Un nuevo fuego próximo al Hoyo de Pelempito mantiene bajo presión la Sierra de Bahoruco. La entidad reclama investigaciones, vigilancia temprana y una evaluación científica que determine la superficie realmente quemada y el impacto sobre agua, suelos y biodiversidad.
Por José Espinal Marcelo | Vértice Crítico.
Santo Domingo. Más de 150 kilómetros cuadrados de superficie forestal habrían sido afectados o alcanzados por los incendios registrados durante la actual temporada en República Dominicana, una situación que el Observatorio de Políticas Ambientales y Áreas Protegidas considera de suficiente gravedad para demandar una respuesta nacional inmediata.
La advertencia adquiere nueva dimensión con la aparición de otro incendio en el Parque Nacional Sierra de Bahoruco, próximo al Hoyo de Pelempito, donde las llamas afectan, según la organización, una zona de bosque denso de pino criollo perteneciente a la Reserva de Biosfera Jaragua-Bahoruco-Enriquillo.
El Observatorio sostiene que el problema ya no puede analizarse como una sucesión de episodios independientes. A su juicio, la combinación de frecuencia, extensión y recurrencia de los fuegos está incrementando la vulnerabilidad de ecosistemas estratégicos y comprometiendo su capacidad natural de recuperación.
Sierra de Bahoruco y Valle Nuevo concentran fuertes afectaciones
De acuerdo con las estimaciones ofrecidas por la entidad, dos grandes incendios ocurridos entre el 20 de junio y los primeros días de julio alcanzaron más de 100 kilómetros cuadrados en la Sierra de Bahoruco.
En Valle Nuevo, el Observatorio señala afectaciones previas superiores a 50 kilómetros cuadrados, además de más de 30 kilómetros cuadrados asociados a por lo menos tres incendios registrados durante las últimas semanas.
También identifica a Jaragua y La Humeadora entre las áreas protegidas impactadas por incendios durante la temporada.
La organización introduce, sin embargo, una precisión técnica: estas cifras no deben interpretarse automáticamente como superficie neta quemada acumulada. Plantea que es indispensable delimitar cada incendio y determinar cuáles terrenos pudieron ser alcanzados en más de una ocasión, evitando duplicidades y estableciendo con mayor exactitud la dimensión real de los daños.
Repetición del fuego amenaza la regeneración natural
Uno de los principales motivos de preocupación no es únicamente cuánto bosque ha sido alcanzado, sino cuántas veces el fuego retorna sobre territorios que todavía se encuentran en proceso de recuperación.
La recurrencia puede impedir que los pinos jóvenes alcancen la madurez necesaria para reproducirse y sustituir los árboles perdidos. Ese ciclo, advierte el Observatorio, puede reducir progresivamente la cobertura forestal, incrementar la erosión y provocar transformaciones de largo plazo en los ecosistemas.
“Estamos ante una temporada despiadada contra nuestros bosques. Aunque el fuego forma parte de la dinámica natural de algunos ecosistemas, su repetición e intensidad están comprometiendo los procesos de regeneración”.
La entidad agrega que las consecuencias trascienden la pérdida inmediata de árboles: abarcan la destrucción de hábitats, amenazas para especies endémicas, degradación de los suelos y afectación de fuentes de agua de las cuales dependen comunidades humanas.
Piden investigar el origen de cada incendio
El Observatorio afirma que predominan los incendios de origen humano, tanto deliberados como producidos por negligencia, y reclama investigaciones individualizadas que permitan establecer las causas y eventuales responsabilidades mediante evidencias.
Entre las hipótesis que considera necesario investigar menciona posibles conexiones con actividades agrícolas, ganaderas y de cacería ilegales dentro de áreas protegidas, así como con operaciones vinculadas al tráfico ilícito de personas a través de zonas montañosas.
La organización no presenta esas posibles conexiones como responsabilidades ya demostradas, sino como líneas que, sostiene, deben ser examinadas rigurosamente por las autoridades.
También reclama que, cuando existan pruebas suficientes, sean sometidas a la justicia las personas responsables de provocar los incendios, así como quienes eventualmente los hayan ordenado o financiado, respetando el debido proceso.
En ese contexto cita el Decreto 615-26 como parte del marco para fortalecer la prevención e investigación de agresiones contra el patrimonio ambiental, conjuntamente con la aplicación de la legislación vigente.
De apagar incendios a impedir que ocurran
La organización reconoce el trabajo de bomberos forestales, guardaparques, brigadistas, comunitarios y organismos de apoyo, pero considera insostenible que la respuesta ambiental dependa principalmente del esfuerzo desplegado una vez iniciado el fuego.
“Su sacrificio no puede seguir sustituyendo la prevención, la vigilancia efectiva y la aplicación de la ley”, sostiene.
Por ello plantea establecer un sistema más robusto de monitoreo satelital, patrullaje terrestre, coordinación con las comunidades y respuesta temprana, especialmente en aquellos territorios donde los incendios presentan mayor recurrencia.
El organismo propone, además, evaluar científicamente las áreas quemadas para determinar los efectos sobre suelos, recursos hídricos y biodiversidad, y mantener seguimiento de largo plazo sobre los bosques afectados repetidamente.
Otro componente de la estrategia planteada es reforzar los controles sobre las quemas agrícolas y ganaderas durante los períodos críticos, combinando fiscalización con educación, asistencia técnica y sanciones cuando corresponda.
Dentro de las áreas protegidas, demanda una aplicación efectiva de las restricciones existentes y acciones contra ocupaciones o actividades incompatibles con los objetivos de conservación.
Una crisis cuyos efectos permanecen después del fuego
Para el Observatorio, la respuesta institucional no debería medirse únicamente por la cantidad de incendios extinguidos. La prioridad, sostiene, debe trasladarse hacia la cantidad de fuegos prevenidos, la reducción de superficie afectada y la capacidad del Estado para determinar responsabilidades.
La entidad advierte que cada kilómetro cuadrado de bosque perdido o degradado tiene repercusiones sobre la regulación hídrica, la biodiversidad y la capacidad del territorio para responder ante fenómenos climáticos extremos.
Por esa razón insiste en que los incendios forestales de esta temporada requieren una política sostenida y verificable que articule prevención, vigilancia, investigación, restauración ecológica y aplicación de la ley.
El desafío, concluye el Observatorio, continúa aun después de extinguidas las llamas: proteger los bosques que permanecen en pie y garantizar que aquellos que comienzan a recuperarse no vuelvan a arder antes de completar su regeneración.
