Fabio Ruiz Rosado propone una nueva ley que incluya a jubilados y trabajadores activos en la indexación salarial y plantea devolver el 25% del ITEBIS para fortalecer la recaudación y elevar el poder adquisitivo ciudadano.
Por José Espinal Marcelo.
SANTO DOMINGO. En la política dominicana, las reformas fiscales suelen formularse en tecnicismos y aprobarse en silencios administrativos. Rara vez desatan épica. Sin embargo, en los pasillos de la Universidad Autónoma de Santo Domingo (UASD) ha comenzado a circular una consigna que combina aritmética tributaria con retórica de movilización: indexación salarial universal y devolución parcial del impuesto al consumo. Su promotor es Fabio Ruiz Rosado, quien propone algo más ambicioso que aplicar la normativa vigente: reescribirla.
La indexación que casi no se siente
El punto de partida es el Código Tributario dominicano, que contempla la indexación de los tramos salariales sujetos al Impuesto Sobre la Renta (ISR) para evitar que la inflación empuje artificialmente a trabajadores de bajos ingresos a escalones impositivos superiores. La disposición, sin embargo, no se ha aplicado desde 2017.
Aun si se activara hoy, argumenta Ruiz Rosado, su impacto sería modesto. Los ejemplos numéricos que exhibe (salarios entre RD$36,000 y RD$50,000 mensuales), muestran aumentos derivados de la indexación que no superan los RD$2,300 mensuales en el rango considerado. Para jubilados y pensionados, la medida es inexistente: al no tributar ISR, no reciben compensación alguna.
Su crítica es doble. Primero, el alcance es limitado: beneficia a una franja específica de asalariados formales. Segundo, la magnitud es insuficiente frente al aumento del costo de vida. En su lectura, se trata de una indexación técnica con efectos políticos mínimos.
Una ley nueva, no un parche
La alternativa que propone rompe con la lógica incremental. En vez de ajustar tramos impositivos, plantea una Ley de Indexación Salarial universal que incluya a trabajadores activos, jubilados y pensionados. No se trataría solo de proteger ingresos frente a la inflación, sino de ampliar el universo de beneficiarios y otorgarles una compensación directa.
El discurso se enmarca menos en la ingeniería fiscal que en la movilización colectiva. Ruiz Rosado exhorta a los gremios universitarios y a la sociedad civil a organizar un “plan de lucha conjunto” para impulsar la propuesta en el Congreso. El lenguaje es sindical; la ambición, redistributiva.
Pero una ley de indexación generalizada plantea interrogantes técnicos inevitables: ¿se financiaría con mayores ingresos tributarios? ¿Con reasignaciones presupuestarias? ¿O con más endeudamiento? Hasta ahora, la propuesta se mueve en el plano normativo y político más que en el presupuestario.
El ITEBIS como mecanismo de doble vía
La segunda pieza del planteamiento es más audaz: reforzar el cobro obligatorio del ITEBIS (el impuesto al valor agregado dominicano) mediante comprobantes fiscales estrictos para reducir la evasión y, simultáneamente, devolver cada año el 25% del total pagado por cada consumidor.
La lógica es tripartita:
- Combatir la evasión empresarial que retiene el impuesto cobrado.
- Aumentar la recaudación efectiva del Estado.
- Reintegrar una parte al ciudadano cumplidor, elevando su poder adquisitivo.
El modelo que cita como referencia es el sistema estadounidense, donde el fisco devuelve parte de los impuestos pagados en función de ingresos y condiciones familiares. No obstante, la comparación es innovadora y diferenciadora: el sistema federal estadounidense opera fundamentalmente sobre la renta personal progresiva, no sobre impuestos indirectos al consumo.
Trasladar esa devolución al terreno del IVA plantea retos logísticos y fiscales complejos: registro individualizado de consumo, interoperabilidad bancaria, riesgo de regresividad si el diseño no es cuidadoso y, sobre todo, el costo fiscal de devolver una cuarta parte del tributo sin erosionar el equilibrio presupuestario.
Entre la campaña y la reivindicación
El tercer eje del discurso es más político que técnico. Ruiz Rosado lamenta que la comunidad universitaria esté más concentrada en las contiendas internas por autoridades que en reformas económicas estructurales. Sugiere que la energía electoral debería complementarse con presión organizada por mejoras materiales tangibles.
El trasfondo es claro: las disputas institucionales no sustituyen la lucha distributiva. En su narrativa, la universidad pública debe ser no solo un foro de debate, sino un actor que impulse reformas económicas de alcance nacional.
¿Viabilidad o voluntarismo?
Desde la óptica de un observador frío, la propuesta combina intuiciones válidas con desafíos sustanciales. La no aplicación de la indexación vigente erosiona credibilidad institucional. La evasión del ITEBIS es un problema real en economías emergentes. Y el deterioro del poder adquisitivo afecta tanto a trabajadores formales como a pensionados.
Sin embargo, universalizar beneficios y devolver el 25% de un impuesto al consumo exige una arquitectura fiscal sofisticada, bases de datos robustas y disciplina presupuestaria. De lo contrario, el remedio podría tensionar las finanzas públicas o desplazar el ajuste hacia otros tributos.
El mérito de la intervención de Fabio Ruiz Rosado no radica únicamente en sus cifras (que muestran los límites de la indexación actual), sino en haber reintroducido una discusión estructural: quién paga, cuánto paga y cuánto recibe el ciudadano a cambio.
En un país donde la política fiscal suele discutirse en clave coyuntural, convertir el debate tributario en bandera social puede resultar disruptivo. La pregunta ahora no es si la consigna moviliza, sino si la aritmética la respalda.
