Quema de neumáticos, calles bloqueadas y cierre masivo del comercio evidencian una protesta sostenida contra la explotación minera en la cordillera Central.
Por José López Gómez. | Vértice crítico.
San Juan de la Maguana,. La provincia vivió una de sus jornadas de mayor tensión social en los últimos años tras una huelga general de 24 horas convocada para rechazar el proyecto minero Romero, cuyo paro concluyó este martes a las 6:00 de la mañana. La protesta, impulsada por el Comité Unido por el Rescate del Agua y la Vida, dejó como saldo la paralización casi total de las actividades económicas, educativas y comerciales.
Desde primeras horas del lunes, manifestantes ocuparon calles estratégicas con marchas, quema de neumáticos y bloqueos, configurando un escenario de resistencia activa en distintos sectores del municipio. Los organizadores aseguran que el respaldo superó el 95 %, reflejado en el cierre generalizado de negocios y la suspensión de labores en centros educativos.
Uno de los principales puntos de concentración se registró en las inmediaciones del recinto de la Universidad Autónoma de Santo Domingo en San Juan, donde docentes, estudiantes y empleados se sumaron a las movilizaciones. En el área se desplegaron unidades de la Policía Nacional, que intentaron restablecer el tránsito sin lograr disolver las protestas.
Las acciones, ampliamente difundidas en redes sociales, reafirman un conflicto social que se arrastra desde 2015 y que ha consolidado un movimiento de defensa territorial frente a la minería metálica. Los sectores movilizados advierten que la explotación en la cordillera Central representa una amenaza directa a las cuencas hidrográficas, en una región donde el agua constituye un recurso estratégico para la agricultura y la vida comunitaria.
La jornada expresa un rechazo estructural a un modelo extractivo que, según denuncian los manifestantes, compromete la sostenibilidad ambiental y desplaza las prioridades del desarrollo local. En ese contexto, la huelga no solo paralizó la provincia, sino que también envió una señal política clara sobre la creciente resistencia social frente a la expansión minera en el país.
Con el cierre del paro, los convocantes anunciaron una nueva fase de lucha que incluirá una acampada permanente, en un intento por sostener la presión social hasta lograr la cancelación definitiva del proyecto Romero.
