Aprobado hace años bajo presupuesto participativo, el paso sobre la cañada San Miguel nunca se construyó; vecinos denuncian riesgos, inundaciones y silencio institucional.
Por José Espinal.
SANTO DOMINGO. En Palma Real, un barrio del Distrito Nacional, la infraestructura prometida existe solo en actas. El puente que debía conectar la comunidad con Los Girasoles (y que fue aprobado hace años mediante el mecanismo de presupuesto participativo de la Alcaldía del Distrito Nacional durante la gestión de Roberto Salcedo), nunca pasó del papel al terreno. Mientras tanto, niños en uniforme escolar, adultos mayores y trabajadores cruzan a diario por una estructura improvisada: una viga metálica sin protecciones que funge de paso sobre la cañada San Miguel.
El caso encapsula un patrón familiar en la gestión urbana dominicana: proyectos anunciados con entusiasmo cívico que se diluyen en el tránsito de las administraciones. “En la avenida invierten para que se vea, pero al barrio no entran”, resume un dirigente comunitario. La crítica no es solo estética; es distributiva. Los vecinos interpretan la omisión como una muestra de prioridades que privilegian lo visible sobre lo necesario.
La cañada San Miguel, de más de un kilómetro, atraviesa el sector y actúa como frontera física y sanitaria. Con sedimentos acumulados, escombros y obstrucciones en el sistema de alcantarillado, el drenaje es insuficiente. Cuando llueve, el agua rebasa hacia las calles, interrumpe el tránsito y deja tras de sí un entorno propicio para vectores. “Aquí los mosquitos no se aguantan”, dicen residentes que describen la proliferación de larvas en aguas estancadas.
Las gestiones formales tampoco han rendido frutos. Según documentación compartida con el diario digital Vértice Crítico, el 19 de noviembre de 2025 fue depositada una comunicación ante el Departamento de Drenaje Fluvial del Ministerio de Obras Públicas y Comunicaciones (MOPC), detallando las condiciones de la cañada. Los comunitarios afirman no haber recibido respuesta efectiva. También señalan al Ayuntamiento del Distrito Nacional y a la Corporación del Acueducto y Alcantarillado de Santo Domingo (CAASD) como entidades con competencia en la materia.
El resultado es una paradoja urbana: en una ciudad que el gobierno anuncia nuevas inversiones viales, un barrio permanece a la espera de un puente básico. La ausencia de continuidad administrativa (más que la falta de diagnósticos), parece ser el verdadero cuello de botella. Para Palma Real, el puente pendiente además de una obra necesaria; es la medida de una distancia entre promesa y ejecución.
