Por José López Gómez | Vértice crítico.
San Juan de la Maguana. Una masiva movilización ciudadana volvió a colocar este domingo a la provincia de San Juan en el epicentro del debate ambiental, tras una marcha que congregó a miles de personas en rechazo a la actividad minera en la zona y que culminó con la intervención de fuerzas de represión del Estado en las inmediaciones de la presa de Sabaneta.
Desde tempranas horas, columnas de manifestantes partieron desde distintos puntos, incluyendo el recinto de la UASD en San Juan y el Arco del Triunfo, avanzando en una marcha-caravana que fue sumando participantes a lo largo del trayecto. La concentración tenía como destino el muro de la presa, considerado un punto simbólico en la defensa de los recursos hídricos de la provincia.
La jornada, convocada por organizaciones comunitarias y ambientales, se articuló en torno a una consigna clara: la protección del agua como eje vital para la agricultura, el consumo humano y el equilibrio ecológico del suroeste. Voces locales insistieron en que cualquier iniciativa extractiva representa un riesgo potencial para los sistemas hídricos que sostienen la productividad agrícola de la región.
Sin embargo, el desarrollo de la protesta dio un giro cuando agentes de la Policía Nacional intervinieron para dispersar a los manifestantes que se encontraban en las cercanías de la presa. De acuerdo con reportes desde el lugar, las autoridades emplearon gases lacrimógenos y chorros de agua, lo que provocó momentos de tensión y la desarticulación de la concentración.
Testigos señalaron que la movilización se mantenía en términos pacíficos hasta el momento de la intervención, lo que ha generado cuestionamientos sobre la proporcionalidad del uso de la fuerza. En ese contexto, el senador Félix Bautista calificó la actuación policial como inapropiada, subrayando que se trataba de una manifestación legítima en el marco del derecho ciudadano a la protesta.
El conflicto se enmarca en la oposición al proyecto minero impulsado por GoldQuest Mining, vinculado al denominado Proyecto Romero, cuya viabilidad ha sido objeto de creciente escrutinio por sus posibles impactos ambientales.
La jornada deja al descubierto una fractura latente entre comunidades, autoridades y actores económicos, en un escenario donde la defensa del agua se consolida como bandera central de resistencia social en San Juan.
