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Presiones y denuncias por abusos policiales reavivan debate sobre libertad de prensa y derechos ciudadanos en República Dominicana

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Por la redacción.

Agente policial, sobó una arma de fuego
Agente policial, sobó una arma de fuego

Santo Domingo. Un incidente reciente que involucran a periodistas y ciudadanos ha vuelto a poner bajo escrutinio la actuación de las fuerzas de seguridad en la República Dominicana, alimentando un

debate sobre los límites de la autoridad policial y la protección de la libertad de prensa.

Las denuncias (que incluyen agresiones a reporteros durante coberturas noticiosas y restricciones al ejercicio periodístico), han provocado reacciones de gremios profesionales y organizaciones de prensa que reclaman investigaciones y mayor formación institucional para los agentes.

El caso más reciente ocurrió en el sector Alma Rosa I, en Santo Domingo Este, donde periodistas que cubrían el arresto de una cuidadora acusada de presunto maltrato infantil fueron agredidos en medio de un tenso operativo policial. El incidente se produjo frente a la guardería “Little Steps (Mi Segundo Hogar)”, donde una profesora es señalada de haber obligado a una niña de dos años a ingerir su propio vómito, según denuncias difundidas por familiares.

De acuerdo con el Colegio Dominicano de Periodistas (CDP), seccional Distrito Nacional, la situación escaló cuando familiares de la docente agredieron a reporteros presentes en el lugar. Posteriormente, agentes policiales intervinieron utilizando bombas lacrimógenas para dispersar el tumulto. El gremio afirmó que durante el operativo un agente llegó a rastrillar su arma de fuego frente a periodistas y camarógrafos.

Entre las personas afectadas figuran las reporteras Ana Laura López, del medio digital De Último Minuto, y Jéssica Hernández, de Red Nacional de Noticias, quienes (según el CDP), fueron golpeadas y ultrajadas durante el incidente.

Un video que circula en redes sociales muestra al agente sujetando al periodista por un brazo y amenazándolo con esposarlo si no abandonaba el recinto de votación. El Colegio Dominicano de Periodistas calificó el hecho como un “grave atentado contra la libertad de prensa” y exigió una investigación formal, además de mayor capacitación para los miembros de la Policía Electoral encargados de garantizar la seguridad durante los comicios.

El Colegio Dominicano de Periodistas advirtió que se mantendrá vigilante ante cualquier intento de limitar el derecho a la información y reiteró su compromiso de defender a los trabajadores de la prensa frente a actos de intimidación o violencia.

Mientras tanto, el episodio ha reavivado el debate sobre la necesidad de fortalecer los protocolos de actuación policial y garantizar que las fuerzas de seguridad operen dentro de los límites establecidos por la ley y los principios democráticos.

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