Entre subsidios opacos y privilegios legales, el costo real recae sobre una ciudadanía que paga más por un sistema diseñado para otros.
Por José Espinal.
Santo Domingo. El Gobierno aumenta RD$10 por galón a gasolinas y gasoil mientras exhibe un subsidio millonario como gesto de contención. Pero, fuera del discurso oficial, otra realidad se impone, la de un sistema energético atravesado por privilegios, opacidad y transferencias regresivas que, según sectores del transporte, benefician más a las élites que a los ciudadanos.
El Gobierno dominicano decidió aumentar en RD$10 por galón las gasolinas y el gasoil, mientras despliega (casi como escudo discursivo), un subsidio de RD$1,702.2 millones para la semana del 21 al 27 de marzo. Una ecuación política que trasladar parte del golpe al consumidor, sin admitir del todo el costo social de la decisión.
Precios que hablan
Los números, lejos de ser neutros, plantean preocupación:
- Gasolina Premium: RD$305.10
- Gasolina Regular: RD$287.50
- Gasoil Regular: RD$239.80
- Gasoil Óptimo: RD$257.10
- GLP: RD$137.20 (sin variación)
Con una tasa de cambio de RD$61.18 por dólar, el país navega entre la dependencia externa y la presión interna.
Subsidios para unos, ajustes para otros
Mientras el Estado anuncia RD$1,702.2 millones para amortiguar el alza semanal, el presidente de la Federación Nacional de Transporte la Nueva Opción (Fenatrano), Juan Hubieres, introduce una cifra alarmante: unos RD$60 mil millones anuales en subsidios legales al combustible que (afirma), terminan favoreciendo a grandes grupos empresariales.
La contradicción es evidente. Por un lado, se justifican aumentos al consumidor en nombre de la sostenibilidad fiscal; por otro, se mantienen esquemas de exenciones y transferencias que erosionan esa misma sostenibilidad. Un sistema donde el ajuste recae hacia abajo y el beneficio se concentra hacia arriba.
La economía del engaño
Hubieres no se limita a los subsidios. Denuncia, además, un deterioro en la calidad de los combustibles: gasolinas “premium” que no cumplen con el octanaje prometido, GLP por debajo de los estándares y un mercado donde (según sostiene), el consumidor paga más por menos.
Si estas afirmaciones son ciertas, el problema deja de ser únicamente económico y pasa a ser regulatorio. La pregunta ya no es solo cuánto se paga, sino qué se está comprando realmente y quién fiscaliza ese intercambio.
Marco legal o arquitectura de privilegios
El señalamiento más incisivo apunta al andamiaje normativo. Resoluciones, leyes y decretos (dice Hubieres), han sido diseñados para sostener un esquema de sobrecostos y beneficios cruzados entre autoridades y empresarios.
En este contexto, el subsidio estatal deja de ser una herramienta de política pública y se convierte en una pieza más dentro de un engranaje que redistribuye recursos de manera desigual, bajo cobertura legal.
Electricidad: la otra fuga
La crítica se amplía al sector eléctrico. Según los datos citados, el Estado dominicano habría destinado en 2024 unos US$1,789 millones a generadores eléctricos, en un sistema que sigue produciendo apagones y tarifas elevadas.
La paradoja es estructural: altos niveles de subsidio público coexisten con un servicio deficiente. La eficiencia no mejora, pero el costo fiscal sí aumenta.
Política energética o pacto de poder
El aumento de RD$10 por galón, en este contexto, deja de ser una medida aislada. Se inscribe en un modelo donde el Estado actúa simultáneamente como recaudador, subsidiador y garante de intereses que no siempre coinciden con el bienestar general.
El equilibrio que el Gobierno intenta sostener (entre estabilidad fiscal y presión social), parece depender menos de una estrategia energética integral y más de la administración de crisis acumuladas.
La cuestión de fondo no es el precio semanal de los combustibles. Es quién diseña las reglas, quién se beneficia de ellas y quién termina pagando la factura.
