foto fuente externa
Bautista López García | Foto fuente externa

Por: Bautista López García | Vértice Crítico. 

La crisis política e institucional que atraviesa Paraguay, a raíz de las acusaciones contra el presidente Santiago Peña y la intervención de Ueno Bank, vuelve a colocar sobre la mesa un problema fundamental de la democracia contemporánea: la relación entre el poder económico privado, el ejercicio de las funciones públicas y la responsabilidad constitucional de quienes gobiernan.

Lo que inicialmente se manifestó como una crisis financiera terminó convirtiéndose en una confrontación política de grandes dimensiones. El 3 de noviembre de 2026, el Banco Central del Paraguay (BCP), anunció el inicio del procedimiento de resolución de Ueno Bank, después de constatar que su índice de solvencia había caído por debajo del 50 % del mínimo requerido, como consecuencia de ajustes realizados a sus estados financieros durante el proceso de regularización. Así lo informó oficialmente el propio organismo regulador.

En ese escenario, la responsabilidad política del presidente pasó a ocupar el centro del debate nacional. Las acusaciones formuladas contra Santiago Peña giran alrededor de sus antiguos vínculos accionarios con Ueno Holding, conglomerado empresarial relacionado con Ueno Bank, así como de decisiones gubernamentales y actuaciones de organismos públicos que habrían favorecido intereses vinculados a ese grupo económico.

Entre los principales señalamientos figuran el presunto conflicto de intereses derivado de su participación accionarial, que mantuvo hasta marzo de 2025; el nombramiento de Carlos Carvallo, antiguo ejecutivo de Financiera Ueno, al frente del Banco Central; y las modificaciones normativas relacionadas con la regulación de los conflictos de intereses.

Otro aspecto particularmente delicado es la colocación de fondos del Instituto de Previsión Social (IPS), Itaipú Binacional, Yacyretá y otras instituciones públicas en Ueno Bank. Los legisladores acusadores sostienen que se habrían concentrado recursos por encima de los límites establecidos en la normativa financiera, exponiendo fondos pertenecientes a los trabajadores, pensionados y al patrimonio público.

La acusación también cuestiona las decisiones de las autoridades reguladoras frente a las señales de deterioro financiero de la entidad y la existencia de operaciones con empresas vinculadas a sus accionistas. Estas imputaciones están recogidas en el libelo acusatorio aprobado por la Cámara de Diputados el 5 de noviembre de 2026.

Su gravedad política reside en que ponen en discusión la posible utilización de las instituciones estatales para favorecer intereses económicos particulares. No obstante, corresponde a las autoridades competentes establecer las responsabilidades individuales y determinar cuáles de los hechos denunciados pueden ser demostrados.

La Constitución paraguaya de 1992 establece, en su artículo 225, el procedimiento de juicio político contra el presidente y otros altos funcionarios del Estado. Se trata de un mecanismo de responsabilidad constitucional, no de un proceso penal ordinario. El procedimiento contempla tres causales: mal desempeño de las funciones, delitos cometidos en el ejercicio del cargo y delitos comunes.

Su desarrollo comprende dos etapas claramente diferenciadas. La primera corresponde a la Cámara de Diputados, que tiene la facultad de formular la acusación. Para aprobarla se requiere una mayoría de dos tercios de los votos, conforme al artículo 225.

En el caso de Santiago Peña, la Cámara de Diputados aprobó el libelo acusatorio el 5 de noviembre de 2026, con 78 votos favorables, y designó a los legisladores que actuarían como fiscales acusadores ante el Senado.

La segunda etapa corresponde a la Cámara de Senadores, que se constituye en tribunal político y tiene la responsabilidad de juzgar al funcionario acusado. En esta fase se presentan los argumentos de la acusación, se garantiza el derecho de defensa, se examinan los elementos aportados y finalmente se procede a la votación.

Para declarar culpable al presidente y separarlo de su cargo se necesita el voto favorable de dos tercios de la totalidad de los integrantes del Senado: 30 de sus 45 miembros. Esta exigencia está expresamente contemplada en la Constitución y en las disposiciones institucionales del Senado paraguayo.

Por tanto, la aprobación de la acusación en Diputados no significa automáticamente la destitución presidencial. Es el Senado quien debe adoptar la decisión definitiva, respetando las garantías constitucionales del procedimiento.

La crisis adquirió una dimensión adicional cuando Santiago Peña presentó su renuncia a la Presidencia, mientras avanzaba el juicio político. Sin embargo, la sesión conjunta del Congreso convocada para conocerla no pudo concluir por falta de cuórum. En consecuencia, el mandatario permaneció formalmente en el cargo mientras continuaba el procedimiento constitucional.

El 6 de noviembre, el Senado inició las actuaciones correspondientes al juicio político y recibió a los representantes de la acusación. Peña solicitó una prórroga de 72 horas para preparar su defensa, alegando que el tiempo concedido resultaba insuficiente. Sus abogados comparecieron ante la Cámara Alta para ejercer su representación y cuestionaron la validez del procedimiento.

Esta controversia plantea una cuestión jurídica relevante: determinar los efectos de una renuncia presidencial que no ha sido aceptada formalmente y su relación con un procedimiento de juicio político ya iniciado.

La Constitución establece que, si el Senado declara culpable al acusado, este queda separado de su cargo. Además, la decisión no impide que los tribunales ordinarios conozcan los hechos que puedan constituir delitos.

También existe una consecuencia institucional relacionada con la condición de senador vitalicio que corresponde a los expresidentes paraguayos. Según la información publicada por EFE, la destitución mediante juicio político impediría a Peña acceder a esa condición, a diferencia de una salida de la Presidencia por renuncia.

En este escenario, resulta necesario diferenciar dos ámbitos de responsabilidad. El juicio político determina si existe responsabilidad constitucional suficiente para separar al presidente de sus funciones. La justicia ordinaria, por su parte, debe establecer si se cometieron delitos y quiénes son penalmente responsables.

El Ministerio Público paraguayo tiene abiertas investigaciones relacionadas con el caso Ueno, incluida una causa contra Santiago Peña por presunta lesión de confianza y otros hechos denunciados. De acuerdo con ABC Color, la Fiscalía asignó estas investigaciones a fiscales de la Unidad Especializada en Delitos Económicos y Anticorrupción.

Asimismo, las investigaciones alcanzan a antiguos directivos de Ueno Bank, contra quienes se han presentado imputaciones por presuntas irregularidades financieras, administración fraudulenta y otros hechos punibles.

La apertura de una investigación contra el presidente no equivale a una declaración de culpabilidad. Corresponde al Ministerio Público reunir las pruebas, determinar las responsabilidades individuales y, cuando proceda, presentar las acusaciones ante los tribunales competentes.

Si el Senado declara culpable a Peña, la consecuencia inmediata será su separación del cargo. Si además existen indicios de delitos, los antecedentes deberán remitirse a la justicia ordinaria, tal como dispone expresamente el artículo 225 constitucional.

La dimensión internacional de la posición de Santiago Peña también merece atención. El mandatario paraguayo participó el 7 de marzo de 2026 en la cumbre del Escudo de las Américas, convocada por Donald Trump en Miami, y suscribió la creación de la Coalición Anticarteles de las Américas. Posteriormente, volvió a participar en un encuentro de esta iniciativa en septiembre, junto a otros gobernantes de la región. Estos hechos sitúan a Paraguay dentro del bloque de países que han asumido compromisos de cooperación con Washington en materia de seguridad y coordinación hemisférica. Desde una perspectiva geopolítica, esa participación proyecta al gobierno de Peña como un aliado estratégico de Estados Unidos en el Cono Sur y como parte de la articulación regional promovida por Trump. La iniciativa, sin embargo, no debe reducirse a su dimensión de seguridad: también expresa la intención de Washington de fortalecer su influencia política y estratégica en el continente, en un escenario de competencia entre grandes potencias.

Desde una perspectiva de economía política, el caso paraguayo expresa una contradicción estructural del capitalismo: la creciente interpenetración entre los intereses del capital privado y las instituciones del Estado.

Cuando los grupos económicos adquieren capacidad de influencia sobre las decisiones gubernamentales, los organismos reguladores y la administración de los recursos públicos, la frontera entre el interés colectivo y el beneficio empresarial puede terminar debilitándose.

Los fondos de pensiones no son capital disponible para satisfacer conveniencias particulares. Constituyen recursos vinculados a los derechos y la seguridad económica de los trabajadores. Su administración exige transparencia, independencia institucional y controles efectivos.

La crisis también demuestra que la estabilidad de un gobierno no puede descansar exclusivamente en sus mayorías parlamentarias o en sus alianzas económicas. El ejercicio del poder público está sujeto a responsabilidades constitucionales y a mecanismos de rendición de cuentas.

Paraguay enfrenta, por tanto, una prueba institucional que va más allá de la permanencia de Santiago Peña en la Presidencia. Lo que está en discusión es la capacidad del Estado para proteger los recursos colectivos frente a posibles intereses particulares y garantizar que el poder económico no sustituya la voluntad de las instituciones democráticas.

La verdadera fortaleza de una democracia no se mide por la inmunidad de sus gobernantes, sino por la capacidad de sus instituciones para someterlos a la Constitución, fiscalizar el poder económico y defender los intereses de la sociedad.

REFERENCIAS PERIODÍSTICAS Y DOCUMENTALES

Documentos oficiales

(1) Banco Central del Paraguay. (3 de noviembre de 2026). Banco Central inicia el procedimiento de resolución de Ueno Bank. Comunicado institucional.

(2) Cámara de Diputados del Paraguay. (5 de noviembre de 2026). Diputados aprueba juicio político al presidente de la República, Santiago Peña.

(3) Constitución Nacional de la República del Paraguay (1992). Artículo 225, relativo al procedimiento de juicio político. Biblioteca y Archivo Central del Congreso Nacional.

REFERENCIAS PERIODÍSTICAS

(4) El Observador. (5 de noviembre de 2026). Santiago Peña pasó de la renuncia a la defensa y el Senado lo citó para este viernes en el juicio político.

(5) Agencia EFE. (6 de noviembre de 2026). El Senado de Paraguay comienza el juicio político contra el presidente Santiago Peña.

(6) ABC Color. (6 de noviembre de 2026). Caso Ueno: causa fiscal contra Santiago Peña es por lesión de confianza.

(7) Presidencia de la República del Paraguay. (7 de marzo de 2026). El Presidente Peña participó en la cumbre “Escudo de las Américas” convocada por Donald Trump.

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