Por Ángel Osiris Torres
Los recientes casos de presunta corrupción en el SENASA, así como las denuncias sobre falta de ética en la administración de los recursos de la Cámara de Cuentas de la República Dominicana, junto al reciente escándalo de la Junta Central Electoral (JCE), condenada en un tribunal de Nueva York por negarse a pagar la suma de aproximadamente un millón de dólares a una empresa que facilitó taquillas y alimentación en un evento de béisbol, han provocado una profunda indignación entre dominicanos tanto en el exterior como en el territorio nacional. Este tipo de situaciones, asociadas al manejo inadecuado del dinero público, ha incrementado el malestar social.
Esta indignación se ha intensificado al tomarse en cuenta otros escándalos ocurridos en los últimos 30 años, lo que evidencia que la corrupción y la impunidad han sido una constante en crecimiento en nuestro país, generando importantes consecuencias en la vida política, social e institucional.
Entre sus principales secuelas se encuentran la pérdida de confianza en las instituciones, el debilitamiento del sistema institucional, la falta de autoridad del Estado, así como la desafección política y la apatía, especialmente en la juventud.
En este contexto, muchos jóvenes dominicanos muestran mayor interés en espacios de entretenimiento y comunicación digital, como plataformas de influencia popular, que en la participación política tradicional, la cual perciben como distante, poco transparente y frecuentemente asociada a prácticas de corrupción.
El espacio político que debería ser ocupado por jóvenes honestos y capacitados (que los hay) está siendo ocupado, según diversas percepciones sociales, por actores vinculados a prácticas ilícitas, incluyendo lavado de dinero, narcotráfico y sectores empresariales que utilizan los partidos políticos como medios para buscar impunidad o aumentar sus fortunas de manera irregular. Se han denunciado incluso casos de legisladores vinculados a procesos judiciales o extradiciones por presuntos vínculos con el narcotráfico, lo que genera un fuerte cuestionamiento ético sobre la representación política. En este sentido, resulta preocupante para amplios sectores de la sociedad la existencia de figuras legislativas señaladas públicamente por su vinculación con delitos financieros u otras actividades ilícitas.
A esto se suma la percepción de que ciertos actores políticos se benefician económicamente de los partidos y del ejercicio del poder a través de prácticas indebidas, en ocasiones con el respaldo o patrocinio de sectores empresariales que también buscan ventajas particulares.
Otro elemento relevante es el crecimiento de la desconfianza en los procesos electorales, lo que debilita aún más la credibilidad del sistema democrático.
Todo lo anterior contribuye a explicar el aumento progresivo de la abstención electoral. En este escenario, es probable que la juramentación del próximo presidente se produzca en un contexto de baja legitimidad social, aunque se mantenga su legitimidad legal e institucional conforme a las normas del sistema electoral.
A pesar de esta realidad, no se vislumbra en lo inmediato la construcción de una alternativa política que contribuya a un cambio real y positivo que devuelva el optimismo y la confianza que todos los dominicanos deberíamos aspirar a recuperar.
