Por: Bautista López García | Vértice Crítico.
La formulación de un plan de política criminal para la sociedad dominicana es tarea fundamental del Estado y un compromiso irrenunciable con la protección de la vida, la integridad, el patrimonio, la dignidad y los derechos de la población. La Constitución confía esa tarea, en primer lugar, al Ministerio Público, al que su artículo 169 define como el órgano responsable de formular e implementar la política del Estado contra la criminalidad, pero su ejecución compromete también a la Policía Nacional, a los tribunales, a la defensa pública, al sistema penitenciario y a las instituciones encargadas de las políticas sociales.
Enfrentar la delincuencia no puede reducirse a desplegar operativos policiales, multiplicar las detenciones o endurecer las penas. Exige una estrategia nacional capaz de prevenir el delito, conocer sus causas y manifestaciones, perseguir a sus autores, garantizar justicia a las víctimas y actuar sobre los factores que favorecen su reproducción.
Una política criminal responsable parte de una premisa esencial: no toda delincuencia obedece a las mismas causas ni admite la misma respuesta. Las conductas delictivas difieren en sus motivaciones, circunstancias, grado de organización e impacto social. Por ello, el Estado debe diseñar intervenciones diferenciadas, sustentadas en evidencias, ajustadas al marco constitucional y legal, y orientadas tanto a la prevención como a la persecución eficaz de los delitos.
Cada vez que un crimen sacude a la opinión pública, la respuesta oficial suele seguir el mismo libreto: más patrullas, más operativos, más detenidos y, si el ruido persiste, la promesa de penas más severas. El libreto tranquiliza por unos días. Lo que rara vez hace es responder la pregunta que de verdad importa: ¿estamos más seguros?
La política criminal no es solo un instrumento para controlar y castigar el delito. Es una de las formas más concretas en que el Estado demuestra si se toma en serio la vida, la dignidad y los derechos de la gente. Y en la República Dominicana esa responsabilidad tiene titular: la Constitución dominicana, proclamada el 27 de octubre de 2024, encarga al Ministerio Público formular e implementar la política del Estado contra la criminalidad. No hablamos, entonces, de una aspiración académica, sino de un deber con responsable y con resultados exigibles.
El primer error que conviene abandonar es creer que todo delito nace de la misma raíz. El atraco en una esquina, el homicidio que estalla en un conflicto entre vecinos, la violencia que una mujer sufre dentro de su casa, la red que lava el dinero del narcotráfico y el funcionario que desvía fondos públicos no responden a las mismas causas ni pueden enfrentarse con la misma receta. Combatirlos exige conocimiento, planificación y diagnóstico. Sin eso, el Estado malgasta recursos, improvisa y, con demasiada frecuencia, atropella derechos.
El segundo error es medir el éxito por la cantidad de personas detenidas. Un arresto no es un resultado; en el mejor de los casos, es el inicio de un proceso. Si se detiene a quien ejecuta, pero no a quien organiza y financia, la estructura simplemente reemplaza a su integrante. Si la cárcel devuelve a la calle a alguien más violento que cuando entró, el sistema fabrica la reincidencia que dice combatir. La Constitución, en su artículo 40, numeral 16, no deja margen de duda: las penas privativas de libertad deben orientarse a la reeducación y la reinserción social. Cumplir ese mandato no es blandura; es eficacia.
El tercer error, quizás el más injusto, es confundir pobreza con delincuencia. La inmensa mayoría de quienes viven en condiciones difíciles no delinque. Y algunos de los daños más graves que sufre este país se cometen desde despachos con aire acondicionado, mediante contratos amañados, sobornos y empresas de fachada. Con un nuevo Código Penal que permite perseguir penalmente a las personas jurídicas, ya no queda excusa normativa para que la persecución se concentre en los barrios y se detenga en las puertas del poder. Una justicia que solo alcanza a los débiles no es justicia; es control social con toga.
Nada de esto significa justificar el delito. Quien delinque debe responder ante la ley, con todas las garantías del debido proceso, pero debe responder. Reconocer los factores sociales no exime a nadie de su responsabilidad individual, del mismo modo que exigir esa responsabilidad no exime al Estado de su deber de prevenir. Son obligaciones complementarias, no excluyentes.
La prevención, por cierto, no es un lujo que se atiende cuando sobra presupuesto. Llevar escuelas, empleo, formación técnica, espacios públicos dignos y protección a la niñez a las comunidades donde los diagnósticos identifican riesgos es actuar antes de que haya víctimas. Y casi siempre resulta más barato que cualquier operativo.
Hay una exigencia que suele quedar fuera del debate: la autoridad también debe responder. Los abusos policiales, el uso ilegítimo de la fuerza y las omisiones institucionales tienen que investigarse con la misma firmeza que cualquier otro delito. Un Estado que somete a sus propios agentes a la ley no se debilita; se legitima. Y un Estado legítimo obtiene algo que ningún operativo puede comprar: la confianza de la gente para denunciar, testificar y cooperar.
El desafío dominicano, en suma, consiste en construir una política criminal capaz de enfrentar el delito sin criminalizar la pobreza, perseguir la corrupción sin privilegios, proteger a las víctimas sin tolerar abusos y promover la reinserción sin desconocer la responsabilidad penal. Una política con objetivos verificables, presupuesto conocido y resultados públicos, que se evalúe por la reducción de los homicidios, la victimización, la reincidencia y la impunidad, y no por la cantidad de fotos de detenidos que circulan en las redes.
La seguridad no es solo la ausencia de delitos. Es vivir en un país donde la ley se aplica con igualdad, la autoridad actúa con límites y la prevención es una prioridad permanente. Eso no se logra con mano dura ni con mano blanda. Se logra con mano firme, inteligente y sometida a la ley.
