Productores, organizaciones políticas y profesionales agropecuarios cuestionan la posibilidad de derogar el Decreto 693-24 y advierten sobre sus efectos en el campo dominicano.
Por la Redacción | Vértice Crítico
Santo Domingo. La solicitud de Estados Unidos para que República Dominicana derogue el Decreto 693-24 ha reactivado las preocupaciones de productores, organizaciones políticas y profesionales agropecuarios, que advierten sobre las consecuencias que tendría una mayor apertura de las importaciones de arroz para la producción nacional, el empleo rural y la seguridad alimentaria.
Washington sostiene, de manera resumida, que el régimen establecido mediante el decreto debe ajustarse a los compromisos de acceso al mercado derivados del DR-CAFTA. La controversia ha trasladado nuevamente al escenario público una discusión que el sector arrocero dominicano consideraba parcialmente resuelta.
El Decreto 693-24 establece para Estados Unidos una cuota preferencial de 23,300 toneladas métricas de arroz con arancel cero, mientras las importaciones que excedan ese volumen quedan sujetas a un arancel de 99 %.
Arroceros advierten sobre las asimetrías
La Federación Nacional de Productores de Arroz (Fenarroz), ha expresado preocupación por una eventual eliminación de la protección vigente. Su presidente, Marcos Rodríguez, sostiene que los productores dominicanos enfrentan importantes desventajas frente a la agricultura estadounidense debido a diferencias de escala, mecanización, financiamiento, tecnología y costos de producción.
El sector también ha cuestionado las importaciones realizadas desde países sudamericanos durante 2024 y 2025. Los productores entienden que el manejo de esas compras externas debe formar parte de cualquier evaluación sobre la situación actual del mercado arrocero.
ANPA cuestiona una apertura sin condiciones
La Asociación Nacional de Profesionales Agropecuarios (ANPA), encabezada por Tito Hernández, ha advertido que República Dominicana no se encuentra preparada para una apertura total del mercado del arroz.
La organización sostiene que cualquier decisión debe considerar las condiciones reales de los productores nacionales y plantea la necesidad de fortalecer los sistemas de riego, la investigación, la mecanización, el financiamiento y la reducción de los costos.
Su posición incorpora, además, una crítica a las políticas públicas desarrolladas durante las últimas dos décadas: el país conocía el calendario de desgravación comercial y debió utilizar ese período para disminuir las brechas de productividad y competitividad.
Fuerza del Pueblo reclama tratamiento especial
Desde la oposición, Fuerza del Pueblo también ha planteado la necesidad de preservar condiciones especiales para el arroz dominicano.
Héctor Acosta, secretario de Asuntos Agropecuarios de esa organización, ha señalado las diferencias estructurales existentes entre productores estadounidenses y dominicanos, particularmente en extensión territorial, tecnología, mecanización, infraestructura y acceso al financiamiento.
La organización plantea que República Dominicana procure mediante negociación un tratamiento diferenciado que permita preservar una actividad de amplio impacto económico y social, especialmente entre pequeños y medianos productores.
Frente Amplio: no es solamente una discusión arancelaria
El Frente Amplio ha colocado el énfasis en las implicaciones económicas y alimentarias de una eventual derogación del Decreto 693-24.
Su presidenta, María Teresa Cabrera, advirtió que el debate no puede reducirse al componente arancelario, debido a que alrededor del arroz funciona una estructura productiva que genera empleos, moviliza las economías rurales y contribuye a mantener capacidad nacional para producir alimentos.
La organización sostiene que sustituir producción dominicana por importaciones también supondría transferir hacia el exterior una parte del valor agregado, los ingresos y los empleos actualmente generados dentro del país.
El Frente Amplio plantea mantener la protección mientras se desarrolla una política integral de modernización y mecanización, investigación de nuevas variedades, reducción de costos, incremento de rendimientos, uso eficiente del agua, financiamiento, almacenamiento, infraestructura y fortalecimiento tecnológico.
Una posición diferente desde el PLD
El debate no presenta, sin embargo, una posición uniforme entre los sectores opositores.
Carlos Segura Foster, exadministrador del Banco Agrícola y dirigente del Partido de la Liberación Dominicana (PLD), ha cuestionado el Decreto 693-24 y sostiene que República Dominicana debe afrontar los compromisos comerciales asumidos mediante el DR-CAFTA.
Su posición introduce una perspectiva diferente dentro de la controversia, considera que los problemas estructurales de pequeños y medianos productores no se solucionan únicamente mediante protección arancelaria.
Gobierno bajo presión para preservar el sector
El Gobierno dominicano ha reiterado su interés en proteger la producción nacional mientras mantiene conversaciones con Estados Unidos.
El presidente Luis Abinader ha informado que su administración negocia alrededor del tema, mientras el Ministerio de Agricultura ha defendido las medidas dirigidas a garantizar la producción y disponibilidad del cereal.
La controversia coloca así en primer plano una cuestión que trasciende el comercio exterior, hasta dónde puede avanzar la apertura comercial sin comprometer una actividad agrícola de fuerte incidencia económica y social en amplias zonas rurales del país.
Productores, profesionales agropecuarios y organizaciones políticas coinciden, aunque con diferencias importantes en sus argumentos, en que el futuro del arroz dominicano no puede descansar exclusivamente en una protección arancelaria. El sector enfrenta el desafío de elevar productividad, reducir costos, incorporar tecnología, mejorar infraestructura y fortalecer el financiamiento.
La discusión sobre el Decreto 693-24 termina siendo, por tanto, una discusión más amplia sobre qué política agrícola necesita República Dominicana para preservar su capacidad productiva y reducir su vulnerabilidad alimentaria frente a los mercados externos.
