La gestión del mayor general Andrés Modesto Cruz Cruz arranca con tres civiles abatidos en presuntos “intercambios de disparos”, reavivando dudas sobre el uso de la fuerza y la rendición de cuentas en la Policía Nacional.
Por Luís Rodríguez.
En su primera semana al frente de la Policía Nacional, el mayor general Andrés Modesto Cruz Cruz enfrenta un indicador fatal: tres civiles muertos en operativos que la institución describe bajo la fórmula familiar de “intercambio de disparos”. La cifra, más allá de su magnitud, vuelve a colocar en el centro del debate el estándar de proporcionalidad y control del uso letal de la fuerza en República Dominicana.
El caso más reciente ocurrió en Santo Domingo Este. La Policía identificó al fallecido como Johan Manuel Familia, alias “Sin Luz”, quien (según el comunicado oficial), abrió fuego contra agentes de la División de Investigaciones Criminales (Dicrim) en el sector Invivienda, cuando estos intentaban ejecutar una orden de arresto por homicidio y otros delitos. La institución afirma que los agentes “se vieron en la obligación de repeler la agresión”. Familia murió horas después en el Hospital Doctor Darío Contreras.
Tres días antes, en la provincia de Azua, otros dos hombres (Yamal Anthony Núñez Vargas y un individuo apodado “Julio 30-30” o “Julio Voltio”), fallecieron en un operativo en la playa Los Negros. Según el reporte oficial, ambos eran buscados por la muerte de una joven de 22 años y enfrentaron a tiros a una patrulla cuando presuntamente intentaban abandonar el país.
En los tres episodios, la narrativa institucional es casi idéntica: identificación del sospechoso, apertura de fuego contra la patrulla y reacción proporcional de los agentes. La reiteración del patrón, sin embargo, plantea preguntas que trascienden la coyuntura. ¿Existen protocolos independientes de verificación balística y forense en cada caso? ¿Se publicarán los resultados de las investigaciones internas? ¿Interviene el Ministerio Público de manera autónoma desde el primer momento?
La nueva dirección policial ha heredado una institución que arrastra décadas de desconfianza ciudadana y que atraviesa un proceso de reforma estructural. En ese contexto, cada muerte bajo custodia o en supuesto enfrentamiento no es solo un parte policial más: es una prueba temprana sobre la voluntad real de transparentar actuaciones y redefinir la cultura operativa.
República Dominicana, como la mayoría de las democracias en desarrollo, enfrenta el dilema clásico entre seguridad y derechos civiles. Cuando la violencia criminal presiona, la tentación de normalizar el uso letal de la fuerza puede crecer. Pero la legitimidad institucional no se construye sobre comunicados repetidos, sino sobre evidencia verificable, controles externos robustos y estadísticas comparables.
La primera semana del nuevo jefe policial deja, más que certezas, un desafío: demostrar que la doctrina del “intercambio de disparos” no es una coartada automática, sino el último recurso en operaciones sometidas a escrutinio riguroso. En la balanza entre orden público y Estado de derecho, la credibilidad institucional pesa tanto como la eficacia operativa.
