“Hay mis cuartos”: cuando el muelle se convierte en cajero automático sin recibo".
Por José Espinal y Luís Rodríguez.
Durante décadas, los puertos dominicanos han sido descritos como nodos estratégicos del comercio y la soberanía logística del país. Hoy, sin embargo, se han convertido en metáfora de otra cosa: la fragilidad de los mecanismos de control del Estado. La auditoría especial de la Cámara de Cuentas de la República Dominicana sobre la Autoridad Portuaria Dominicana (APORDOM), en un informe de 456 páginas que examina el periodo 2016-2021, no solo enumera 40 irregularidades; describe un patrón de administración laxa, controles internos deficientes y una preocupante normalización de la discrecionalidad.
En el centro de los hallazgos está la gestión del exdirector ejecutivo Víctor Gómez Casanova, quien dirigió la entidad entre septiembre de 2016 y agosto de 2020, además del periodo previo bajo Mayobanex Escoto. En donde emergen "errores", como parte de una estructura administrativa que parecía operar con márgenes de tolerancia extraordinarios frente a la normativa presupuestaria y tributaria vigente.
Asesores sin rastro y nóminas opacas:
Uno de los hallazgos más ilustrativos es el pago de RD$51 millones a 42 asesores sin evidencia documental sobre los procedimientos de selección. En cualquier administración pública moderna, la ausencia de expedientes técnicos, términos de referencia o informes de resultados equivaldría a una alarma institucional. En este caso, la alarma llegó años después, vía auditoría.
A ello se suma la inclusión de 178 empleados en nóminas de otras entidades estatales, generando erogaciones superiores a RD$50 millones. La práctica, conocida en círculos administrativos como “doble nómina cruzada”, erosiona la integridad presupuestaria y crea zonas grises donde la responsabilidad se diluye.
La auditoría también identificó nóminas electrónicas por casi RD$292 millones no registradas en el sistema contable, sueldos retirados por terceros sin autorización, errores en el cálculo de la Regalía Pascual y retenciones de ISR no pagadas. El patrón es inequívoco: debilidad estructural en la gobernanza financiera.
Tarjetas corporativas: entre representación y consumo personal:
El capítulo más visible del informe es el uso de tarjetas corporativas para “gastos de representación”. Entre 2016 y 2020 se registraron consumos por más de RD$10 millones y US$153,806 sin facturas ni comprobantes, vulnerando disposiciones fiscales que exigen comprobantes con Número de Comprobante Fiscal Gubernamental.
Las transacciones incluyeron hoteles, restaurantes y combustibles, pero también plataformas de entretenimiento digital, tiendas en línea y hasta cruceros turísticos. Las diferencias detectadas entre estados bancarios y reportes de tarjetas ascendieron a RD$2.6 millones.
Gómez Casanova ha sostenido que los registros detallados reposan en el Banco de Reservas y que los gastos respondían a viajes oficiales sin viáticos para los acompañantes. Escoto, por su parte, argumentó que el tema ya había sido revisado en auditorías previas. Sin embargo, la ausencia de soportes en los archivos de la institución, confirmada por la dirección financiera, mantiene la observación viva.
La cuestión no es solo contable. Es cultural. En muchas administraciones públicas latinoamericanas, el gasto de representación se convierte en una extensión difusa de la prerrogativa del cargo. El problema no radica únicamente en el monto, sino en la elasticidad con que se interpreta el concepto de “representación”.
Compras fragmentadas y planificación inexistente:
Las anomalías en compras y contrataciones (adquisiciones fuera del Plan Anual, fraccionamiento de procesos, facturación superior al monto contratado, proveedores vinculados), delinean un ecosistema donde la planificación formal parecía secundaria.
El fraccionamiento de compras por casi RD$27 millones sugiere un mecanismo para eludir procesos competitivos. La contratación de publicidad a través de intermediarios, aunque de menor cuantía, apunta al uso instrumental del gasto comunicacional, tradicionalmente uno de los renglones más opacos de la administración pública regional.
El contexto político: del muelle al expediente penal
El nombre de Gómez Casanova aparece además en el expediente del Caso Antipulpo, vinculado a operaciones comerciales relacionadas con el desembarco de mercancía en el puerto de Andrés, Boca Chica. El Ministerio Público sostiene que, en 2016, se facilitó un contrato de arrendamiento para un espacio portuario tras gestiones vinculadas a empresarios y actores políticos.
Más allá de la presunción de inocencia que ampara a los implicados, la conexión entre gestión administrativa y entramado político-empresarial refuerza la idea de que los puertos no son solo infraestructuras físicas, sino nodos de influencia económica.
La pregunta:
La pregunta relevante no es cuánto se gastó sin comprobantes, sino por qué el sistema permitió durante años que la contabilidad funcionara sin trazabilidad robusta.
Los puertos son puertas. No solo al comercio, sino a la confianza pública. Cuando esa confianza se erosiona, el costo institucional supera cualquier cifra consignada en una auditoría.
Para Vértice Crítico, el caso Apordom no concluye con la enumeración de 40 irregularidades. Empieza ahí.
