Provincia Duarte ante la desgravación arancelaria del arroz: riesgos para la producción nacional
Por Víctor de la Cruz Amparo | Vértice Crítico
La provincia Duarte, cuyo municipio cabecera es San Francisco de Macorís, principal productora de arroz de la República Dominicana, enfrenta los impactos inmediatos, directos y más evidentes de la desgravación arancelaria aplicada al cereal procedente de Estados Unidos, conforme a lo establecido en el Tratado de Libre Comercio entre República Dominicana, Centroamérica y Estados Unidos (DR-CAFTA).
Esta provincia, situada en la región Nordeste, posee una extensión territorial de 1,649.5 kilómetros cuadrados, equivalente al 3.4 % del territorio nacional. Ocupa el decimotercer lugar en superficie entre las provincias dominicanas y aporta el 29.5 % de la producción arrocera del país.
Conocida como parte fundamental del granero nacional, la provincia Duarte concentra importantes zonas de producción de arroz en Arenoso, Villa Riva, Pimentel y las áreas rurales del Bajo Yuna y San Francisco de Macorís.
Estos territorios agrícolas enfrentan las consecuencias de la desgravación contemplada en el DR-CAFTA, cuyos efectos podrían extenderse a toda la región Norte o Cibao, responsable de aproximadamente el 91.56 % de una producción nacional que abastece más del 95 % de la demanda interna de arroz.
Esta realidad confirma el carácter estratégico del cereal para la alimentación, la economía rural y la seguridad nacional.
La importancia de la producción arrocera
Después de Duarte, las provincias con mayor participación en la producción nacional de arroz son Montecristi, con el 17.5 %; La Vega, con el 14.2 %; y Sánchez Ramírez, con el 9.4 %.
Les siguen María Trinidad Sánchez, con el 8.7 %; Valverde, con el 6.62 %; Samaná, con el 2.51 %; Monseñor Nouel, con el 2.18 %; y Santiago, con el 0.90 %.
Otras zonas geográficas también contribuyen a esta actividad económica, aunque en menor proporción. Entre ellas destaca San Juan, tradicionalmente conocida como el granero del Sur, con una participación del 4.98 %; la región Este, con el 2.28 %; y la región Central, con el 1.18 %.
Desde la aprobación del DR-CAFTA por el Congreso de Estados Unidos en 2005, la producción dominicana de arroz blanco ha experimentado un crecimiento significativo, pasando de aproximadamente 9.2 millones de quintales a cerca de 14.8 millones en 2025.
Asimismo, la productividad alcanzó los 5,477 kilogramos de arroz paddy, o arroz con cáscara, por hectárea durante 2025.
Estos resultados evidencian la capacidad productiva desarrollada por el sector arrocero dominicano, pese a las limitaciones estructurales que históricamente han afectado la actividad agropecuaria nacional.
Miles de productores y empleos amenazados
Solo en la provincia Duarte, según estadísticas oficiales, existen aproximadamente 4,400 productores o fincas arroceras, con más de 220,000 tareas cultivadas. Esta cantidad representa una proporción significativa de los aproximadamente 32,000 productores y productoras registrados en todo el territorio nacional.
En nuestro análisis estimamos que alrededor de 250,000 empleos directos e indirectos dependen de la producción arrocera dominicana. Por su parte, la Confederación Nacional de Productores Agropecuarios (Confenagro) ha ofrecido estimaciones superiores a los 300,000 empleos.
Estas cifras permiten comprender que el arroz no constituye únicamente un producto agrícola destinado al consumo. Representa también una estructura económica y social de la cual dependen miles de familias, comunidades rurales y actividades productivas vinculadas a su cadena de valor.
La producción arrocera genera efectos multiplicadores sobre el transporte, el comercio, los servicios, la industria de procesamiento y otras actividades económicas que sostienen la vida cotidiana de numerosas comunidades.
Por tanto, cualquier transformación que comprometa su sostenibilidad tendrá consecuencias que trascienden los límites de las fincas y los campos de cultivo.
Arroz, pobreza rural y seguridad alimentaria
El arroz constituye uno de los principales soportes de la seguridad alimentaria dominicana y un componente esencial de la economía rural.
Su importancia se manifiesta en la generación de empleos, el sostenimiento de las comunidades agrícolas, la reducción de la pobreza y su contribución al desarrollo económico y social.
El consumo anual per cápita alcanza aproximadamente las 127 libras, lo que demuestra su presencia fundamental en la dieta de la población dominicana.
En este contexto, la producción nacional adquiere una dimensión estratégica que no puede evaluarse exclusivamente mediante criterios comerciales o de precios internacionales.
A escala mundial, alrededor del 80 % de las personas que viven en pobreza extrema se concentra en zonas rurales, donde la incidencia de la pobreza puede llegar a cuadruplicar la registrada en las áreas urbanas.
Estas comunidades suelen enfrentar mayores niveles de informalidad laboral, ingresos reducidos, limitada protección social y deficiencias en servicios esenciales, como educación, salud, agua potable, energía eléctrica y caminos vecinales.
En consecuencia, proteger la sostenibilidad de las actividades agrícolas constituye también una forma de preservar empleos, ingresos familiares y oportunidades de desarrollo.
La producción de arroz, por su capacidad de articulación económica y social, desempeña un papel fundamental en este propósito.
El peso económico de la provincia Duarte
El sector arrocero de la provincia Duarte moviliza aproximadamente RD$14,750 millones anuales, de los cerca de RD$50,000 millones que aporta la producción nacional de arroz a la economía dominicana, distribuida en unas 21 provincias.
Esta participación confirma el peso económico de Duarte y explica por qué cualquier alteración significativa de las condiciones de competencia puede provocar efectos especialmente sensibles en su estructura productiva.
Dentro de la cultura alimentaria dominicana, el arroz ocupa un lugar central. Su consumo presenta una demanda relativamente inelástica respecto al precio, lo que significa que las variaciones de precios producen cambios proporcionalmente menores en las cantidades demandadas.
Esta característica refuerza su importancia como alimento básico y obliga a considerar las implicaciones económicas y sociales de una creciente dependencia de las importaciones.
El DR-CAFTA y la competencia desigual
La liberalización arancelaria prevista en el DR-CAFTA, cuyo cronograma de desgravación para el arroz culminó el 1 de enero de 2025, establece condiciones para la entrada del cereal estadounidense al mercado dominicano con aranceles reducidos hasta alcanzar el 0 %.
Este proceso coloca a los productores nacionales frente a una competencia directa con agricultores estadounidenses que operan bajo condiciones productivas diferentes y cuentan con mecanismos de apoyo y subsidios gubernamentales.
La desigualdad en las condiciones de competencia constituye uno de los principales desafíos para la sostenibilidad del sector arrocero dominicano.
No se trata únicamente de comparar precios de mercado. Es necesario considerar las diferencias tecnológicas, financieras, productivas y de respaldo estatal existentes entre ambos países.
La apertura comercial, cuando se desarrolla entre estructuras económicas profundamente desiguales, puede generar consecuencias adversas para los sectores nacionales que carecen de condiciones equivalentes para competir.
En el caso del arroz dominicano, estas consecuencias podrían traducirse en una reducción de la producción local, pérdida de empleos, debilitamiento de las comunidades agrícolas y mayor dependencia del abastecimiento externo.
El riesgo de sustituir productores por importadores
Uno de los mayores peligros de este proceso consiste en que los grandes agentes económicos vinculados al sector arrocero encuentren mayores incentivos para importar el cereal que para mantener o ampliar la producción nacional.
De producirse esta transformación, los pequeños y medianos agricultores serían los más perjudicados, debido a sus limitaciones de capital, financiamiento, tecnología y capacidad para enfrentar la competencia internacional.
La desaparición progresiva de unidades productivas no significaría solamente una reducción de la oferta local. También implicaría la pérdida de conocimientos agrícolas, tradiciones productivas y capacidades económicas acumuladas durante generaciones.
Una vez desarticulada una estructura de producción, su recuperación puede resultar considerablemente más difícil y costosa.
Por ello, convertir a los productores nacionales en simples importadores representaría un retroceso para la autonomía productiva y la seguridad alimentaria de la República Dominicana.
La defensa de la producción nacional
La provincia Duarte constituye uno de los territorios donde podrían manifestarse con mayor intensidad los efectos negativos de la desgravación arancelaria del arroz.
Su elevada participación en la producción nacional, la cantidad de agricultores involucrados y la dependencia económica de numerosas comunidades convierten esta situación en un asunto de especial importancia.
La discusión sobre el futuro del arroz dominicano no debe limitarse a las ventajas comerciales de importar un producto a menor precio. Debe incorporar los costos económicos y sociales que implicaría debilitar una actividad productiva estratégica.
La seguridad alimentaria, el empleo rural, la estabilidad de las comunidades agrícolas y la preservación de las capacidades productivas nacionales son elementos que deben formar parte de cualquier evaluación responsable.
La República Dominicana necesita políticas que permitan fortalecer la competitividad de sus productores, mejorar la productividad, ampliar el acceso al financiamiento y establecer condiciones que favorezcan la permanencia de la actividad arrocera.
Defender la producción nacional de arroz no significa rechazar el comercio internacional. Significa reconocer que la seguridad alimentaria y la sostenibilidad de nuestras comunidades rurales no pueden quedar subordinadas exclusivamente a las condiciones del mercado externo.
El desafío consiste en evitar que la apertura comercial termine debilitando uno de los sectores agrícolas más importantes de la economía dominicana, cuyo impacto ya comienza a sentirse especialmente en la provincia Duarte y en toda la región Nordeste.
Sobre el autor
Víctor de la Cruz Amparo es profesor adjunto de la Escuela de Economía de la Universidad Autónoma de Santo Domingo (UASD), egresado de la Maestría en Defensa y Seguridad Nacional y candidato a la Coordinación de la Cátedra de Economía Dominicana y Especializada de la Facultad de Ciencias Económicas y Sociales.
