Pablo A. Ferreiras Pérez | Vértice crítico.
Toda carga distribuida de manera desigual termina rompiendo el equilibrio. Cuando unos cargan con el peso de la crisis mientras otros conservan sus privilegios, el sistema deja de ser justo.
La nueva ley fiscal no rompe con este modelo desequilibrado; al igual que las anteriores, vuelve a trasladar la solución de las crisis sobre los hombros de los trabajadores, profesionales, pequeños y medianos comerciantes e industriales.
El desequilibrio se expresa en el mantenimiento de privilegios a sectores como el turismo, las zonas francas y el sector financiero. Estos privilegios datan de hace décadas. Ningún gobierno de los últimos 50 años se ha dispuesto a poner fin a esta discriminación frente a los sectores productivos del país. Al contrario, todos, en mayor o menor medida, la han mantenido mientras les ha tocado estar al frente del Poder Ejecutivo.
¿Dónde encontrar la solución?
La solución dependerá de quienes históricamente han resultado perjudicados por este modelo tributario. Esencialmente, los trabajadores están llamados a tomar conciencia de esta coyuntura. Cada "reforma" ha mermado la capacidad adquisitiva del salario. Esto significa que la familia ha visto reducirse su nivel de vida.
Quiero ser enfático: es la familia trabajadora la que ve disminuir la cantidad de bienes que puede comprar. En contraposición, hay 15 grupos de poder económico que, en lugar de reducir su nivel de consumo y de ahorro, los incrementan.
Las reformas fiscales de la República Dominicana han tenido, durante todo este tiempo, un único ganador: la oligarquía, que en términos materiales está constituida por los 15 grupos más ricos.
Por ello lo planteo de forma clara y precisa: no son los partidos que nos han gobernado, es decir, el PLD, la FP, el PRD, el PRSC y el PRM, los que van a resolver la situación a favor de los de abajo; esos partidos y sus liderazgos son los que han mantenido esta situación de crisis y desajustes permanentes, pero además forman parte de los grupos burgueses y velan por los intereses del gran capital.
Es el pueblo, los sectores medios y bajos del comercio y del empresariado, los llamados a librar esta batalla por la justicia fiscal. Los más ricos tienen que pagar los impuestos que evaden. Es tiempo de revisar a profundidad las exenciones que, según el Gobierno, le entregan al gran capital casi un 5 % del producto interno bruto. Entre exenciones y evasiones, según investigaciones de organismos nacionales y extranjeros, las oligarquías están desviando a su favor casi el equivalente al 14 % de toda la producción del país. De ahí se explica la profunda brecha social y económica entre el 1 % y el 99 % de la población: los diez hombres más ricos del país poseen más riqueza que ocho millones de dominicanos y dominicanas.
Tomemos conciencia: el rumbo de la gobernabilidad tiene que orientarse a favor de la gente, del pueblo trabajador y de los sectores de la producción real de la economía nacional.
A las calles hay que salir a exigir un nuevo modelo de gobernanza. Hay que luchar por un modelo que reduzca las exenciones injustificadas e injustificables. Los incentivos fiscales deben tener objetivos concretos y plazos definidos. Ningún beneficio puede convertirse en un privilegio permanente. No es posible mantener a determinadas empresas conectadas indefinidamente a la teta nacional; el sacrificio y los incentivos fiscales tienen que ser reorientados hacia los sectores productivos, en especial hacia aquellos que aportan valor agregado a la producción nacional. Para no seguir creando privilegios perpetuos, hay que establecer por ley el tiempo efectivo de aplicación y de término, dejando claro y explícito que no se renovarán.
Debe ponerse en ejecución un combate efectivo contra la evasión, así como la implementación de la progresividad tributaria: a mayores ingresos, mayor obligación tributaria. Necesitamos estudiar los esquemas tributarios de aquellas naciones donde la presión fiscal es hasta tres veces mayor que la nacional y tomar de esas experiencias aquello que pueda responder a nuestra realidad.
Con un modelo robusto de fiscalidad se podrá destinar una mayor cantidad de recursos a la inversión social para combatir de manera efectiva la desigualdad. Esta política fiscal exigirá mecanismos racionales, democráticos e inclusivos que permitan incorporar a la producción y al consumo a casi un 80 % de la población ubicada en la cartografía de la pobreza y la vulnerabilidad nacional.
Todo este proceso debe ir acompañado de mecanismos institucionales que garanticen la mayor transparencia del gasto público.
