Por Luís Rodríguez | Vértice Crítico.
Santo Domingo. El Senado de la República aprobó ayer martes dos nuevos préstamos por un monto total de 600 millones de dólares, una decisión que reavivó el debate sobre el creciente endeudamiento estatal y la escasa rendición de cuentas respecto al destino de recursos obtenidos mediante financiamiento internacional.
Las iniciativas, sometidas por el Poder Ejecutivo, fueron sancionadas en única discusión con 23 votos favorables y cuatro en contra. Los fondos estarán destinados a programas relacionados con la acción climática y el desarrollo de infraestructura hídrica en la zona turística de Punta Cana-Bávaro.
Sin embargo, más allá de los objetivos planteados en los contratos, la discusión volvió a girar en torno a una pregunta recurrente en el escenario político nacional, ¿qué resultados concretos han producido los miles de millones de dólares tomados en préstamo durante los últimos años?
Uno de los financiamientos aprobados corresponde a un acuerdo por 200 millones de dólares con la Corporación Andina de Fomento (CAF), destinado a respaldar políticas de adaptación y resiliencia frente al cambio climático. Según el Gobierno, los recursos servirán para fortalecer la gestión pública ambiental, promover el desarrollo territorial resiliente y avanzar hacia una economía de bajas emisiones de carbono.
El segundo préstamo, por 400 millones de dólares del Banco Interamericano de Desarrollo (BID), financiará un programa integral de agua potable, saneamiento y reúso de aguas en Punta Cana y Bávaro, una de las zonas de mayor crecimiento turístico e inmobiliario del país.
No obstante, la aprobación encontró resistencia en la bancada de la Fuerza del Pueblo, cuyos legisladores cuestionaron la efectividad de los recursos previamente obtenidos bajo argumentos similares.
El senador Eduard Espiritusanto sostuvo que durante la actual administración se han aprobado alrededor de 1,400 millones de dólares para iniciativas vinculadas al cambio climático, sin que exista una evaluación pública que permita verificar el impacto de esas inversiones.
El legislador fue más allá al señalar que el Gobierno acumula compromisos financieros que, según afirmó, superan los 50,000 millones de dólares en nuevos préstamos y emisiones de deuda, una cifra que considera incompatible con los niveles de transparencia exhibidos por la administración pública.
La controversia pone sobre la mesa un tema cada vez más sensible para la sociedad dominicana, mientras las autoridades defienden el endeudamiento como una herramienta para financiar obras estratégicas y sostener políticas públicas, sectores políticos y económicos advierten que el verdadero desafío ya no es conseguir recursos, sino demostrar con claridad dónde están los resultados de cada dólar tomado en nombre del Estado.
En un contexto de crecientes demandas sociales y restricciones fiscales, la discusión parece desplazarse del monto de los préstamos hacia la capacidad institucional para convertir deuda en desarrollo tangible, medible y verificable para la población.
