El Gobierno busca fortalecer la rendición de cuentas en la gestión de recursos naturales, incorporando a la sociedad civil y la academia en la supervisión de políticas públicas
SANTO DOMINGO. El presidente Luis Abinader juramentó ayer lunes el comité gestor de un nuevo observatorio ambiental independiente, una iniciativa que marca un paso estratégico en los esfuerzos del Gobierno por reforzar la transparencia y la supervisión institucional en la gestión de los recursos naturales.
El Observatorio de Políticas Ambientales y Áreas Protegidas, creado mediante el Decreto 105-26, operará como un mecanismo de vigilancia externa sobre las actuaciones del Ministerio de Medio Ambiente y otras entidades estatales vinculadas al sector. Su enfoque estará centrado en la protección, conservación y uso sostenible de los recursos naturales, con especial atención a las áreas protegidas.
El comité, integrado por organizaciones ambientales, entidades académicas y representantes de la sociedad civil, dispone de un plazo de 45 días para formalizar su estructura jurídica como organización sin fines de lucro, definir sus estatutos y establecer un modelo de sostenibilidad financiera. Posteriormente, contará con 15 días adicionales para gestionar los recursos técnicos y económicos necesarios para iniciar operaciones.
Entre los participantes figuran la Academia de Ciencias de la República Dominicana, el Grupo Jaragua, Acción Verde y diversas instituciones vinculadas al ámbito ambiental y universitario. La inclusión de un representante gubernamental dentro del esquema apunta a un modelo híbrido que busca articular independencia con coordinación institucional.
Uno de los pilares del observatorio será la producción de información ambiental de acceso público, una disposición que podría aumentar la presión sobre los organismos estatales y facilitar una mayor participación ciudadana en la vigilancia de las políticas públicas.
“El desafío está en garantizar una supervisión efectiva sin comprometer la autonomía del mecanismo”, señaló el ambientalista Luis Carvajal, quien considera la iniciativa como una respuesta a debilidades históricas en la aplicación de normativas ambientales.
El lanzamiento del observatorio coincide con una agenda más amplia del Gobierno orientada a fortalecer los sistemas de control institucional. En paralelo, el mandatario participó en un foro internacional organizado por la Cámara de Cuentas, donde expertos regionales abordaron estrategias para modernizar las entidades fiscalizadoras superiores.
Emma Polanco, presidenta de la Cámara de Cuentas, destacó la importancia de estos espacios para intercambiar buenas prácticas en materia de gobernanza y control del gasto público, en un contexto regional que demanda mayores niveles de transparencia.
Aunque el impacto del observatorio dependerá de su capacidad para operar con independencia real y acceso efectivo a la información estatal, la iniciativa representa una apuesta del Ejecutivo por reforzar la credibilidad de la política ambiental en un entorno donde la confianza pública sigue siendo un activo en disputa.
